Crisis en Antioquia: once municipios están confinados por el paro de mineros

La Asociación de Personerías de Antioquia denunció que once municipios del departamento se encuentran en confinamiento total por cuenta del paro de mineros que está activo desde el jueves 2 de marzo en las subregiones del Bajo Cauca y nordeste.

Este fenómeno se está presentando por la infiltración de las estructuras delincuenciales en la movilización social. Las autoridades alertaron que, con fuertes intimidaciones, los ilegales ordenaron cerrar los establecimientos comerciales y frenar el transporte público.

Al parecer, tienen el interés de que el Gobierno nacional suspenda las operaciones contra la minería irregular que está devorando las montañas de esos territorios y contaminando los afluentes, siendo su principal músculo financiero para sostener a sus filas criminales.

Se mantiene la crisis en los pueblos de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Segovia, Remedios, Vegachí, Yalí y Yolombó. Allí ya se reporta escases de los productos de la canasta familiar y otra lista de servicios básicos en los hogares.

También las puertas de las instituciones educativas públicas están cerradas por petición de los delincuentes y el temor de la ciudadanía por las alteraciones del orden que se podría presentar en las próximas horas. Este escenario ya ajusta cinco días.

Mientras que el comité hospitalario de emergencias del centro médico César Uribe del municipio de Caucasia se declaró en alerta roja por el funcionamiento limitado para la prestación de los servicios, citando los bloqueos que hay en los ejes viales de la subregión.

En medio de las movilizaciones, se han presentado hechos vandálicos contra la infraestructura pública y privada en esta misma población. Otra de las preocupaciones es que un número amplio de menores de edad son los protagonistas de los incidentes.

Detrás de esto estarían las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Ellos enfurecieron por un golpe que les propinó el Ejército Nacional y la Policía en los últimos días: quemaron cinco dragas de grandes magnitudes instaladas sobre el río Nechí.

Estas unidades de extracción ilícita de yacimientos mineros les dada, cada mes, hasta 1.500 gramos de oros, equivalentes en el mercado negro a 3.600 millones de pesos. Durante el tiempo que opero, se llenaron los bolsillos con 7.500 millones de pesos.

Frente a este escenario, la Asociación de Personerías de Antioquia afirmó que las administraciones municipales no estarían tomando las decisiones necesarias para tomar el control de la seguridad. Sospechan de vacíos en la vigilancia por parte de las autoridades.

“Están siendo incapaces de atender las múltiples situaciones de alteración del orden público, ya que se tienen puntos donde la Fuerza Pública nunca ha hecho presencia, como sucede en el corregimiento de Buenos Aires Palizada, en Zaragoza”, dijo en un boletín.

Por ejemplo, en Nechí fueron retenidos 146 trabajadores de la empresa Mineros Aluvial, aunque pudieron ser liberados luego de una mediación con el Ministerio Público. El Ejército Nacional hizo el mismo intento, pero fue intimidado de manera violenta.

El dolor de cabeza para las comunidades es que no hay un acuerdo entre la mesa de mineros y el Gobierno nacional sobre la continuidad de los operativos contra la minería ilegal. Los primeros se levantaron de la conversación en la tarde de este domingo.

“Al momento de emitir este comunicado, se conoce del fracaso de las negociaciones que se venían realizando, situación que nos preocupa demasiado. Se hace un llamado al Gobierno a analizar y definir solución a las problemáticas”, agregó la Asociación.

Finalmente, se aclaró que el Ministerio Público no cuenta con las herramientas necesarias para gestionar en el proceso y requirió la presencia efectiva de la Procuraduría para que se logre concretar un “triángulo constitucional” para la defensa de los derechos fundamentales.