Medellín
Ordenan evacuación de la Universidad de Antioquia por presencia de encapuchados y detonaciones
Las autoridades instalarán puesto de mando unificado para hacerle seguimiento a la manifestación.
Las directivas de la Universidad de Antioquia ordenaron levantar las actividades académicas, culturales y recreativas que se llevan a cabo dentro de la institución de educación superior durante la tarde de este 19 de septiembre. La medida está justificada en la presencia de personas encapuchadas y la detonación de artefactos al interior de las aulas.
El mensaje fue emitido en las cuentas oficiales del UdeA a razón de que consideran como una amenaza la incursión de los manifestantes. La medida de evacuación se tomó para prevenir acciones violentas que podrían vulnerar los derechos de la comunidad universitaria, según dio a conocer la administración en un comunicado que circuló a las 2:57 p. m.
“Importante. Fueron suspendidas las actividades académicas, culturales, deportivas y administrativas en ciudad universitaria de Medellín. Estaremos informando sobre el restablecimiento del ingreso a través de los medios institucionales”, se lee en la publicación donde aparecen algunos comentarios donde dan cuenta de la protesta.
Si bien se desconocen los motivos de la concentración, en la institución ha reinado el malestar en las últimas semanas por las denuncias de presuntos casos de abuso sexual en diferentes centros de formación. El descontento está vigente por el tratamiento que les han dado los estamentos del alma máter a las quejas de los estudiantes, principalmente mujeres.
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En consecuencia, los comités de alumnos de varias facultades se declararon en asamblea permanente –cese de actividades académicas– hasta que avancen los procesos de investigación en contra las personas que son señaladas de cometer las supuestas conductas irregulares o haya respuestas contundentes a un pliego de peticiones que le extendieron a la rectoría.
En la lista de acusados aparecen docentes adscritos a los edificios de Derecho y Economía. Al parecer, los denunciados habrían aprovechado su posición para hacerles contrapeso a las relaciones con los estudiantes. Entre las alertas hay condicionamientos de calificaciones con favores personales. Las autoridades están investigando los casos reportados.
En medio de una sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Superior Universitario en las últimas semanas, se emitieron nuevos procedimientos para atender la ola de denuncias por las violencias basadas en género y sexuales. En primer lugar, los integrantes rechazaron las prácticas ilegales que se han ido normalizando, pero que deben ser prontamente estudiados.
“Prevenir, detectar, atender y erradicar estas formas de violencia, requiere medidas urgentes que, sin embargo, no pierdan la perspectiva de su estabilidad en el largo plazo ni la profundidad que demanda una problemática enraizada en estructuras culturales patriarcales y en formas de discriminación intolerables en una sociedad democrática”, comentaron por medio de un comunicado de prensa.
Mientras que la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de las Mujeres, aseguró estar pendiente de la situación que padece la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional en la sede de la capital de Antioquia y otras instituciones de educación superior, afectadas también por el fenómeno de violencia contra los estudiantes.
Por ejemplo, la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional se declararon en asamblea permanente luego de presentarse denuncias públicas sobre presuntos casos de abuso sexual al interior de las aulas de clase. Las directivas les pidieron a los alumnos retornar al calendario académico.
La queja de una mujer detonó el malestar de sus compañeros que se suman en una sola voz para pedir justicia y acciones concretas de la Universidad frente al funcionario que es señalado de la conducta.
Mediante un comunicado dirigido a la población universitaria, la Vicerrectoría respondió a las peticiones de los estudiantes y dejó por sentado que la Nacional actúa bajo los principios de la Constitución. Es decir, las decisiones que se tomen en el marco del proceso disciplinario tienen que estar condicionadas al derecho a la contradicción y defensa.