Disidencias de las Farc imponen nuevo ‘manual de convivencia’ en Antioquia: estas son las indignantes reglas

Las autoridades están investigando la veracidad de un panfleto que habría emitido el frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia, donde da cuenta de un supuesto ‘manual de convivencia’ que deberían cumplir los habitantes de tres subregiones, tal como lo ordenaron hace unos días las subestructuras 18 y 58.

En el documento se lee que las escandalosas reglas cobijan a los municipios de Guadalupe, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Amalfi, Anorí y Bajo Cauca (Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza), cuyo objetivo sería “(…) aportar a la construcción de una verdadera paz con justicia social”.

La directriz de la guerrilla está condicionada a altas sumas de dinero. Es decir, si un ciudadano infringe la norma, debería pagar. En dado caso de que no cuente con los recursos, tendría la posibilidad de llegar a un acuerdo con la organización delincuencial para cancelar el ‘comparendo’ en menos de un mes.

Las normas del frente 36

En primer lugar, la persona no tiene permitido el consumo de sustancias psicoactivas en las zonas urbanas y rurales de los pueblos señalados. Si es sorprendida, la multa sería de $ 3′000.000. Los presuntos disidentes de las Farc advirtieron en el documento que “seremos implacables con el microtráfico”.

Las invasiones de tierra tienen una sanción de $ 7 millones; los “amanecederos” cuestan $ 3 millones; las riñas $ 2 millones; “a los que les gusta destruir con la lengua” más de $ 1 millón; ingresar animales a los establecimientos comerciales y a menores de edad a sitios donde vendan licor tendría una penalidad de $ 1 millón.

Ahora bien, después de las dos de la mañana, la guerrilla habría restringido el tránsito de carros. Si el conductor no demuestra una emergencia, “debe incurrir 3′000.000 y decomiso del vehículo por un mes. Todos aquellos deudores morosos han de realizar acuerdos de pago antes de un mes, de lo contrario, 1′000.000″.

Otras restricciones

Supuestamente, por disposición del frente 36 de las disidencias de las Farc, quien haya estado enfilado en el Ejército Nacional debería esperar dos años para retornar al territorio, contados a partir de la fecha en la que salió de la institución: “Si se les comprueba colaboración, serán declarados objetivo militar”, reseñaron en el texto.

Al parecer, “las personas foráneas” tendrían la obligación de informar a las juntas de acción comunal sobre su visita, tener una carta de recomendación o portar un carné que los identifique como habitantes de la región, un método que ha implementado la organización criminal para tener el control del territorio.

Esto se suma a las restricciones que impusieron los frentes 18 y 58 de las disidencias de las Farc en el municipio de Briceño. Allí también hay normas que están condicionadas a millonarias sanciones. De momento, el Ejército Nacional y la Policía tratan de hacerle contrapeso a las amenazas e intimidaciones.

¿Qué dicen las autoridades?

No es la primera vez que se denuncia este tipo de presiones por parte de las estructuras armadas en Antioquia. El gobernador Aníbal Gaviria Correa alertó que las disidencias estuvieron presionando un apoyo hacia el proceso de paz que sostienen con el Gobierno nacional con una movilización ciudadana.

Frente a este escenario, pidió reevaluar el proyecto de ‘la paz total’ por las críticas condiciones que hay en el departamento y otras regiones del país: “La ‘paz total’, he sido franco, lo sigo siendo, quedó mal definida desde el principio. Y quedó mal diseñada y esos vacíos se han hecho evidentes”, manifestó el mandatario.

Agregó: “Desde mi punto de vista, creo que el país se ha equivocado en una dicotomía que para mí es falsa, entre inversión social y seguridad. Yo creo que la primera inversión social es la seguridad. Cuando no hay seguridad, lo demás desaparece. Desaparecen los bienes, desaparecen los derechos”.

El muñeco de la muerte: el macabro plan para atacar a la Policía en Antioquia

Por otro lado, la Policía Nacional está investigando un supuesto plan que tendría una organización delincuencial para atacar a sus uniformados en la zona rural de Betulia, Antioquia, por medio de un muñeco que hacen pasar como muerto. Hay alerta máxima.

A las 4:55 de la mañana del pasado martes 22 de agosto ingresó una llamada a la institución donde un ciudadano dio cuenta del hallazgo de un cuerpo sin vida que había sido abandonado en la carretera que conduce de esta población hacia Concordia.

Los uniformados coordinaron con el cuerpo de bomberos para que verificara la información y diseñar la hoja de ruta. Los socorristas alcanzaron a observar la figura de un cuerpo sobre el asfalto y, cuando se acercaron, confirmaron que era un muñeco.

El supuesto cadáver fue elaborado con bolsas plásticas y caracterizado con prendas negras. Al parecer, sería un ‘señuelo’ para atentar contra la Policía. Los investigadores sospechan que, si en lugar de los bomberos hubieran acudido los patrulleros, habría ocurrido una tragedia.

Una de las hipótesis que cobra relevancia es que los oficiales enfrentarían una emboscada o la detonación de un artefacto explosivo camuflado en el sector, dado que no hubo rastro de detonantes dentro del falso cuerpo, según fuentes consultadas en la institución.

En esa zona delinque un grupo delincuencial conocida como ‘Los del 20 de Julio’ y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con la subestructura del suroeste. Una vez se informó del suceso, se activaron las alertas para mitigar los riesgos en el territorio.

El coronel Carlos Andrés Martínez Romero, comandante de la Policía Nacional en Antioquia, reseñó que la institución está fortalecida para atender este tipo de incidentes y las amenazas que hay por el plan pistola que promueven las disidencias de las Farc.

“Desde el nivel central, se han dado una serie de instrucciones relacionadas con la seguridad operativa. Esto es anticipación, comunicación. Estamos dispuestos, preparados y, claramente, conocemos la situación que se está presentando en el país”, dijo el oficial.

En lo que va corrido del año, la fuerza pública ha sufrido 26 ataques terroristas en el departamento de Antioquia. En medio de las emergencias, seis uniformados perdieron la vida de manera violenta, mientras que otros 18 resultaron heridos.