Aterrador: Colombia retrocede y el secuestro se dispara. El país tiene las peores cifras de los últimos 11 años

Colombia está desempolvando una de las pesadillas más dolorosas de su historia: los secuestros se están multiplicando y cada vez hay más riesgos de caer en la trampa de los delincuentes. Mientras se redactaba este artículo, la fuerza pública buscaba a más de 19 ciudadanos que están atrapados en el cautiverio, cuya libertad depende de altas cantidades de dinero.

Las historias de estas víctimas se suman a las de otras 152 personas que fueron retenidas ilegalmente entre el primero de enero y el 31 de mayo, según cifras del Sistema de Información de la Policía Nacional.

Si se analiza en detalle este dato y el periodo en el que ocurrieron los hechos, no se reportaba un alza de estas magnitudes desde 2012. En los primeros cinco meses de ese año, se cometieron 146 secuestros. Las zonas más afectadas por este flagelo son Antioquia, Norte de Santander, Cauca y Arauca, terrenos donde operan ampliamente las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN.

Las ciudades capitales no son ajenas a este fenómeno. Hay un incremento en las denuncias en Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta. Allí, los responsables serían las organizaciones delincuenciales de carácter local. Aunque no hay una fórmula certera para evitar ser secuestrado, el Gaula cree que el autocuidado y la desconfianza son las fórmulas para mitigar los riesgos.

Haciendo plata con la libertad

La mayoría de los secuestros en Colombia son extorsivos. Es decir, los criminales ponen precio a la vida de sus víctimas y calculan la cifra con base en su riqueza. Durante este 2023, lo mínimo que solicitan son 2 millones de pesos y lo máximo son 10.000 millones. Las bandas urbanas son las que menos dinero piden porque necesitan la plata con prontitud, dado que tendrían poco apoyo logístico para sostener al rehén y podrían ser descubiertos rápidamente por las autoridades.

Mientras que los grupos organizados acaparan armamento y combatientes para esconder a los retenidos en zonas rurales hasta que lleguen los billetes, con lo que financian sus objetivos terroristas.

El Gaula ha identificado tres métodos. El más frecuente es el paseo millonario. Los ciudadanos se montan en un vehículo de servicio público, les suministran una sustancia química que los debilite o los amordazan para exprimir los ingresos de sus familias. Luego está el ajuste de cuentas: detienen irregularmente a una persona hasta solucionar un problema. Otro de los hallazgos es el falso servicio, que consiste en contratar a un profesional para cumplir con sus funciones en un domicilio y allí lo retienen.

Finalmente, las citas a ciegas. Los delincuentes están migrando a las aplicaciones digitales para conquistar a sus víctimas y pactar encuentros románticos en establecimientos comerciales. Cuando los tienen dominados, los llevan a lugares desconocidos. El coronel Vicente Alfonso Sanabria, director de Antisecuestro de la Policía Nacional, aseguró que estas escenas se están repitiendo, entre tantas cosas, porque se sobreexponen las vidas privadas en las redes sociales y se les otorga confianza a los sujetos desconocidos.

Los rostros del flagelo

Tal como se anticipó, en los primeros cinco meses de 2023 se identificaron a 152 víctimas en Colombia: tres menores de edad, tres adolescentes y 147 adultos. Detrás de cada caso hay un drama personal y familiar que es imposible resumir en los párrafos. Uno de los más sonados fue el del ganadero Heriberto Urbina, de 86 años, que fue raptado en una gasolinera del Cesar el 25 de abril. Al parecer, un grupo ilegal pidió dinero para su rescate. Tras la intermediación del Ministerio Público, fue liberado el 6 de junio.

Sebastián Camilo Castañeda, guardia del Inpec, y el ganadero Anderson Santos fueron secuestrados el 14 de abril en Cali, luego de reunirse para cerrar un negocio. En un panfleto manchado con sangre, un grupo se atribuyó el crimen del primer hombre. En el texto le dieron a conocer a la institución –sin mencionar a Santos– que Castañeda estaría bajo su custodia hasta que no fuera ordenado el traslado de un preso. Más tarde, un anónimo dijo que fueron asesinados porque no se cumplió con la petición.

El 9 de junio fueron detenidos ilegalmente cinco funcionarios de la administración municipal de Santa Rosa, Bolívar, por supuestos miembros del ELN. Esta misma guerrilla sería la responsable del secuestro de otras cinco personas en el Bajo Baudó, Chocó.

El 10 de junio, un grupo se llevó contra la voluntad a Diego Cardona, empleado de la Personería de la capital del Valle y primo del exgobernador Juan Carlos Abadía. Aunque hay una millonaria recompensa, no han podido ubicarlo en la región. Eliana Jaramillo, candidata a la alcaldía municipal de Carolina del Príncipe (Antioquia), fue retenida, amarrada y encerrada en el baúl de un carro por varias horas. Las autoridades investigan si la situación tiene relación con sus aspiraciones políticas.

Mientras que el ELN secuestró a la esposa de un militar en Arauca cuando se movilizaba en un vehículo de servicio público entre Saravena y Arauquita. Los delincuentes se abalanzaron violentamente sobre ella y el conductor, tomando rumbo desconocido.

Por otro lado, el próximo 21 de julio se cumplirán dos años de la misteriosa y violenta desaparición de Víctor Julio Rodríguez, un hombre de 64 años que residía en Matanza (Santander): lo obligaron a subirse a su propia camioneta y emprendieron la huida.

El carro fue hallado abandonado. Más tarde, los familiares recibieron una llamada en la que exigían una alta suma de dinero por su libertad y aseguraron que les enviarían una prueba de supervivencia, pero nunca más aparecieron.

¿Se puede prevenir un secuestro?

Según el Gaula de la Policía Nacional, la receta para prevenir las detenciones ilegales es el autocuidado y depositar confianza en las autoridades judiciales a la hora de correr el riesgo de ser secuestrado o ser intimidado violentamente para liberar a un allegado.

Por las denuncias que llegaron a tiempo en 2022, hubo una efectividad del 90 por ciento en los rescates y 28.000 millones de pesos dejaron de entrar a los bolsillos de los delincuentes, suma que pidieron para soltarles las cadenas a varios ciudadanos.

La primera fórmula que se debería ejecutar es no exponer la vida íntima por medio de internet ni la de los familiares, ya que la información puede ser utilizada de manera inescrupulosa.

“A veces empezamos a publicar absolutamente todo: el vehículo de alta gama, fotografías manejando dinero, entre otros aspectos, que son aprovechados por los delincuentes”, puntualizó el coronel Alfonso Sanabria, director de Antisecuestro.