Atención: suspenden por tres meses a vicepresidente de EPM | ¿Qué pasó?

El proceso de vigilancia administrativa e instrucción disciplinaria de la Personería de Medellín, luego de agotar las etapas procesales de rigor, tomó la decisión de suspender de manera provisional por el término inicial de tres meses y sin derecho a remuneración a Juan Felipe Valencia Gaviria, quien se desempeña como Vicepresidente Comercial de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

“La investigación se originó de los hallazgos recaudados en una vigilancia preventiva realizada por la Unidad de Vigilancia de la Conducta Oficial el pasado 2 de noviembre de 2021, en donde se identificaron presuntas irregularidades en la vinculación al cargo del señor Juan Felipe Valencia Gaviria”, señaló a través de un comunicado la Personería de Medellín.

Del material probatorio recaudado, tanto en la vigilancia como en la instrucción disciplinaria, se encontró que el investigado, presuntamente, incurrió en falta disciplinaria al ocupar y ejercer el cargo de vicepresidente comercial de EPM. “Esto, sin el pleno cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley para el ejercicio de la profesión de Administrador de Negocios, concretamente lo correspondiente a la tarjeta profesional”, indicó la entidad.

Cabe destacar que la presunta acción irregular calificada como presunto incumplimiento de los deberes consagrados a todo servidor público, concretamente el establecido en el numeral 10 del artículo 38, Ley 1952 de 2019 el cual señala: “acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo”, incurriendo en la falta disciplinaria grave conforme a lo señalado desde el 1 de noviembre de 2016 hasta agosto de 2018.

La Personería de Medellín también detalló que entre los funcionarios a los que se les formuló Pliego de Cargos están Margarita María López, quien para la época de los hechos se desempeñaba en calidad de Jede de Departamento Servicios Talento Humano de Empresas Públicas de Medellín (EPM); Martha Aida Duque, quien era Directora de Relaciones Laborales individuales; María Patricia Giraldo, mujer que trabajaba como Gerente de Desarrollo Humano y Cultura Organizacional. Y el señor Nelson Jaime Henao, quien era contratado con el cargo de Profesional de Desarrollo Humano y Organizacional. Según la Personería, estas personas habrían pasado por alto la situación, siendo los responsables de la vinculación.

“En relación con la suspensión, fue remitido el proceso al superior, previa comunicación de la decisión al suspendido para los efectos propios de la consulta. Y por su parte, el proceso de decisión disciplinaria para lo de su competencia”, concluyó la Personería.

Cabe recordar que a inicios de este mes, Mónica María Ruiz Arbeláez, renunció a su cargo como vicepresidencia de Estrategia y Planeación de la EPM, quien lideró la gerencia general entre febrero y abril de 2021.

La renuncia de la funcionaria ―que estuvo 20 años dentro de la organización― surgió de un mutuo acuerdo con las directivas que le ofrecieron la gerencia de Aguas Regionales, filial de EPM que opera en los municipios del occidente y Urabá antioqueño. Sin embargo, los trabajadores cuestionaron la transición.

“Disfrazan de arreglo salida de exgerente, Mónica Ruíz. No cesan los daños al ADN institucional de EPM por parte de la actual administración, encabezada por el gerente general y la junta directiva de la empresa, presidida por el alcalde de Medellín”, afirmó la agrupación sindical a través de un comunicado público.

A juicio del Sindicato de Profesionales de EPM y UNE (Sinpro), la salida de la funcionaria habría sido acordada por la junta directiva en una sesión cuando Daniel Quintero retornó al cargo luego de estar suspendido por presunta participación en política en el marco de las elecciones presidenciales a favor de Gustavo Petro.

Al parecer, en la reunión no se habrían tenido argumentos sólidos “más allá de ser incómoda para los intereses de quienes hoy están al frente de la empresa”. El trasladado hacia el Urabá fue calificado por el gremio como un montaje para que la empresa no se viera implicada en una declaración de insubsistencia.