Empresa de la mina en Buriticá, donde ocurrió atentado, ya había pedido al presidente Petro una urgente intervención: “El Gobierno hizo caso omiso”

Hace poco, un trágico hecho ocurrió en una mina del municipio de Buriticá (Antioquia), la cual pertenece a la empresa Zijin Continental Gold. El incidente sería un atentado con un cilindro bomba en el nivel 1190, en el que varios trabajadores estaban adelantando labores contra la ilegalidad en compañía de algunos integrantes de la fuerza pública.

La situación dejó dos personas muertas, entre las que está un trabajador contratista y un vigilante de la empresa Atempi que prestaba el servicio de seguridad en el sitio. Asimismo, se estima que más de 10 personas resultaron heridas.

Mientras que varias de las personas afectadas ya recibieron el alta, otras continúan en el hospital San Juan de Dios del municipio de Santa Fe de Antioquia.

Sin embargo, se conoció que la mencionada empresa ya había emitido una alerta en la que se consignó los riesgos que se presentaron y pudieron haberse evitado, en medio de la presencia del Clan del Golfo en la zona.

El pasado 26 de enero del presente año, Zijin Continental Gold envió una carta dirigida el presidente Gustavo Petro con la que se hizo la solicitud de una urgente intervención.

En efecto, la senadora María Fernanda Cabal subió el comunicado a redes sociales y escribió: “La empresa Zijin Continental Gold había advertido en una carta, dirigida a Gustavo Petro, el riesgo de atentado por parte de grupos subversivos. El Gobierno hizo caso omiso y hoy, en el atentado a la mina en Buriticá, asesinaron a dos personas y dejaron 14 heridos”.

Teniendo en cuenta la información que se puso en la carta, el proyecto de la mina en Buriticá es de “Interés Nacional Estratégico” y fue puesto en marcha en 2020. “La empresa reporta inversiones por más de 44 millones de dólares para la construcción de la planta de agua más moderna de Colombia”, agregaron.

Sin embargo, luego de ello, pese a que se mencionó la acción del Gobierno y autoridades, también se abordó la situación de riesgo que la minería ilegal les ha generado en relación con sus labores.

“En Buriticá continúa el actuar y el control de la minería ilegal que ejerce el Clan del Golfo, lo cual pone en riesgo no solo la situación de orden pública, sino la vida e integridad de quienes adelantan este tipo de actividades de manera irregular, del personal de la compañía, sus contratistas, la fuerza pública y en general de la comunidad del municipio de Buriticá y el occidente antioqueño”, se alertó en la misiva.

Aunque se indicó que hubo un esfuerzo por parte de las autoridades municipales, “la situación ha desbordado la capacidad de la Fuerza Pública local, que no ha logrado detener el avance de la actividad de minería ilegal que afecta al municipio y, al contrario, ha visto como se incrementa el actuar ilegal con el pasar del tiempo”.

En la misma línea, la empresa dio un panorama de la situación. El área minera de la compañía se divide en tres zonas de desarrollo: túnel Yaraguá (alta), túnel Rampa (media) y túnel Higabra (sur).

No obstante, el 100 % del túnel Yaraguá se encuentra afectado por la minería ilegal; además, también se señaló que una parte del túnel Rampa tampoco se salvó de ser invadido. En consecuencia, la compañía tuvo que abandonar labores en la zona alta y media y continuó en la zona baja.

“Sin embargo, a finales de 2022, los mineros ilegales conectaron la estructura del túnel Higabra, desplazando al personal de la compañía usando armas de fuego y artefactos explosivos improvisados, en medio de un despliegue de violencia que se mantiene en la actualidad”.

En efecto, se estimó que más del 50 % de las labores de la empresa se vieron truncadas, mientras que hay un incremento en la presencia de mineros no autorizados en la estructura minera.

“Estas actividades se realizan mediante accesos excavados desde predios privados de terceros dirigidos hacia la infraestructura subterránea de la compañía, desde los cuales implementan la estrategia de “dominio de bloque”, invaden los túneles de la operación para adelantar actividades de explotación minera de manera mecanizada, con labores de gran envergadura, sin control ni planeamiento alguno, ni mucho menos respeto por la normatividad minero ambiental o en materia de seguridad en labores mineras, utilizando además explosivos obtenidos de manera ilegal o de fabricación artesanal que también usan para atacar el personal de la compañía, sus contratistas, guardas de seguridad y a la Fuerza Pública. Se calcula que durante el año pasado se utilizaron alrededor de 100 toneladas de explosivos ilegales, de los cuales aproximadamente el 70 % fueron fabricados por INDUMIL. Adicionalmente, y con el fin de intimidar a los empleados de la compañía a contratistas y repeler a la Fuerza Pública, disparan armas cortas y fusiles e instalan en los túneles cilindros de gas y extintores cargados con explosivos”, detalló la extensa carta.

Aun cuando se hizo la advertencia e incluso la compañía solicitó una urgente intervención, ocurrió el reciente atentado en la mina de Buriticá. Además, la empresa también compartió cifras de las actividades ilegales: detonaciones, usos de artefactos de explosivos improvisados y disparos en contra del persona de la compañía y la fuerza pública; todo lo anterior como muestra de que sus vidas estaban en peligro.

Como si fuese poco, también se escribió sobre el daño medioambiental que produce la minería ilegal y el impacto en la salud por el uso de mercurio.

“Según ha sido confirmado por las mismas autoridades, las actividades mineras en el municipio de Buriticá se encuentran permeadas por el Clan del Golfo, y significan una renta muy importante para su aparato criminal, que se suma a los recursos que obtienen por narcotráfico, contrabando, entre otras actividades ilícitas. Este es, además, un combustible que afecta claramente al ambiente en la zona, a la sociedad en su conjunto y amenaza la seguridad de la región y el país. De acuerdo con lo observado por la compañía en el marco de su operación, las afectaciones de la minería ilegal se pueden resumir en los siguientes puntos: contaminación ambiental; ellos solo se enfocan en recursos ricos en minerales sin importar las afectaciones a los recursos naturales; esta minería antitécnica en Buriticá evidencia una falta de estándares nula inversión en materia de seguridad industrial; a los mineros en la zona los tratan como esclavos”, concluyó la misiva de cuatro páginas para el presidente Gustavo Petro.

En vista de todo lo anterior, la senadora María Fernanda Cabal criticó el accionar del Gobierno de la siguiente manera: “Es indignante que hayan hecho caso omiso a esta misiva, cuando en la última página se puede ver que enviaron copia a más funcionarios del Gobierno, incluido el ministro de Defensa. Esta es la realidad de Colombia: al presidente no le interesa la amenaza terrorista”, se lee en Twitter.