Atención: juez envía a casa por cárcel a la secretaria de Educación de Medellín por escándalo en Buen Comienzo

Con la medida de casa por cárcel fue cobijada la secretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, en el caso de Buen Comienzo, de acuerdo a la solicitud hecha por la Fiscalía General de la Nación. En el caso están involucradas otras dos personas.

Durante la audiencia el juez tomó varias decisiones con relación a los implicados entre las que se destacan la medida de aseguramiento para la secretaria Alexandra Agudelo, quien deberá abandonar el cargo.

En el caso de Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo, también medida de aseguramiento. Para estos dos caso la defensa presenta recurso de apelación.

El otro implicado en el caso es Henry Paulison Gómez, representante legal de la Corporación Colombia Avanza, entidad que se habría beneficiado del contrato. La juez no determinó medida de aseguramiento, por lo que la Fiscalía presenta recurso de apelación.

Las decisiones fueron tomadas por el juez de garantías 39 municipal de Medellín, teniendo en cuenta las presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos para la entrega de paquetes alimentarios.

La juez también estableció que las dos mujeres cobijadas con casa por cárcel deben ser separadas del cargo. La primera como secretaria de educación y la segunda como asesora de la Secretaría de Inclusión Social.

Destaca que en el caso de Henry Gómez, lo deja en libertad, pero vinculado al proceso.

Frente a este tema, SEMANA conoció que en el transcurso de esta semana la secretaria de Educación, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, presentará su renuncia para defenderse en libertad.

Frente a esta decisión, la secretaria aseguró que acata las determinaciones de la justicia. “Con serenidad seguiré defendiendo mi buen nombre y la gestión que con transparencia he realizado en la Secretaría de Educación de Medellín”.

Destacó además que seguirá entregando las declaraciones que sean necesarias para demostrar su actuación dentro de la ley y buscando el bienestar de los niños, niñas y jóvenes de Medellín.

A estas tres personas les imputaron los cargos de peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, celebración de contratos sin requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos.

Son dos contratos que suman 23 mil millones de pesos los que la enredan ante el ente de acusación. Ambas iniciativas tenían el propósito de entregar paquetes alimentarios a los menores de edad y madres gestantes que estaban matriculados en Buen Comienzo.

Al parecer, la funcionaria, como ordenadora del gasto, habría omitido varios requisitos legales propios de la función pública para favorecer a la compañía que acaparó el proyecto Corporación Colombia Avanza. Sin embargo, el dinero no se desembolsó.

Otra de las puntas de este proceso judicial es que la Fiscalía tendría material para probar un presunto sobrecosto en los alimentos que iban a ser adquiridos por la administración distrital. Los cálculos iniciales, supuestamente, darían cuenta de 1.300 millones de pesos.

Bajo la lupa también están la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil, y el representante legal de la Corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez, todos como coautores de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros.

Ellos también les hacen contrapeso a los señalamientos por tentativa de peculado en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Desde la Alcaldía de Medellín se reafirma la inocencia y buen manejo del programa.

Las inconsistencias las habría encontrado la Fiscalía en la etapa previa a la ejecución y en la fase de cumplimiento. Sin embargo, también se identificaron presuntos hechos que tendrían el propósito de ocultar los materiales probatorios para obstruir las investigaciones del caso.

Supuestamente, los tres imputados acordaron el proceso de contratación para que se ajustara a las posibilidades que tenía la corporación Colombia Avanza. Por ejemplo, habrían cambiado los requisitos a última hora, escenario que frenó a otros oferentes.

Esto se sostendría en documentos, llamadas telefónicas y publicaciones en las redes sociales. En dado caso de que se comprueben estas teorías, el que saldría mejor librado sería el señor Henry Gómez porque no fungió como funcionario público.