El juego macabro del Clan del Golfo con los niños del Bajo Cauca

SEMANA conoció informes de la Defensoría del Pueblo y el Ejército Nacional donde se da cuenta de la instrumentalización de menores de edad en medio del paro de mineros que infiltró el Clan del Golfo en las subregiones del Bajo Cauca y nordeste antioqueño.

El grupo armado recluta a personas desde los doce años para atacar a la Fuerza Pública con piedras, bloquear los ejes viales con árboles, enviar mensajes violentos a los comerciantes para que no abran los negocios e incinerar los vehículos que violen su ley.

Este escenario se ha identificado en los municipios de Caucasia y El Bagre, donde la estructura delincuencial acapara el poder urbano. Las invitaciones para participar en el caos se comparten como si fuera una vacante de empleo con su respectivo salario.

La inteligencia militar estableció que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ofrecen salarios que van desde los 70 mil pesos hasta los 100 mil pesos para hacerle contrapeso a las autoridades. Principalmente, prefieren a los niños y jóvenes.

Mientras que la Defensoría del Pueblo indicó que las ofertas son reforzadas con estupefacientes. Según los relatos que han recopilado, al parecer, estarían motivando a los más pequeños con drogas gratis a cambio de alterar el orden público en las carreteras.

Ambas entidades aseguran que utilizan a los menores de edad para que puedan esquivar sus responsabilidades judiciales, en dado caso de ser sorprendidos en los hostigamientos. En 24 horas, se aprehendieron a 29 de ellos. Varios confesaron las tareas de las AGC.

Uno de los soldados que ha estado al frente de los operativos de control en Caucasia, cuyo nombre pidió omitir, describió que, según la apariencia física de los protestantes, se podría interpretar que estarían bajo los efectos de sustancias psicoactivas o el licor.

El presidente Gustavo Petro afirmó que los jóvenes que están detrás de las vulneraciones que tienen lugar en el Bajo Cauca no han recibido estudio y, en efecto, no saben que se convirtieron en violadores de derechos humanos. Así lo dijo en sus redes sociales.

“Recibieron dineros del Clan del Golfo para hacer daño y hacer pasar esa violencia como un paro social. Dañan a su propio pueblo y a su familia. Lamentablemente, las condiciones de pobreza hacen que una parte de la juventud esté dispuesta a venderse”, escribió Petro.

La misma radiografía entregó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. La información que le ha suministrado la Fuerza Pública lo remite a la época más sangrienta que vivió la ciudad de Medellín, en el tire y afloje por la expansión del narcotráfico:

“Al parecer, este grupo ha pagado a la manera que hacía Pablo Escobar hace décadas para pagar por el asesinato de policías. Aquí se paga por la quema de vehículos y mire donde vamos”, comentó el mandatario regional, señalando con el dedo al Clan del Golfo.

Se presume que tres personas estarían detrás de los incidentes: José Miguel Demoya, José Ramón Zapata y alias Darío. Ellos serían las cabezas visibles de las subestructuras armadas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Bajo Cauca, Córdoba y Bolívar.

Producto de sus órdenes, más de 300 mil ciudadanos han estado viviendo horas de zozobra. Se conoció que los violentos amenazan a la población con artefactos explosivos para que no circulen o se sumen a la medida ilegal del toque de queda en la subregión.

Lo cierto es que la Fuerza Pública redobló su presencia en el territorio para retomar el control del orden público. Sin embargo, defensores de derechos humanos creen que el amplio número de uniformados se está traduciendo en temor para las comunidades.