Medellín

Centro Democrático dejó sin voto a cuatro concejales en Medellín

El partido les cuestiona a los involucrados el no respaldo a la candidatura de Simón Molina a la presidencia de la mesa directiva del Concejo.

22 de junio de 2022
Concejales de Medellín por el Centro Democrático.
Concejales de Medellín por el Centro Democrático. | Foto: Tomada del perfil de Twitter de Lina García.

Sigue la novela al interior de las filas del partido Centro Democrático en Medellín por cuenta de cuatro concejales que nadaron en contra de los intereses de la organización política en la capital de Antioquia, según confirmó recientemente el Consejo Departamental de Ética, Disciplina y Transparencia de esa colectividad.

Los protagonistas son Lina García, María Paula Aguinaga, Nátaly Vélez y Albert Corredor, este último fue noticia en los últimos días por tres acontecimientos que hicieron estruendo dentro del Centro Democrático: se declaró públicamente fiel escudero de Daniel Quintero, opositor de Álvaro Uribe y promotor de Gustavo Petro.

La nueva polémica se dio luego de que los integrantes del partido decidieran retirarle el derecho al voto a los cuatro corporados dentro del Concejo de Medellín por 18 meses, quienes han sido duramente cuestionados por no aplicar las directrices que ha asumido la bancada frente a la administración distrital.

Esta decisión se tomó como una sanción por no respaldar la elección de Simón Molina como nuevo presidente de la mesa directiva corporación el pasado 9 de noviembre, tal como lo proyectó el Centro Democrático para hacerle contrapeso a los concejales que respaldan la Alcaldía de Quintero.

Así lo confirmó el partido en la tarde de este martes, horas después de que el alcalde de Medellín retornara al cargo luego de estar suspendido por 42 días a raíz de una presunta participación en política a favor del Pacto Histórico en el marco del proceso electoral de este año.

“Culminado el proceso disciplinario en contra de los concejales de Medellín, el Consejo Departamental de Ética, Disciplina y Transparencia de Medellín calificó como gravísima la conducta de los concejales en mención de haber desconocido la decisión de la bancada”, oficializó el partido a través de un comunicado de prensa.

Con base en el informe, la sanción impuesta fue contemplada en el artículo 127 de los estatus del Centro Democrático, que limita la actividad administrativa en los órganos internos o en representación de este en los escenarios de elección popular por 547 días, que empezaron a correr desde el 21 de junio.

Las reacciones

La primera en alzar la voz de rechazo tras conocerse la elección del Centro Democrático fue la concejala Lina García, a través de su cuenta de Twitter:

No vamos a permitir un feminicidio político, no el secuestro de nuevo aval. El Consejo Nacional Electoral debe saber que el Centro Democrático no cumple con sus estatus, la ley y la Constitución de manera mal intencionada”, comentó la mujer.

Mientras que la otra suspendida, Nátaly Vélez, asumió que la decisión de su partido es ambigua porque respondería a un ataque político por situaciones que nunca ocurrieron, defendiendo que no apoyar a Simón Molina a la presidencia del Concejo no fue intencional, sino para cumplir con la ley de cuotas en la mesa directiva.

“[El Centro Democrático] sigue actuando en contra de la ley y de los estatus. Por un lado, califican una supuesta falta y, por el otro, se inventan una sanción contraria a dicha falta. Se inventan una limitación administrativa que consiste en no poder ocupar cargos en órganos del partido ni poder participar en la toma de decisiones”, respondió la concejala.

A su juicio, desde que el Centro Democrático perdió la posibilidad de tomar las riendas del Concejo de Medellín, los dirigentes “trataron de incriminarnos por situaciones que no ocurrieron, trataron de acabar nuestra honra, buen nombre y dignidad. Quisieron acabarnos políticamente”, concluyó Nátaly Vélez.

Otra de las quejas de los involucrados alerta por presuntas irregularidades en el trámite disciplinario, dado que el partido político tenía hasta el 17 de junio para fallar en el proceso y, cinco días después, apenas se conoció la determinación que bloquea la participación en las decisiones coyunturales de Medellín.