Daniel Quintero confirma que fue revocada medida de casa por cárcel a exsecretaria de Educación de Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó en la mañana de este martes que una juez de la República revocó la medida de casa por cárcel contra la exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo.

“Se hace justicia. Una Juez de la República acaba de revocar la medida contra nuestra Secretaria de Educación Alexandra Agudelo. Me dirijo en este momento a su casa para darle un abrazo”, dijo el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, Daniel Quintero también señaló que: “Lo que intentaron hacer contra nuestra Secretaría de Educación es simplemente infame. Probamos que no hubo sobrecostos y ninguna irregularidad. Una fiscal de Medellín quiso quitarle la libertad y acusarla falsamente. Hoy un juez le entrega la libertad. La verdad siempre triunfa”.

En otro de los trinos, el alcalde de Medellín denunció que la exfuncionaria fue perseguida “el solo hecho de trabajar en nuestra administración. Luchar por la justicia y contra la corrupción tiene altos costos en lo político y lo personal. Pero no vamos a detenernos”, señaló.

Hace aproximadamente un mes cuando Agudelo fue cobijada con casa por cárcel, ella manifestó que seguiría defendiendo su nombre con serenidad. “Con serenidad seguiré defendiendo mi buen nombre y la gestión que con transparencia he realizado en la Secretaría de Educación de Medellín”, dijo.

Procuraduría ya había pedido la libertad

Después que la secretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, fuera cobijada con la medida de casa por cárcel, por una solicitud de la Fiscalía General de la Nación en el caso Buen Comienzo, en el que además están involucradas dos personas más, la defensa de la funcionaria calificó la detención como “injusta e ilícita”.

En el caso de Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo, también fue dictada medida de aseguramiento. Para estos dos casos la defensa presentó recurso de apelación.

La procuradora del caso pidió la libertad de la secretaria de Educación durante la apelación a la decisión de medida de aseguramiento contra Agudelo.

La procuradora delegada hizo énfasis en que las pruebas presentadas por la defensa minimizan el riesgo de las funcionarias, y pidió al juez de segunda instancia que no imponga medida de aseguramiento contra la secretaria de Educación y la funcionaria Lina Gil, y se busquen alternativas diferentes a la casa por cárcel.

Dijo que el hecho de que sean funcionarias públicas no significa que sean ordenadoras del gasto e intervengan en los contratos investigados.

“No podemos dejar de lado varias situaciones que nos dan a conocer que, si bien son funcionarias públicas, no es equivalente o sinónimo de tener disposición y dominio de la celebración de contratos, y por ello, al revisar esa documentación de la defensa encuentro que en efecto el riesgo se minimiza. La posibilidad de la argumentación que se habla, de una reiteración, se pierde un poco en razón a que la Secretaría de Educación fueron con información aportada por la defensa y no tiene incidencia en la celebración de contratos”, dijo la procuradora del caso.

Asimismo, los abogados defensores Santiago Trespalacios y Mildred Hartmann dijeron que la medida es injusta e ilícita, y que la juez no escuchó los argumentos de defensa que desvirtúan a la Fiscalía “como si le estuvieran hablando a una pared”. Pidieron que el juez de segunda instancia revoque la decisión.

Cabe recordar que durante la audiencia el juez tomó varias decisiones con relación a los implicados, una de ellas es que la secretaria Alexandra Agudelo tuviera que abandonar el cargo.

El caso

En su momento, la exsecretaria fue acusada por la Fiscalía de los cargos de peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, celebración de contratos sin requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos.

Son dos contratos que suman 23 mil millones de pesos los que la enredan ante el ente de acusación. Ambas iniciativas tenían el propósito de entregar paquetes alimentarios a los menores de edad y madres gestantes que estaban matriculados en Buen Comienzo.

De acuerdo con la Fiscalía, al parecer, la funcionaria, como ordenadora del gasto, habría omitido varios requisitos legales propios de la función pública para favorecer a la compañía que acaparó el proyecto Corporación Colombia Avanza. Sin embargo, el dinero no se desembolsó.

Otra de las puntas de este proceso judicial es que la Fiscalía presuntamente tendría material para probar un presunto sobrecosto en los alimentos que iban a ser adquiridos por la administración distrital. Los cálculos iniciales, supuestamente, darían cuenta de 1.300 millones de pesos.