Denuncian irregularidades en el último regalo que Daniel Quintero le dio a Medellín

La Alcaldía de Medellín causó una gran polémica en diciembre de 2022, cuando Daniel Quintero anunció que regalaría marranos en cada barrio del distrito. El escándalo pasó a la Fiscalía, a quien se le pidió investigar el suceso.

SEMANA conoció que la denuncia fue presentada por el secretario Privado del distrito, Simón Molina, quien alegó que el contrato de compra de 361 cerdos, entre 70 y 75 kilos, se habría tramitado sin ningún sustento técnico ni legal.

Los animales costaron cerca de 400 millones de pesos y, tal como lo advirtieron en su momento los funcionarios de contratación, esto superó los topes máximos del programa Navidades comunitarias, la estrategia con la que se apalancó.

En el documento se lee que “una de las asistentes alertó sobre lo inviable que resultaba la modificación pretendida”; es decir, cambiar los planes a última hora para que se pudieran comprar los cerdos para los barrios.

A juicio de la Alcaldía de Federico Gutiérrez, esta decisión tendría relación con conductas de connotación delictiva: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y eventuales intereses indebidos en la celebración de contratos.

Además de esta denuncia, se alertó sobre la presunta asignación a dedo de contratos por parte de la Secretaría de Planeación Ciudadana, a través de Plaza Mayor, para favorecer a diferentes corporaciones del distrito de Medellín.

Ante esta advertencia, el exalcalde Daniel Quintero respondió a SEMANA que no conoce los temas en mención, a razón de que no está siendo investigado por ellos. Él sostuvo que actuó de buena fe y con rectitud durante su paso por la administración.

“Después de haber denunciado lo que pasó en Hidroituango, trataron de perseguirme con falsas denuncias, pero en todos los procesos que estuvieron en mis manos mostramos rectitud donde dijeron que habría irregularidades”, dijo el exmandatario.

Lo cierto es que la capital de Antioquia está a la expectativa del tratamiento que le dará el ente de acusación a la cascada de denuncias que ha presentado el acalde Federico Gutiérrez, pues él dice que son más de 500 posibles irregularidades.

Hay unos temas más sensibles que otros. Por estos días, ha llamado la atención la supuesta coima que le habrían impuesto a contratistas distritales para favorecer presuntas campañas electorales en el futuro. Es el caso de Pilar Rodríguez.

Ella fue la directora de la Unidad de Niñez y alertó que los líderes de la Secretaría de Inclusión, al parecer, habrían condicionado su continuidad en el cargo a las transacciones que hiciera y la plata que recogiera entre subalternos.

“Nos dicen que para la campaña se necesita dinero y que el proyecto político para Quintero es a 20 años. Nos pusieron un documento donde están trazados los valores para los profesionales, técnicos y bachilleres para que nosotros, como jefes directos, les cobráramos”, dijo Rodríguez, quien salió del cargo tras negarse a pagar.