Antioquia
El pueblo de Antioquia que declaró toque de queda para la jornada electoral
La Personería de Anorí alertó por el incremento de homicidios en la localidad, asociado a la presencia de los grupos armados que delinquen en la zona.
Las autoridades ordenaron frenar la circulación nocturna por las calles de la zona urbana y rural del municipio de Anorí, Antioquia, por el alto índice de inseguridad que protagonizan las disidencias de las FARC y el ELN, quienes podrían poner en riesgo las elecciones del próximo domingo.
Con la firma de Juan Camilo Piedrahíta Ceballos, mandatario del pueblo ubicado en la subregión del Nordeste, se dio a conocer el decreto que contempla cuatro medidas restrictivas justificadas en los estragos que han hecho los ilegales.
En la última semana se presentaron extorsiones, intimidaciones y cinco homicidios, entre las víctimas recientes hay un concejal y, en días anteriores, fueron asesinados dos patrulleros de la Policía Nacional por miembros de un grupo armado como retaliación por las operaciones desarrolladas por la fuerza pública.
En efecto, la decisión es necesaria para “conservar el orden público y poder así ejercer el control y prevenir cualquier hecho lamentable”, señaló el alcalde.
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Así las cosas, desde este martes hasta el 30 de mayo, los ciudadanos no están autorizados para salir de sus viviendas entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana del día siguiente.
Durante las mismas fechas y horarios está prohibida la circulación de motocicletas y los establecimientos comerciales deben prestar los servicios por fuera del tiempo de la restricción.
Sin embargo, las personas que tengan argumentos de fuerza mayor o una emergencia que ponga en riesgo la integridad física de alguien, podrán transitar con normalidad.
Las alertas
Con base en las estadísticas delictivas del Grupo de Investigación Criminal de la Policía Nacional, este año se han presentado 17 muertes violentas en Anorí y los grupos armados ejecutaron dos ataques terroristas.
Andrés Ciro Moreno, vocero del Ministerio Público en este municipio, detalló que la situación es preocupante porque “la muerte puede estar a la vuelta de la esquina, estamos perdiendo vidas de personas jóvenes”.
El funcionario recalcó que “como sociedad tenemos que recapacitar y tomar conciencia que la vida es un bien superior y la debemos respetar sobre todo”.
En medio de un consejo de seguridad que se llevó a cabo en la zona la Personería lanzó varios mensajes de auxilio porque la violación a los derechos humanos es visible en todos los rincones de Anorí.
“La alerta se le hizo a la Gobernación de Antioquia, Policía Antioquia, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación”, concluyó el funcionario.
Elecciones
Frente al escenario violento que vive la población de esta localidad, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, emitió una alerta temprana para proteger los intereses del pueblo en medio de las elecciones presidenciales porque los grupos armados son una amenaza.
En el radar de la entidad están los integrantes del frente 36 de las disidencias de las FARC, ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo).
Otros municipios
A juicio de la Defensoría, en siete municipios de Antioquia hay riesgo extremo y 30 están marcados con riesgo alto. Sin embargo, el Gobierno nacional solo reconoció la inestabilidad en 17 territorios localizados en las subregiones de oriente, noreste, Urabá y Magdalena Medio.
Si bien las cifras ni los territorios concuerdan, ambas entidades acordaron que se debe ampliar la presencia de la fuerza pública para garantizar la seguridad antes, durante y después de la primera vuelta presidencial que tendrá lugar el próximo 29 de mayo.
Un parte de confianza en el proceso electoral en diferentes países y en zonas de frontera entregamos desde la Defensoría del Pueblo después de verificar con las autoridades consulares y de realizar una visita en terreno en la frontera con Venezuela.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 25, 2022
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Por un lado, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sugirió que el Estado está en la obligación de “implementar más mecanismos de investigación y verificación por las denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos y sus campañas”.
Mientras que el ministro del Interior, Daniel Palacios, respondió que toda la institucionalidad está enfilada para proteger todos los rincones del departamento con el fin de mitigar cada uno de los riesgos que se han anticipado.