Disputa territorial del Clan del Golfo, ELN y disidencias de las Farc ha instrumentalizado a la población de Cáceres, Antioquia

En comunicación dada a conocer por la Defensoría del Pueblo, la entidad expresa su preocupación por la situación de vulneración de derechos humanos que asegura se viene presentando en la zona rural del municipio de Cáceres, en Antioquia.

De acuerdo con el informe entregado, lo que ocurre en el lugar es algo crítico y provocado por el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, quienes “han obligado a campesinos a hacer manifestaciones contra la fuerza pública para impedirle ejercer su labor constitucional”, aseveran desde la Defensoría.

Destacan que estos grupos al margen de la ley también “han implementado una modalidad de homicidio, en la que impiden a los familiares trasladar los cuerpos hasta las zonas urbanas, los obligan a enterrarlos en los campos para evitar que sea registrado el hecho criminal”.

Esta entidad basa estas afirmaciones en lo que sería la disputa metro a metro del control del territorio que llevan estos grupos, por lo que les hizo un enérgico llamado para que respeten los derechos de la comunidad y lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“La Defensoría les exige a los actores armados ilegales que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño, respetar los derechos a la vida, la integridad, la libre movilidad, la alimentación, entre otros, de todos los habitantes del nororiente del departamento”, afirman en el documento.

Adicionalmente, desde la Defensoría del Pueblo indicaron que rechazan las acciones que están afectando a quienes habitan esa zona del nororiente del departamento, como la siembra de minas antipersona, los desplazamientos individuales, la restricción a la movilidad y la prohibición del ingreso de alimentos y combustibles.

Con relación al reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes; expresaron que rechazan esta práctica. “Los menores de edad no tienen por qué estar integrando las filas de las ilegales, bajo ninguna circunstancia, práctica cruel que contraria la normativa del DIH”, dicen.

De la misma manera, la Defensoría repudia la modalidad de homicidio que viene siendo implementada por esas estructuras criminales, en la que no se permite a los parientes trasladar los cuerpos a los cascos urbanos, ni reportar su fallecimiento. Los obligan a enterrarlos en zonas rurales, lo que evita el registro del hecho criminal.

Ofrecen hasta $ 100 millones por información de los alias Cedral y Ramiro. Serían los responsables de alterar el orden público en Ituango, Antioquia

Con el ofrecimiento de una recompensa de hasta $ 100 millones, la gobernación de Antioquia y las autoridades encargadas de la seguridad, buscan capturar a los hombres conocidos con los alias de Cedral y Ramiro.

Estos hombres son señalados de ser los responsables de alterar el orden público en el municipio con el asesinato de dos líderes sociales esta semana y obligar el desplazamiento de otras dos por el temor de perder sus vidas.

La decisión de la recompensa fue tomada en una reunión de seguridad y derechos humanos en la que se analizaron los últimos hechos ocurridos en esa población en la que fueron asesinados en menos de 24 horas. César Tapias, líder de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada del Medio, y Ludis Jaramillo, integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Capote del corregimiento La Granja.

Frente a esta situación, el secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, Oswaldo Juan Zapata, afirmó “hemos destacado una recompensa de la Gobernación de Antioquia con los organismos de seguridad y justicia de hasta 50 millones de pesos por la ubicación y captura de alias Ramiro, cabecilla principal del Grupo Armado Organizado Residual de las Farc frente 18″.

De acuerdo con el funcionario, en el encuentro también se determinó ofrecer hasta $ 50 millones por información que facilite la captura de alias Cedral. Este hombre sería el “principal instigador de las autodefensas Gaitanistas en el municipio, estructuritas responsables de la violencia contra miembros de Juntas de Acción Comunal y otras acciones contra la población civil”, dijo.

De otro lado el gobernador (e) de Antioquia, Juan Pablo López, confirmó que se acordó en esta reunión de seguridad y derechos humanos ofrecer esta recompensa. “No vamos a permitir que sigan sembrando terror en Ituango”, aseveró.

Otras de las decisiones que se tomaron en el encuentro son:

• Se acordó incrementar las capacidades de judicialización, persecución del delito y prevención en todo el municipio.
• Apoyo y acompañamiento en actividades de prevención, protección y atención en el municipio a líderes, defensores y firmantes de paz.

De acuerdo con las labores de inteligencia de las autoridades, las alteraciones del orden público en Ituango obedecerían a una fuerte disputa por el control territorial entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El próximo 18 de julio, en el municipio de Yarumal, sesionará la CIPRUNNA (Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes), allí se solicitará más apoyo del Gobierno Nacional frente al flagelo del reclutamiento de los menores de edad.