Disidencias, ELN y Clan del Golfo están instrumentalizando a comunidades en Cáceres, Antioquia, contra la fuerza pública, advierte la Defensoría

En medio de una crítica situación de vulneración de derechos humanos en la zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia, donde el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc se disputan el control del territorio, la Defensoría del Pueblo hace un enérgico llamado a estos grupos armados ilegales para que respeten los derechos de la comunidad y cumplan con las normas establecidas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La entidad rechaza las acciones que están afectando a los habitantes de esta zona del nororiente del departamento. Entre estas acciones se encuentran la siembra de minas antipersona, los desplazamientos forzados, la restricción a la movilidad y la prohibición del ingreso de alimentos y combustibles.

Además, se les exige a estos grupos armados que no instrumentalicen a los campesinos, obligándolos a realizar manifestaciones contra la fuerza pública que ejerce su labor constitucional en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. La Defensoría también rechaza de manera categórica el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. “Los menores de edad no tienen por qué estar integrando las filas de los ilegales, bajo ninguna circunstancia, práctica cruel que contraria la normativa del DIH”, asegura la entidad.

Asimismo, la Defensoría repudia la modalidad de homicidio implementada por estas estructuras criminales, en la cual no se permite a los familiares trasladar los cuerpos de las víctimas a los cascos urbanos ni reportar su fallecimiento. Se les obliga a enterrarlos en zonas rurales, evitando así el registro de estos crímenes.

El Bajo Cauca antioqueño es una de las regiones donde el conflicto armado se ha agudizado en los últimos años. Por esta razón, la Defensoría hace un llamado a los entes nacionales y territoriales, así como a las fuerzas de seguridad, para que brinden las condiciones de seguridad necesarias a todos los habitantes de Cáceres y sus alrededores.

“La Defensoría del Pueblo les exige a estas organizaciones criminales no afectar a la población civil, respetar sus derechos a la vida, a la integridad, a la libre movilidad, a la alimentación; igualmente, sus derechos económicos y sociales”, exige.

De igual forma, la Defensoría afirma que “propiciar escenarios de diálogo en los territorios, sumar esfuerzos reales de voluntad para sentarse a conversar, en los que participen todos los actores armados, es el verdadero camino que debe ser recorrido para encontrar la anhelada paz que claman los colombianos”.

Los temores más frecuentes de los alcaldes del país

Las alteraciones del orden público en las últimas semanas en algunas regiones del país y que han afectado a integrantes de la fuerza pública y de la población civil, ha generado serias preocupaciones entre los alcaldes municipales.

Uno de los casos de este tipo tiene que ver, por ejemplo, con la granada que fue lanzada el viernes, 7 de julio, después de las 8:00 p. m. en el municipio de Puerto Rico, Meta, al paso de una patrulla de la Policía.

El incidente deja como balance tres viviendas afectadas en el barrio El Jardín, cerca del polideportivo. Frente a esta situación, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, indicó en su cuenta de Twitter: “En el municipio de Puerto Rico, sobre las 8:10 p. m. al paso de una patrulla de la policía, les lanzaron una granada. Tenemos 3 viviendas afectadas, afortunadamente están bien nuestros policías y no hay civiles heridos. Cobardes y miserables que nos quieren regresar al pasado”.

Por situaciones como estas, desde la Federación Colombiana de Municipios, se conoció un pronunciamiento en el que los alcaldes y alcaldesas del país, manifiestan el rechazo por el brote de violencia que se está presentando en los territorios.

Los mandatarios además solicitan con urgencia “acciones por parte del gobierno nacional para que se brinden todas las garantías de seguridad a los ciudadanos”, indican en el documento.

Una de las más fuertes preocupaciones de los alcaldes tiene que ver con las elecciones regionales que se tendrán en el país el próximo 29 de octubre y con las garantías en materia de seguridad antes, durante y después de este evento democrático en el que serán elegidos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.

“Advertimos que el ejercicio democrático que se avecina para la elección de autoridades municipales y regionales del próximo mes de octubre, podría afectarse de persistir las acciones violentas”, aseveran.

Este tipo de situaciones son confirmadas por la Defensoría del Pueblo desde donde han confirmado en el marco de un nuevo reporte de seguimiento a las treguas decretadas por el Gobierno con organizaciones al margen de la ley, que la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central realizaron 48 violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) entre los meses de mayo y junio.