Continúan en vilo 74 familias de un predio en Necoclí, Antioquia, que está en restitución de tierras; Gobierno insiste en que desalojen

Aunque este viernes -21 de octubre- ya se levantaron los bloqueos en la vía que conduce de Medellín hacia el Urabá antioqueño, específicamente en el corregimiento del Totumo de Necoclí, por cientos de personas que se han opuesto a entregar un terreno que está en restitución de tierras, la pesadilla continúa para las 74 familias que llevan más de 20 años en este predio.

Así las cosas, la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal de Antioquia concluyó que no había lugar a la modulación y en consecuencia, insistió en avanzar en el cumplimiento de las órdenes tendientes a la entrega material del predio, que finalmente se programó para los días 19, 20 y 21 de octubre de 2022, diligencia que se canceló y se reprogramó para los días 1,2 y 3 de noviembre de 2022.

Bajo este contexto, la Unidad de Restitución de Tierras reiteró la importancia de garantizar el derecho fundamental a la restitución, así como las garantías en materia de derechos humanos para dar cumplimiento a la diligencia ordenada en la sentencia del 20 de mayo de 2019, en el respeto de los derechos fundamentales tanto de los beneficiarios del fallo como de quienes se encuentran ocupando el predio actualmente.

“En ese sentido, la entidad se dispone a participar, como se ha hecho hasta la fecha, de los espacios de diálogo y concertación que se definan, tal como señalan los Honorables representantes a la cámara, John Jairo González y Karen Juliana López, en el comunicado de fecha 20 de octubre del 2022, de cara a las garantías de desalojo y de restitución de las víctimas reconocidas en el fallo”, confirmó la entidad en un comunicado.

Esta no es la primera vez que las comunidades realizan este tipo de manifestaciones sobre la vía nacional, sino que ya van más de cinco ocasiones que se registra la misma situación, donde estas familias no han tenido una solución definitiva para donde irse, debido a que son de escasos recursos y llevan prácticamente toda su vida habitando este terreno. Allí, muchas de las casas son en tabla y pocas de material. También la administración del municipio de Necoclí tiene la obligación de garantizar la reubicación de los desalojados, calificados por el juzgado como población vulnerable.

Por ejemplo, el pasado 20 de octubre del presente año, la Policía Nacional pidió cancelar el desalojo porque las unidades de la institución estaban destinadas a asegurar la visita del presidente Gustavo Petro. Un juzgado de Apartadó concedió la petición, pero los ocupantes de las tierras fueron advertidos y se abalanzaron sobre las vías para mostrar rechazo por las decisiones que tomó la justicia.

Por otro lado, la Alcaldía de Turbo encendió las alarmas por la participación que tendrían las organizaciones armadas en el marco de las invasiones de tierra en el municipio. De acuerdo con las denuncias que ha recibido, los ilegales estarían distribuyendo los metros cuadrados que le corresponden a cada una de las familias que llegan al terreno.

En ese sector del Urabá antioqueño se tiene el registro de cinco predios que han sido apropiados irregularmente por más de 500 familias. En la lista de propietarios aparecen la administración distrital, la Unidad para las Víctimas y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Con recursos judiciales y concertaciones tratan de restablecer el orden.

La administración municipal de Turbo explicó que la intervención de los delincuentes llegaría después de la convocatoria pública para que los ciudadanos se desplacen hacia las zonas referenciadas por las organizaciones que estarían promoviendo los “derechos” de los campesinos y las víctimas del conflicto armado.

Ellos tendrían a cargo las tareas de la “planeación urbana” con el fin de controlar los escenarios de invasión y que no haya confrontaciones entre las familias. Sin embargo, no han identificado que sean los encargados de llamar a las personas que no tengan vivienda para que las armen en los predios ajenos.