Antioquia
Defensoría del pueblo alerta por el asentamiento de más de 3.000 desplazados en Remedios, Antioquia
Denuncian reclutamiento forzado a menores de edad por parte de grupos armados.
La Defensoría del Pueblo, regional Antioquia, alertó por el asentamiento de más de 3.000 personas en las laderas del municipio de Remedios, nordeste del departamento. De acuerdo con esta entidad, estas personas han llegado por distintas problemáticas en los que han sido víctimas en diferentes municipios del país.
Mediante una visita de los funcionarios de la Defensoría, pudieron evidenciar las condiciones en las que están sometidas estas personas; problemas en salud, alimentación, educación y lo más preocupante es que los menores de edad están siendo víctimas del reclutamiento forzado por parte de grupos armados con injerencia en la región.
“Hemos visto niños con dificultades respiratorias, vimos adultos mayores, mujeres restantes y varios líderes que vienen huyendo del territorio colombiano e indígenas, específicamente de la ciudad de Montería. La Alcaldía de Remedios se comprometió a atender la situación, mientras encuentran una solución para que estas personas regresen a sus lugares de origen”, sostuvo Yucellys Rincón, defensora del Pueblo en Antioquia.
La fuerza pública tiene en el radar a los emisores de las violencias en Antioquia: tres grupos armados organizados y más de cien grupos delincuenciales comunes organizados. La principal amenaza es el Clan del Golfo, ELN y Los Caparros. Estas organizaciones operan en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, nordeste, occidente y norte antioqueño.
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Alarma en Antioquia por aumento del desplazamiento
La Personería de la capital de Antioquia encendió las alarmas por el incremento que hay en el desplazamiento forzado en este departamento y Chocó. El llamado de atención tiene como fundamento las cifras de víctimas que llegan a la ciudad diariamente. En lo que va corrido del año, el Ministerio Público ha documentado 2.349 casos.
Frente a los datos de 2021, hay un aumento visible del 63 %. Mayo, junio y julio han sido los meses más críticos para las comunidades. Esos días coinciden con las acciones terroristas que adelantó el Clan del Golfo como retaliación por los procedimientos judiciales y operativos que desarrolló el Estado.
“En el mismo período del año 2021, fueron 1438 las personas víctimas de desplazamiento forzado. Mientras que para este 2022 se contabilizó un total de 2349 personas, teniendo un aumento de 911 afectados por este delito”, afirmó el personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda.
Los municipios de Antioquia más azotados por este flagelo son Caucasia, El Bagre, Ituango, Turbo, Segovia y Bello. En las primeras cinco poblaciones delinquen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Caparros, quienes están en disputa por el control de las rentas ilícitas de minería y cocaína.
En el radar de los organismos defensores de derechos humanos también están los departamentos de Chocó y Córdoba. Desde Quibdó han llegado 800 víctimas mientras que en el pueblo de Ayapel se instauraron 99 denuncias por el desplazamiento. Al igual que el resto de los territorios, el Clan del Golfo sería el principal responsable junto al ELN.
Algunos de los motivos que conllevan a las familias a abandonar sus tierras son las amenazas, homicidios, enfrentamientos, atentados, desapariciones forzadas, delitos contra la integridad sexual. Además, la vinculación de menores de edad al conflicto que sostienen los grupos armados para cobijar a más pueblos en las tres regiones.
Para hacerle contrapeso a esta lluvia de delitos, la Gobernación de Antioquia indicó que con el nuevo Gobierno nacional harán esfuerzos para proteger la vida. Ambos frentes del ejecutivo se plantearon reducir las muertes violentas con un resultado favorable en 2023: 25 homicidios por cada cien mil habitantes, esa estadística hoy está sobre los 77 casos.
Entre las soluciones urgentes priorizadas por el ente departamental se encuentra el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía, Ejército y la Fiscalía. Este año han hecho esfuerzos para mejorar la infraestructura en estaciones de servicio y la dotación de equipos tecnológicos para reforzar las tareas de inteligencia.