El macabro ‘reality’ a las afueras de las escuelas de Antioquia que enfrentan los niños que son reclutados por el Clan del Golfo y el ELN

Cada cuatro días un niño suelta sus juguetes para agarrar un arma de fuego o drogas en Antioquia, según datos de la Defensoría del Pueblo. Detrás del reclutamiento ilícito en esta región de Colombia, hay macabros retos que impulsan las estructuras delincuenciales para llenar sus filas con los más pequeños, quienes, por ser menores, pueden esquivar con más facilidad los líos judiciales.

SEMANA recogió testimonios en el nordeste y norte del departamento que revelan una serie de concursos, unos más dolorosos que otros, con los que las organizaciones perfilan a los menores y los encajan en el rompecabezas del mundo criminal: vender drogas, cobrar extorsiones, disparar en el monte, custodiar las minas o vigilar los pasos de la fuerza pública en el territorio.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc están dispuestos a pagar hasta un millón de pesos por los escalofriantes servicios que ofrecen los muchachos en una guerra que no iniciaron, pero que multiplican inocentemente cuando toman la decisión de abandonar los colegios bajo la promesa de salvar a la patria de fantasmas imaginarios.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades locales de estas subregiones, los delincuentes no encuentran obstáculos en el camino para atrapar a los niños, pues son los que definen el bien y el mal, sobre todo, en los rincones donde no tienen peso las leyes del Estado. En los municipios de Remedios, Segovia, Briceño, Yarumal, Angostura, Ituango, Valdivia y Campamento, la Defensoría ha contabilizado 45 casos de reclutamiento forzado.

No obstante, se sospecha de un subregistro inmenso porque las personas no se atreven a denunciar por temor a represalias o desconocen que son víctimas de un flagelo que es castigado. “La sociedad ni el Estado les dice que esto no se hace porque tiene consecuencias”, relató la defensora del pueblo en Antioquia, Yucelly Rincón Torrado.

Ella reveló que, para los grupos armados, los pasillos de los colegios son el laboratorio más privilegiado a fin de recoger a los aspirantes al crimen. Algunos docentes tienen la orden de limitar la formación a la escritura y la lectura, esquivando los cursos de historia. Quien no cumpla con la orden recibe una sentencia de muerte. Hoy 32 docentes rurales están amenazados en esta región.

El primer combate

Fuentes consultadas en Segovia, cuyas identidades se reservan por seguridad, narraron que el primer reto que deben superar los menores es un combate con un compañero de su misma edad. Ambos se agreden delante de varios espectadores y, con base en el resultado, hay un cupo en la estructura delincuencial. Una funcionaria de este municipio dijo que esta riña “es un entrenamiento y los prepara para lo que tienen que enfrentar en el microtráfico”: ajustar cuentas con los morosos y hacer respetar las plazas de vicio. En medio de esa lucha, en 2023, teniendo en cuenta los datos de la Policía Nacional, cerca de 13 personas han sido asesinadas solo en esta población.

Luego de demostrar sus capacidades físicas para herir al contrincante y el interés de defender las banderas del grupo armado, el menor se deshace de los cuadernos y es enviado a campos de concentración durante dos meses. Así lo puso en evidencia la Defensoría del Pueblo en las alertas tempranas que ha compartido con el Gobierno y la fuerza pública, dejando claro que hay un riesgo inminente de reclutamiento.

“Allí empiezan a mirar para qué sirve el menor. Cuando el niño muestra aberrantemente las facultades, terminan vinculándolo dentro de las filas. Pero hay otros menores que, simplemente, los dejan para llevar y traer elementos”, agregó Rincón Torrado. Otra de las funciones que asumen es ser “campanero”, es decir, mantener informados a los grupos delictivos de los movimientos que hay en el pueblo.

Por su parte, las niñas tienen claro desde el principio que, además de aportar a las economías ilegales, deben ofrecer sus cuerpos para saciar los deseos sexuales de los comandantes. Como compensación a la pesadilla, reciben un salario mensual y objetos de valor que no les haga dudar de la permanencia en las filas.

Este fenómeno fue identificado por la Defensoría en Ituango. Aunque no hay denuncias radicadas en la Fiscalía General de la Nación que soporten la realidad y puedan avanzar las investigaciones para encontrar a los responsables, hay testimonios bajo reserva de la Defensoría que llevan a los funcionarios a encender las alarmas ante las autoridades para tomar acciones de prevención y arrebatarles el poder que hoy ostentan los ilegales en los territorios.

¿Sin más opciones? 

El alcalde de Yarumal, Miguel Ángel Peláez Henao, considera que la presencia histórica de estos actores delincuenciales estaría motivando a los jóvenes para incluir en sus proyectos de vida la criminalidad, pues no tienen otros modelos para replicar y el Estado no los ha acompañado: “Es doloroso, pero eso nos ha reportado la comunidad. Presuntamente, todos se van por voluntad propia”.

Antes de tomar esa decisión, los menores son adoctrinados con ideas opositoras a la institucionalidad.

Allí se ha visto cómo las disidencias de las Farc y el ELN se pasean por los colegios, invitan a los alumnos a entonar sus himnos y, tal como lo documentó SEMANA, los incitan a colorear los símbolos con los que aterrorizan a Colombia. Más tarde, refuerzan sus teorías con regalos. A este escenario se le suma la falta de oportunidades en las zonas rurales para pensar en un futuro diferente que no sea empuñar un arma, y los problemas de cada uno en el hogar que, supuestamente, los hace pensar que es más fácil la vida con los ilegales. Con todo esto, “no podemos desestimar que es reclutamiento forzado y tenemos la obligación de protegerlos”, advirtió el mandatario de Yarumal.

En las últimas semanas, la campaña ha migrado ampliamente a las redes sociales. Por ejemplo, en un video de 51 segundos los guerrilleros mostraron las actividades que realizan diariamente, al parecer, en las montañas del departamento y ambientaron las imágenes con una espeluznante canción en la que se escucha repetitivamente: “Ingresa, ingresa, ingresa a las Farc, ingresa por la libertad”. 

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, cuestiona los gestos de paz que estarían manifestando los actores ilegales en el marco de las negociaciones que adelantan con el Gobierno: “Cobardes todos aquellos que reclutan niñas y niños para la guerra. Hace varios meses venimos denunciando esta grave situación que se presenta en el norte de Antioquia”.

Para Gaviria Correa, el proceso que dirige el comisionado Danilo Rueda con los rebeldes “arrancó mal y va mal”, pues no se construyó sobre bases sólidas, lo que ha generado violaciones de los derechos humanos en el marco del fallido cese al fuego con las Farc y el Clan del Golfo, como la instrumentalización de los más pequeños. En consecuencia, sugiere que las regiones sean escuchadas para redireccionar el anhelo de paz de todos los colombianos.