Cuatro niños indígenas murieron por malaria en Antioquia; la ayuda médica no llegó porque hay combates con el Clan del Golfo

La Defensoría del Pueblo dio a conocer el lamentable hecho en el que han fallecido cuatro niños indígenas en el mes de septiembre, específicamente en el resguardo Andabú, municipio de Urrao, suroeste antioqueño. Esto debido al confinamiento en el que están más de 400 personas.

Aliam Sapia Bailarin, cabildo mayor de este resguardo, le contó a SEMANA que la preocupación no solo ha sido con el lamentable hecho de los niños que murieron, sino de muchos más que están enfermos y necesitan valoración médica urgente para evitar más víctimas mortales.

“A causa del desplazamiento han fallecido cuatro niños indígenas. No sabemos si solamente es por malaria u otras enfermedades. Hasta el momento 400 personas han estado confinadas en 73 familias por la problemática de los grupos armados que hacen presencia en el territorio”, dijo el cabildo mayor.

Y es que por los enfrentamientos de grupos armados ilegales ha sido difícil para las comunidades movilizarse, realizar actividades agrícolas, lo que también ha desatado un desabastecimiento de alimentos y la llegada de atención en salud para las comunidades indígenas inmersas en esta zona selvática de Urrao.

Además, desde la Defensoría informaron que desde agosto de 2022, a través de un Comité de Justicia Transicional, solicitaron a la Alcaldía de Urrao que adelantara una brigada de salud enfocada en los menores de edad, quienes gozan de especial protección del Estado.

Ese mismo día, la entidad también les solicitó a la Gobernación de Antioquia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unidad para las Víctimas, que adelantaran acciones urgentes para garantizar los derechos de 95 familias indígenas que se encontraban en situación de desplazamiento forzado y, en especial, se restablecieran los derechos de las niñas, niños y adolescentes de esa comunidad.

Desde la Regional Antioquia enviaron un oficio al alcalde de Urrao en el que le solicita información sobre las acciones adelantadas por la administración para garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de esta comunidad.

De acuerdo con la gobernación, el confinamiento que han sido recurrente en los últimos años es producto de las amenazas de los grupos armados que se disputan el control territorial.

“El confinamiento es una situación que es también parte del conflicto; encierran a las poblaciones, las cuales no pueden acceder a recursos mínimos como los alimentos y a sacar la producción de algunos productos agrícolas. Es importante una mayor presencia de fuerza pública en los territorios, para que impida la materialización de la desaparición y el reclutamiento, que es la modalidad de victimización que se está presentando”, sostuvo Luz Patricia Correa, directora de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia.

Richard Sierra, gerente indígena de la Gobernación, explicó que con la Unidad de Víctimas han venido gestionando ayudas para entregarles alimentos a estas poblaciones que exigen una pronta intervención de los gobernantes. “El Estado en su conjunto debe hacer presencia en estos territorios, que permita garantizar tranquilidad a las comunidades”, dijo Sierra.

Según Fernando Caisamo, consejero de derechos humanos de la organización indígena de Antioquia, explicó que no pueden salir de sus resguardos, por lo que le hacen una solicitud urgente al Gobierno departamental para que haya presencia estatal para realizar mediaciones.

“Como no somos población de estar manejando este tipo de conflictos y mucho menos de estar manejando armas, les ha tocado moverse a otras comunidades próximas que son del mismo resguardo, arriesgando sus vidas, debido a que son territorios en los que ellos se demoran para salir al casco urbano mucho tiempo. Allá ni siquiera llega la señal de radio, son comunidades muy apartadas, a raíz de los enfrentamientos de grupos armados como el Clan del Golfo, donde se disputan territorios”, sostuvo Caisamo.