Clan del Golfo impone código de vestuario e imagen en Antioquia. Esta es la indignante historia

El Clan del Golfo ya domina el 52 % de los municipios de Antioquia y esa presencia se manifiesta con el narcotráfico, homicidios, extorsiones, minería ilegal y reclutamiento forzado, también con una serie de normas que alteran la convivencia.

Una investigación de la Policía Nacional en Armenia Mantequilla, Ebéjico y Heliconia puso en evidencia la nueva faceta de la organización delincuencial que lidera alias Chiquito Malo: restringir la manera de vestir y la imagen de las mujeres.

Esas labores están a cargo de inspectoras o corregidoras. Tres de ellas fueron capturadas en las últimas horas en el departamento por estar enfiladas en la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, considerada la más poderosa del grupo armado.

El coronel Carlos Martínez, comandante de la institución en Antioquia, reveló que estas ciudadanas tenían la misión de ajusticiar a los habitantes que no se sometieran a las políticas del Clan del Golfo, ya fuera con extorsiones o extensas horas de trabajo en el campo.

“Limitaban la condición de mujer. A algunas mujeres les decían: ‘Esa no es la ropa adecuada, ese no es el color del pelo, ese no es color de las uñas’. Se sentían autoridades en los municipios”, detalló el alto mando de la Policía Nacional.

Él indicó que estas actividades de control se imponían en las zonas rurales y urbanas. Quien no las cumplía, debía entregar altas cantidades de dinero o disponer de tiempo para colaborar en las acciones criminales del grupo armado.

Con las pistolas en mano y un mensaje amenazante, el Clan del Golfo sigue ganando terreno. Sus integrantes tienen un plan de expansión que consiste en tomar el liderazgo del narcotráfico para que su nombre sea reconocido en todos los pueblos.

Mientras sus brazos delincuenciales están dedicados a aumentar sus operaciones criminales y llenar las calles de estupefacientes, los comandantes levantan la mano para que el Gobierno nacional los tenga en cuenta en las negociaciones de paz.

En el caso de Antioquia, ellos se sostienen con el tráfico de estupefacientes a gran escala, extracción ilícita de yacimientos mineros, tráfico de migrantes hacia la selva del Darién, cobro de extorsiones y contrabando de mercancía, entre otras actividades.

La posición del gobernador Andrés Julián Rendón —totalmente diferente a la del Gobierno nacional y a la del presidente Gustavo Petro— es que estas organizaciones no pueden recibir ningún tipo de contemplaciones.

“En este gobierno de Antioquia, que tengo el honor de presidir, estamos convencidos de que es posible alcanzar la paz sin contemporizar con criminales, con la contundencia de la fuerza pública, la justicia y las oportunidades sociales”, dijo en su cuenta de X.