Violencia
Clan del Golfo planea crear un partido político; SEMANA revela detalles del documento secreto incautado a ese grupo criminal
SEMANA revela el libro secreto del Clan del Golfo con el que adoctrina a sus combatientes y da las pistas para la constitución de un eventual partido político. Esa organización criminal se quiere expandir.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como el Clan del Golfo, están creciendo sin freno durante el Gobierno de Gustavo Petro y, al mismo tiempo, sus cabecillas dan puntadas para que sean reconocidos como una organización político-militar para así acceder a los beneficios de una posible transición a la legalidad.
SEMANA tuvo acceso al documento maestro del grupo criminal en el que destapó sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Sobre la mesa hay cuatro propósitos principales: multiplicar la ocupación de territorio, obtener el respaldo de la sociedad civil, justificar las acciones delincuenciales con fines políticos y crear un partido. El archivo fue recuperado por las autoridades en medio de gigantescas operaciones desarrolladas en el occidente del país y forma parte de un amplio material probatorio de la Fiscalía. Estas páginas son una fuente clave para rastrear las raíces del ejército que fundó alias Otoniel, quien hoy paga una condena en una cárcel de Estados Unidos.
Las palabras fueron escritas en abril de 2018, pero los detectives aseguran que estas siguen marcando la pista de sus actividades, pues recientemente fueron encontradas en allanamientos sorpresa a hombres vinculados con las AGC, cuyo propósito sería unificar los pensamientos de los combatientes.
El primer fragmento es una larga descripción de cómo se ven los ilegales en el espejo: “Somos una organización político-militar de resistencia civil en armas, de carácter social, transitoriamente en la ilegalidad, defensora de la población vulnerable, víctimas de los gobiernos de turno y del conflicto social-armado”.
A reglón seguido, resumen las 14 actividades que estarían cumpliendo en el país para mejorar, supuestamente, la calidad de vida de las personas en materia de educación, salud, vivienda, deporte, cultura, ambiente y comunicación. Sin embargo, no mencionan sus economías ilícitas y el terror que infunden en los pueblos.
Metas a corto plazo
El Clan del Golfo tiene 12 objetivos a corto plazo y todos van encaminados a reforzar su presencia en el país, aunque también consideran una ampliación continental: “Continuar posicionando a las autodefensas a nivel nacional e internacional”.
Prueba de ello son las alianzas con narcotraficantes del exterior. Lo más preocupante es que estos propósitos sí se estarían cumpliendo. Así lo prueba un informe de inteligencia militar, en poder de SEMANA, en el que se advierte que el grupo delincuencial ha crecido sustancialmente entre los años 2021 y 2023: pasaron de 3.168 integrantes a 4.999 –cerca de 1.740 de ellos están en armas–.
Esta organización opera en el 47 por ciento del territorio: ocupa 15 departamentos, 208 municipios y 3.244 veredas. Solo en 2022, sus integrantes ganaron 5.401 kilómetros cuadrados de más y acumularon 81.795 kilómetros cuadrados para afianzar su lucha armada, de acuerdo con los datos del Ejército. En este capítulo así resumen su plan: “Afianzar las estrategias políticas y militares que contribuyan a dinamizar y fortalecer a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en los territorios donde se tiene control territorial, social, económico y militar”. Ellos sugieren valerse de la persuasión, la cooperación y la coerción.
Metas a mediano plazo
En cuanto a las tareas de mediano plazo del Clan del Golfo, la orden es que la lucha debe ser intensa para que el Estado y la sociedad “entiendan que la resistencia civil armada también es una herramienta democrática, de cara a fortalecer el sistema político de las AGC en todos los territorios donde se tiene control”.
Uno de los fines más escandalosos es su posible apuesta en la política mediante un partido, cuya metodología no fue detallada en el archivo. Expertos aseguraron que el único camino sería la reincorporación política, pero no hay una base para justificar negociaciones y procesos de integración, como sí ocurrió con las Farc.
Pero una de las revelaciones más importantes está en la página diez, donde hablan de consolidar un partido político para quedarse con varias alcaldías, concejos y asambleas en diferentes departamentos. Dicho plan criminal ya estaría en marcha, incluso temen las autoridades que la primera fase se haya ejecutado en los primeros comicios regionales.
Esto dice el documento: “Consolidar el partido político de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC– de cara a las elecciones regionales, locales y de orden nacional que permitan fortalecer las políticas públicas de prevención de la corrupción política y privada”.
Esta fue una de las banderas de alias Otoniel que, tras su captura en 2021 y extradición a Estados Unidos, quedó en manos de los miembros del autodenominado Estado Mayor Nacional, integrado por cinco hombres y comandando por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido en las filas con el alias de Chiquito Malo.
El grupo es complementado por José Sánchez, alias Gonzalito, segundo cabecilla; Orozman Ostén, alias Rodrigo Flechas, tercer cabecilla; Elkin Posada, alias Joaquín, comandante de la Jairo Durango; José Demoya, alias Chirimoya, comandante de la Aristides Mesa, y Luis Pérez, alias Bruno, comandante seudopolítico.
Metas a largo plazo
Las metas a largo plazo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia redundan en lo mismo: aumentar su presencia en el país y consolidar un supuesto proyecto político de largo aliento. En esta materia, son siete puntos los que deberían concentrar las fuerzas de sus combatientes, también sumando los anteriores: “Expandir en todo el territorio nacional a las AGC, inclusive en aquellos territorios que están siendo ocupados por los grupos terroristas insurgentes, paramilitares y narcotraficantes que se carcomen los recursos naturales, el patrimonio público y privado, con la connivencia del Estado y del sistema político tradicional”.
Ellos están apalancados con las ganancias que les deja el narcotráfico, la extracción ilícita de yacimientos mineros, el cobro de extorsiones y el control migratorio. Su fortuna es multimillonaria. Solo por controlar la ruta del Darién, entre Colombia y Panamá, tendrían cada año 68 millones de dólares, según Human Rights Watch.
Sus luchas también tienen espaldarazos en la población, ya sea por las presiones violentas o por voluntad propia. En el informe de inteligencia se reveló que, con base en su presencia en todo el país, así están sus respaldos: políticos (24 por ciento), sociales (44 por ciento), culturales (11 por ciento) y económicos (21 por ciento).
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