Desplazamiento masivo en Bolívar por enfrentamientos del ELN, Clan del Golfo y disidencias de las Farc

La Gobernación de Antioquia reportó la recepción de más de 260 personas que escaparon de las fuertes confrontaciones armadas registradas en el sur de Bolívar, protagonizadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las disidencias de las Farc; el objetivo es tomar las riendas de las economías ilícitas.

Las víctimas han llegado a los municipios del nordeste y Bajo Cauca. Ellos han narrado hechos violentos a manos de los delincuentes. Entre tantas cosas, dan cuenta de la incineración de dos viviendas, la quema de un puesto de distribución de gasolina, homicidios, hurto de dinero, objetos y documentos personales.

Todo esto ha tenido lugar en Santa Rosa del Sur de Bolívar desde el 21 de septiembre, una población ubicada en los límites con Antioquia. La lupa de los organismos de seguridad y justicia está puesta sobre la subestructura Uldar Cardona Rueda de las AGC, el frente de guerra Darío Ramírez Castro del ELN y el Estado Mayor Central de las Farc.

Frente a este escenario, la Séptima División del Ejército Nacional adelanta operaciones militares en ambos departamentos para garantizar la protección de la población civil y contener cualquier expansión de las estructuras criminales. Paralelamente, avanzan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de la ola de violencia.

La Gobernación indicó que, junto a la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ha dispuesto todas sus capacidades para la recepción, caracterización y cuidado humanitario de esta población con la entrega de alimentos y kit de albergue. El número de desplazados podría aumentar en los próximos días por los combates.

Ambos departamentos están coordinando la realización de un consejo de seguridad para el fortalecimiento de las acciones de control del Estado en las zonas rurales de los municipios de Santa Rosa del Sur, Segovia, El Bagre y Remedios, donde tienen fuerte presencia los grupos armados, enfrentados por asumir el poder y afianzar sus ingresos ilegales.

“La Gobernación reafirma su compromiso con la protección de la vida y la integridad de las comunidades. Continuaremos realizando esfuerzos en articulación con los organismos de Seguridad y Justicia y los demás departamentos para garantizar las condiciones de seguridad y el bienestar de las comunidades en todo el territorio”, manifestó la entidad este domingo.

Defensoría del Pueblo advierte posible desplazamiento masivo hacia Tierralta, Córdoba; población “continúa temerosa” luego de intimidación del Ejército

La Defensoría del Pueblo ha lanzado una advertencia sobre el posible desplazamiento de las comunidades de Bocas de Manso, lugar donde hace unas semanas se presentaron confusos hechos en los que la comunidad señaló al propio Ejército Nacional de intimidar a la población civil.

Según la entidad, los pobladores de esta vereda y de algunas zonas aledañas han manifestado que debido a la falta de atención del Estado, podrían desplazarse hacia el municipio de Tierralta, en el departamento del Córdoba.

“Habitantes de las veredas Crucito, Bocas de Cruz Grande, San Pablo, Gilgal, Tucú, Ballenas, Sancón, Gloria 1, Gloria 2, Llanos del Tigre y Palestina, establecidas desde hace varios días en Bocas del Manso, dicen que continúan temerosos de una situación como la ocurrida recientemente. Según lo dado a conocer por los lugareños, fue aumentado el número de militares en la zona desde el 21 de septiembre”, indicó la Defensoría del Pueblo.

El propio Carlos Camargo, defensor del Pueblo, dijo que las comunidades planean un “desplazamiento masivo” hacia dicho municipio con el fin de llamar la atención del Estado, de quien reclaman solución a sus peticiones. Debido a esto, desde la entidad han solicitado al Gobierno atender los reclamos de estas comunidades.

“Lo que nos han manifestado las distintas comunidades es que harán un desplazamiento masivo para que sus peticiones sean atendidas por la institucionalidad. En consecuencia, llamamos al Gobierno nacional, al departamental y al municipal para que actúen en beneficio de las familias. Es obligación del Estado atender sus reclamos y buscar las soluciones”, dijo Camargo.