Crisis migratoria en Necoclí: este jueves 3.000 migrantes serán trasladados del malecón a una zona de albergue

La crisis migratoria que vuelve a poner a Necoclí, Urabá antioqueño, en el centro de atención, cada vez es más preocupante, o por lo menos este año, según la Defensoría del Pueblo, ha sido mucho mayor que en el 2021.

De acuerdo con el personero de este municipio, Wilfredo Menco, alrededor de 3.000 de los 10.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, que se encuentran en las playas de Necoclí desde hace varios días, comenzarán a ser trasladados a albergues hasta que logren un cupo en lancha hasta Capurganá y luego comenzar la peligrosa travesía por el Tapón del Darién rumbo a Estados unidos.

“Se están acondicionando los albergues con las unidades sanitarias respectivas y también se les va a hacer una jornada para darle alimentación a los que no tienen comida, así ayudaremos un poco en esta difícil situación humanitaria por la que vive el municipio, porque son muchas las personas sin recursos”, afirma Wilfredo Menco, personero de Necoclí.

El personero agregó que si bien el gobierno ha ayudado, la situación cada día es más complicada porque son menos los que se van y más los que llegan. En su mayoría están en condición de mendicidad, muchos niños sin ropa, pañales, entre otras necesidades que se evidencian en los alrededores y el casco urbano de Necoclí, específicamente en la playa, donde con carpas y otros con lo que se pueden tapar sobreviven en una crisis humanitaria que es latente en esta zona del país.

Por otro lado, este jueves instalarán la mesa de fronteras para definir las acciones para la atención de la población migrante, entre esas medidas estarán las estrategias para evitar que la población sea víctima de los grupos armados de la zona. Además, el alcalde de Turbo, Andrés Felipe Maturana, afirmó que entre las otras medidas es ayudar al rápido traslado de los migrantes hasta Capurganá, pero esta vez desde el muelle de Turbo, municipio cercano a Necoclí.

“Para que desde el muelle de Turbo también puedan salir esta población que hoy está represada en Necoclí y que necesitan de alguna forma transportarse, donde se venderán tiquetes de manera legal y se instalarán carpas y baños portátiles para los migrantes”, dijo Maturana.

Denuncian que migrantes se estarían sometiendo a explotación sexual

Mientras consiguen los recursos para financiar la travesía que inicia en el Golfo de Urabá, algunas mujeres se estarían sometiendo a la explotación sexual.

Así lo confirmó la agencia del Ministerio Público al reconocer que el escenario está fuera de control. Al menos diez mil personas de diferentes nacionales se asentaron en las playas del municipio de Necoclí, Antioquia, con el fin de encontrar los medios para llegar a Panamá. En el pueblo hay venezolanos, ecuatorianos, africanos y asiáticos.

Las mujeres que arriban a la subregión del Urabá serían las principales víctimas. Si bien no hay una investigación rigurosa que dé cuenta de las personas que estarían siendo instrumentalizadas, los defensores de los derechos humanos sospechan que en la lista hay menores de edad. Este fenómeno también se estaría presentando en Turbo y Acandí.

De acuerdo con los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, entre el primero de enero y el 30 de septiembre de 2022, en ambas poblaciones se reportaron 37 denuncias por delitos sexuales. En su mayoría, las mujeres son las principales víctimas de estas conductas.

En este momento la preocupación está escalando porque la presencia de menores de edad se multiplicó. La Defensoría del Pueblo cree que el 20 por ciento de las personas que buscan un puesto para llegar a Panamá son niños, niñas y adolescentes. Esta población es la que más estaría sufriendo por la rigurosidad de los recorridos en el Darién.

En ese sentido, el Ministerio Público exigió la intervención urgente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que haga presencia activa en el terreno, también en compañía de otras entidades del Estado con miras a verificar el cumplimiento de los derechos humanos y a reducir los riesgos que se encuentren en el camino.