Cinco pueblos de Antioquia son disputados por tres grupos armados: Defensoría advierte de violencias

La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana en el departamento de Antioquia por el alto riesgo que tienen los derechos humanos. El cruce de balas ha vulnerado a las comunidades de cinco municipios de la subregión del nordeste. En lo que va corrido del año, se han presentado 81 muertes violentas asociadas al conflicto.

El llamado de atención cobija a los pueblos de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí. De acuerdo con el Ministerio Público, las calles y montañas de estos territorios están en disputa por los grupos armados que delinquen en la zona: buscan el control de las actividades ilegales -como la minería- y los corredores de movilidad.

Los protagonistas de las violencias son los integrantes del Ejército de Liberación Nacional, Autodefensas Gaitanistas de Colombia -como también se hacen llamar los ilegales del Clan del Golfo- y las disidencias de las Farc. Aunque las comunidades también vinculan a organizaciones ilegales locales de bajo impacto que se encargan de los estupefacientes.

El tire y afloje entre los delincuentes ha disparado los homicidios. Mientras que en todo 2020 se registraron 139 asesinatos, en 2021 la cifra subió a 147 casos. Ahora bien, “un dato que preocupa” es que, en los primeros cinco meses de 2022, perdieron la vida 81 personas; se presume que los números de este índice se multiplicarán hasta diciembre.

La confrontación armada también se ha sentido con la amenaza y el desplazamiento forzado en los cinco municipios. Aunque el fenómeno delictivo no es nuevo, está al alza porque los bandos no quieren ceder los sitios que tienen bajo control. Por ejemplo, para filtrar a sus enemigos, han instalado puestos de vigilancia sobre las carreteras donde imponen la ley.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también reveló que en el nordeste antioqueño se ha presentado el reclutamiento forzado en contra de los menores de edad para gestionar las economías ilegales. En dado caso de que quede en evidencia su vinculación con una de las organizaciones, le declaran la muerte con fuertes intimidaciones.

Otro de los hallazgos más preocupante es que la población civil queda en medio de las confrontaciones armadas, tal como lo ha documentado SEMANA. En imágenes registradas en las redes sociales se escuchan los impactos de bala que se lanzan desde las zonas rurales de los cinco municipios. Los campesinos las ven desde sus parcelas.

“Existe un alto riesgo de violaciones a los derechos humanos contra líderes y lideresas sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias y defensores de derechos humanos. También hemos encontrado el incremento homicidios”, advirtió el defensor del Pueblo sobre la ola de violencia que tiene en altas vulneraciones a la subregión.

Así las cosas, el Ministerio Público le presentó al Gobierno nacional 34 recomendaciones para que se tomen las medidas de prevención y de protección a las personas que están sometidas a los hechos delincuenciales. En el documento también hay un fuerte llamado a los integrantes de la fuerza pública que atienden la alteración de orden público.

“El defensor del Pueblo reiteró también la importancia de que el Ministerio Defensa y los cuerpos que integran la fuerza pública se abstengan de justificar sus acciones en la existencia de la alerta, pues ello desconocería su alcance humanitario y preventivo basado en derechos”, se lee en el texto que fue remitido a la Casa de Nariño.

Lo anterior fue justificado con una misión humanitaria que se desarrolló entre el 3 y 4 de septiembre en el corregimiento de Carrizal del municipio de Segovia, zona que está entre los objetivos de los grupos armados por la importancia que tiene sobre el mapa.