Atención: Fiscalía adelanta redada en la Alcaldía de Medellín por caso Hidroituango

Unidades de la Fiscalía General de la Nación arribaron a la Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín este jueves 20 de octubre, para buscar material relevante sobre el proyecto de generación de energía de Hidroituango.

Los investigadores indagan por las actas de los consejos de gobierno que se desarrollaron entre los años 2008 y 2011. En ese período se tomaron decisiones relevantes para la ejecución de la obra que pretende entregarle al país el 17 por ciento de la demanda de energía.

Fuentes de la administración distrital confirmaron que la Corte Suprema de Justicia delegó de manera especial a un funcionario de ese ente de acusación para adelantar este proceso que pretende, entre tanto, recoger elementos que ayuden a resolver las dudas que se tienen sobre las decisiones que habrían generado la emergencia en el proyecto en 2018.

Bajo la lupa de las autoridades están las gestiones que se adelantaron en las alcaldías de Sergio Fajardo Valderrama, Fabio Alonso Salazar Jaramillo y Aníbal Gaviria Correa. Los tres también se sentaron en la presidencia de la junta directiva de las Empresas Públicas de Medellín. Además, Fajardo y Gaviria tuvieron la vocería de las acciones mayoritarias.

Los miembros de la Fiscalía requieren con insistencia información documental sobre el período de gobierno que arrancó el primero de enero de 2008 y que concluyó en 2011, cuando Salazar tuvo en las manos las riendas de la ciudad. Él fue imputado por el ente de acusación el pasado nueve de agosto por presuntas irregularidades en la obra.

Por petición de la Corte Suprema de Justicia, próximamente se realizarán nuevas diligencias de inspección en el piso 12 de la Alcaldía de Medellín. Los investigadores escrudiñarán en las oficinas de la Secretaría Privada y en el archivo del distrito, buscando documentos y material que pueda ser utilizado en el proceso judicial.

Cabe recordar que el fiscal Francisco Barbosa anunció en el mes de julio que nueve personas serían vinculadas a un proceso penal, producto de la contingencia que hubo en el megaproyecto de Hidroituango en 2018, en el que la hidroeléctrica estuvo en riesgo, al igual que cientos de familias ubicadas aguas abajo.

Luego de una evaluación de los informes técnicos, el ente de acusación encontró elementos para solicitar audiencias de imputación contra las cabezas visibles que lideraron las iniciativas de contratación y gestión de los permisos para avanzar en las obras de construcción.

En la lista también figuran el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; el exdirector del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, y el exgerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico José Restrepo Posada.

Según los investigadores, ellos deberán responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, dado que, presuntamente, el 30 de marzo de 2011 se habría entregado a dedo el acuerdo para financiar la construcción de la generadora de energía Pescadero-Ituango mediante una negociación directa con EPM.

A juicio de la Fiscalía, “esta actuación habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y diferentes normas”, se lee en el archivo que conoció SEMANA.

Otras dos personas deberán responder por supuestas inconsistencias en la gestión de la licencia ambiental para la construcción del túnel de desviación temporal del río Cauca, ellos son: Jesús Ignacio Echavarría Mejía, apoderado de Hidroituango ante la Anla, y Hernán Sánchez Cruz, profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad del Proyecto Ituango.

Los archivos recopilados por las autoridades judiciales reconocieron que en 2015 inició la edificación del sistema, sin tener la autorización de las autoridades ambientales. Es decir, tenían que modificar el permiso que inicialmente les dieron, pero no lo hicieron, contrario a como se lo exigió el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.