Dejan libres a tres peligrosos disidentes de las Farc, sorprendidos en caravana de la UNP, por orden de la fiscal Camargo

SEMANA conoció que tres peligrosos disidentes de las Farc recobraron su libertad por orden de la Fiscalía, luego de ser sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia en la caravana de la UNP que fue interceptada por el Ejército en Antioquia.

Se trata de Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, quien portaba un arma ilegal en las camionetas. Él es el comandante de la subestructura 18 del Estado Mayor Central y, por petición del Gobierno de Gustavo Petro, se le levantaron todas las órdenes de captura que cargaba en su contra desde el pasado 4 de julio.

El segundo es Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías. Él fue detenido en flagrancia, pero quedó libre porque también tenía las órdenes de captura suspendidas. Según las investigaciones de la fuerza pública, este hombre sería el cabecilla del frente Rodrigo Cadete, uno de los brazos criminales más sanguinarios del grupo armado.

La tercera es Diana Carolina Rey Rodríguez, delegada del frente Carolina Ramírez, que tenía un proveedor en el momento del operativo. Ella es la pareja sentimental de alias Calarcá y, en una resolución de la Fiscalía, también se pidió que le levantaran todas las órdenes de captura que tenía en su contra.

Si bien ellos quedaron en libertad, seguirán vinculados al proceso penal. La tormenta judicial no ha parado y ya hay quejas formales ante los organismos competentes para que se revise con lupa el proceder del ente de acusación.

Así las cosas, hay cuatro disidentes que siguen capturados: Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, comandante de la estructura 36 de las Farc; Omar Delgado Novoa, alias Boyaco, cabecilla del frente John Linares del bloque Jorge Suárez Briceño; Wenser Yonsony Duque, alias Oliver, cabecilla de comisión del frente Raúl Reyes; y una mujer identificada como María Alejandra Ojeda Londoño.

Alias Firu llevaría diez años al interior de las Farc. Sus primeros pasos fueron como explosivista del frente 36 en 2010 y, catorce años después, asumió las riendas de ese brazo criminal en los municipios antioqueños de Amalfi, Anorí y Cáceres.

La fuerza pública lo acusa de desaparición forzada, asesinatos, activación de artefactos explosivos y asonadas, además de reclutar a menores de edad e instrumentalizar a la población civil para beneficio propio.

Él no pudo esquivar la detención. Aunque la guerrilla le había pedido al gobierno beneficios judiciales para negociar la paz, esta petición no se había hecho efectiva, y lo enredó un proceso de la Fiscalía 74 por concierto para delinquir.

Alias Boyaco es el actual cabecilla de comisión de la estructura, Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc. Se presume que suma 22 años en el grupo armado, moviéndose entre los departamentos de Guaviare y Caquetá.

Las investigaciones preliminares advierten que él sería el encargado de dirigir cursos de entrenamiento a los guerrilleros. En efecto, se le señala de protagonizar varios atentados contra la fuerza pública en esa zona del país.

Este hombre tiene un proceso judicial por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, extorsión y desplazamiento forzado. Al parecer, seguiría haciendo exigencias económicas a empresarios y comerciantes, pero negocia la paz.

Wenser Sabana es el tercer cabecilla y encargado de las finanzas del frente, Raúl Reyes. Él tiene levantamiento de todas sus órdenes de captura, por petición del Gobierno nacional, porque está en negociaciones de paz.

Desde el 2007 está en la guerrilla y tiene conocimiento en fuerzas especiales, francotirador, explosivos, enfermería y mando. Lo señalan de los delitos de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, homicidio agravado y narcotráfico.

Interrogantes sobre el proceso y el papel de la Fiscalía y la UNP

Luego de la polémica que se generó en la opinión pública, por el traslado de delincuentes en camionetas destinadas a la protección de ciudadanos, SEMANA consultó al abogado experto en temas de índole constitucional y política, Johan Andrés Montenegro, quien indicó que “hay muchos interrogantes para el proceso de paz y cómo la Fiscalía General de la Nación va a salir a generar que los salvoconductos para estos, pero la movilidad de estos, los recursos, las armas. ¿Qué tiene para opinar la Fiscalía respecto a eso? Creo que es una de las interrogantes más grandes que debe responder la Fiscalía General de la Nación”.

“Hay varios interrogantes, como la procedencia de los fondos que se encontraron en esa comitiva, más de 100 millones de pesos y esos fondos de dónde provenían y si tenían un origen lícito y la responsabilidad de cara a los fondos y su proveniencia. De otra parte, el porte ilegal de armas, toda vez que seguramente son armas que no cuentan con salvoconducto ni pueden ser portadas y aunque se esté en el marco de un proceso de paz, esto no da licencia para delinquir”, agregó el experto.

¿Qué procesos legales pueden repercutir con la UNP?

“Creo que hay una posibilidad de disciplinarios y seguramente unas sanciones penales si la autorización de las camionetas no fue debidamente realizada. Toda vez que se están manejando recursos públicos y estos dichos recursos están en camino a la protección de los colombianos y no de fuerzas armadas ilegales como las disidencias de las FARC”, afirmó Montenegro.