Cinco maternas estuvieron en riesgo tras el paro armado en Antioquia. (Imagen de referencia).

ANTIOQUIA

Cinco maternas estuvieron en riesgo tras el paro armado en Antioquia

En las vías del departamento, 24 vehículos fueron incinerados, 18 carros y seis motos.

6 de mayo de 2022

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, informó que interpondrá una denuncia ante la organización de Naciones Unidas, ONU, por la vulneración del Derecho Internacional Humanitario de tres maternas que tuvieron dificultades para desplazarse entre El Bagre y Caucasia, así como dos, con problemas para viajar de San Juan de Urabá a Montería.

Las principales afectaciones presentadas durante este primer día de “paro armado”, en 30 municipios de Antioquia, son el cierre del comercio, que es la más generalizada; seguida del bloqueo de vías y de la libre movilización de los ciudadanos. Además de hostigamientos a la Fuerza Pública y a la Fiscalía.

A pesar de esto, el mandatario seccional fue enfático en el caso de las mujeres embarazadas, y manifestó: “rechazamos que se estén violando los derechos humanos... a estos criminales, les aseguro, que les caerá el peso de la justicia”.

Aunque adelantaron acciones para trasportar a las mujeres por medio de helicópteros, las condiciones climáticas no lo permitieron y, finalmente, fueron trasladas por tierra.

Las maternas ya se encuentran en jurisdicción de Caucasia, recibiendo la asistencia médica correspondiente.

A raíz de estas situaciones, tropas del Ejército y la Policía reforzarán la presencia en los ejes viales, con énfasis en la vía que de Medellín conduce a la Costa Atlántica, para lo cual se diseñarán caravanas que operarán desde este viernes 6 de mayo.

Este viernes, el mandatario viajará al Urabá para adelantar otro consejo de seguridad y, si las circunstancias lo ameritan, hará lo mismo en la subregión del Bajo Cauca.

Defensor del Pueblo exige a grupos armados ilegales no atentar contra la población civil

Tras las acciones que se registran en varias regiones del país en retaliación por la extradición a Estados Unidos del máximo cabecilla del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, exigió a los grupos armados ilegales a no atentar contra la población civil.

De acuerdo con el funcionario, las regionales Córdoba, Bajo Cauca Antioqueño, Urabá-Darién, sur de Bolívar, Magdalena Medio y Sucre reportaron en las últimas horas una serie de acciones violentas que están afectando de manera directa a los ciudadanos.

Se informó que uno de los casos más preocupantes se presentó en Cereté (Córdoba) donde se registró el asesinato de una persona en el mercado público, a donde llegaron hombres armados a exigir el cierre de los establecimientos.

En ese mismo municipio, a primera hora, al parecer, miembros del Clan del Golfo llegaron a una institución educativa e hicieron disparos ordenando la suspensión de las clases.

De otro lado, en Aguas Negras, jurisdicción de Sucre, hombres con pasamontañas interceptaron un bus, obligaron a los pasajeros a bajarse e incineraron el vehículo.

En Chalán, también en Sucre, las paredes de varias edificaciones amanecieron con grafitis y personas armadas les exigieron a los habitantes de la zona rural no salir de sus casas.

Con el propósito de analizar la situación, las regionales Córdoba y Sur de Córdoba de la Defensoría participan en un consejo extraordinario de seguridad para evaluar las medidas preventivas que adoptarán las autoridades en relación con estos hechos.

“Ante este escenario solicitamos medidas urgentes a las autoridades para garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos de los habitantes y las comunidades de estas regiones del país”, puntualizó Camargo.