Cerca de 2 mil indígenas están confinados en territorios de Urrao, Antioquia, por confrontaciones de grupos al margen de la ley

Cerca de 2.000 personas permanecen confinadas en territorios de Antioquia, entre ellos el municipio de Urrao, ubicado en la subregión del suroeste. Esto, debido a las constantes confrontaciones de grupos al margen de la ley que tienen injerencia en estos territorios, entre ellos el ELN y Clan del Golfo.

De acuerdo con la gobernación, el confinamiento que han sido recurrente en los últimos años es producto de las amenazas de los grupos armados que se disputan el control territorial.

“El confinamiento es una situación que es también parte del conflicto; encierran a las poblaciones, las cuales no pueden acceder a recursos mínimos como los alimentos y a sacar la producción de algunos productos agrícolas. Es importante una mayor presencia de fuerza pública en los territorios, para que impida la materialización de la desaparición y el reclutamiento, que es la modalidad de victimización que se está presentando“, sostuvo Luz Patricia Correa, directora de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia.

Richard Sierra, gerente indígena de la Gobernación, explicó que con la Unidad de Víctimas han venido gestionando ayudas para entregarles alimentos a estas poblaciones que exigen una pronta intervención de los gobernantes. “El Estado en su conjunto debe hacer presencia en estos territorios, que permita garantizar tranquilidad a las comunidades”, dijo Sierra.

Agregó que les preocupa un posible desabastecimiento en las comunidades confinadas, en las que hay presencia de cientos de menores de edad y adultos mayores. Además, personas en condiciones precarias de salud que no tienen un puesto de atención cercana.

Según Fernando Caisamo, consejero de derechos humanos de la organización indígena de Antioquia, explicó que no pueden salir de sus resguardos, por lo que le hacen una solicitud urgente al gobierno departamental para que haya presencia estatal para realizar mediaciones.

“Como no somos población de estar manejando este tipo de conflictos y mucho menos de estar manejando armas, les ha tocado moverse a otras comunidades próximas que son del mismo resguardo, arriesgando sus vidas, debido a que son territorios en los que ellos se demoran para salir al casco urbano mucho tiempo. Allá ni siquiera llega la señal de radio, son comunidades muy apartadas, a raíz de los enfrentamientos de grupos armados como el Clan del Golfo, donde se disputan territorios”, sostuvo Caisamo.

El consejero agregó que, también, municipios como Vigía del Fuerte, Dabeiba y Frontino se están viendo vulnerados por las confrontaciones del Clan del Golfo, que tienen un plan pistola con el que ofrecen hasta $ 20 millones por el asesinato de cada policía, con lo que no solo se ven afectados los uniformados, sino la comunidad en general.

Y es que esta situación no solo es en el suroeste, en municipios de Medio Atrato y zona rural de Quibdó, Chocó, en los últimos meses se ha registrado la misma situación, además de retenes ilegales que han generado un desplazamiento forzado de 126 personas, según datos de la ONU.

Desplazamiento en Medellín

El desplazamiento y la afectación a las comunidades por cuenta de grupos armados no solo se vive en las zonas más apartadas del departamento. Según la Personería, hay un incremento en el desplazamiento forzado en la ciudad, siendo la comuna 13 (San Javier) la zona más afectada de la ciudad.

De acuerdo con el informe, entre mayo, junio y julio, ya son 425 las víctimas de desplazamiento forzado intraurbano en Medellín. Las comunas más afectadas por este fenómeno son San Javier, en los barrios San Javier Nº 1, Belencito y Blanquizal; Villa Hermosa, en sectores como La Sierra, Caicedo y Llanaditas; Popular, en los barrios Santo Domingo Savio Nº 1 y Carpinelo, y Manrique, en los sectores de Manrique Central Nº 2 y Manrique Oriental.