Crisis en Turbo, Antioquia: alcaldía debe tres meses de salario a 347 empleados

Hace tres meses no reciben salario las 347 personas que trabajan en la alcaldía distrital de Turbo, ubicada en el departamento de Antioquia. Tampoco tienen acceso a los servicios de salud y advierten sobre una crisis administrativa que toma fuerza desde el 2020.

Lo preocupante de la situación es que la comunidad está accediendo de manera parcial a los servicios institucionales y no hay quién dé la cara sobre el problema. El mandatario no habla en público y su oficina de comunicaciones no responde preguntas sobre la situación.

Todo empezó en el año 2019 cuando el municipio alcanzó el título de distrito. Entre las exigencias, estaba aumentar su planta de trabajadores. Así las cosas, contrató a 361 ciudadanos para que lograran los objetivos del plan de desarrollo que se planteó.

Cuando llegó el nuevo alcalde en el año 2020, aseguró que no tenía recursos para pagarles el salario. Sin embargo, siguió financiando extravagantes festividades y sumando a la cartera supuestos gastos innecesarios, mientras la deuda con los trabajadores aumentaba.

Él tomó la decisión de costear un estudio para revaluar la demanda de funcionarios cuyo valor fue de $245 millones. Los hallazgos le plantearon la necesidad de contratar a 320 personas. En medio del tire y afloje, la planta se ajustó en 347 empleados.

El drama de los funcionarios

Desde entonces, con cinco jornadas de cese de actividades han tenido que presionar a la administración distrital para que les entregue el salario. El último está activo desde octubre de 2022 y se acogieron 98 empleados, con la intermediación de tres sindicatos.

La cuenta de cobro está inactiva por los meses de noviembre, diciembre y enero. No tienen dinero para comer y cancelar sus obligaciones personales. Tampoco tienen acceso de manera completa a los servicios de salud, únicamente a enfermedades de urgencia.

Patricia Chica Ospina es trabajadora social y tiene un puesto en la Oficina de Víctimas. Ella no volvió a cumplir con sus obligaciones contractuales a modo de protesta por lo que ha denominado como un “conflicto laboral donde se vulneran nuestros derechos básicos”.

Carga con deudas desde el 2020 y su actividad crediticia está por el suelo. Cada vez que tiene un compromiso económico, la única opción es prestar dinero con sus allegados sin una fecha clara de devolución porque sus ingresos los define –”sin rumbo” – el distrito.

Las citas médicas no se las está tramitando su EPS porque está en “suspensión”, ni a ella ni a su familia. Es decir, la Alcaldía tampoco está costeando estas obligaciones. Esta historia se repite en los 347 empleados que tiene el distrito, según los sindicatos de trabajadores.

¿Quién responde por la crisis?

SEMANA se contactó de manera insistente con la administración de Turbo y no logró respuesta ante las acusaciones de los funcionarios. El alcalde Andrés Felipe Maturana no contestó las llamadas y el jefe de comunicaciones esquivó los cuestionamientos.

Lo cierto es que, con base en los reportes que la alcaldía le ha suministrado a la Contraloría General de la Nación, tiene un déficit fiscal de $29.600.000.000 y demandas que superan los $24.900.000.000. Aunque los números podrían ser mayores.

Desde el Sindicato Nacional de Servidores Públicos del Estado se cuestionó el procedimiento que le han dado los órganos de control de la región a la situación: “Nos preguntamos por qué no se han aplicado las sanciones de la ley 671″.

La Procuraduría, a juicio de Patricia Chica Ospina, brilla por su ausencia: Esta entidad “es como Shakira: sorda, ciega y muda. No ha hecho absolutamente nada por esta crisis de institucionalidad. Acá hay irregularidades y nadie nos ha escuchado”, concluyó la vocera.