En cárcel El Pedregal, reos entrarían en huelga de hambre como protesta por mal estado de alimentos

Los reclusos de la cárcel El Pedregal, al occidente de Medellín, iniciarán una huelga de hambre ante las quejas que han anunciado por el estado en que están recibiendo los alimentos. Esta manifestación pacífica estará apoyada por los familiares de esta población con el fin de que los escuchen desde el Inpec.

“Esas personas que están privadas de la libertad tienen derecho a una alimentación digna, no a lo que le están dando. Hoy 2 de enero sigue llegando en pésimas condiciones la alimentación para esta población, a eso se le suma que sigue llegando carne de dudosa procedencia. No se sabe si es carne de burro, caballo”, sostuvo Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población carcelaria.

Cabe recordar que la semana pasada se divulgaron unos videos de las quejas por el mal estado de la alimentación. Allí quedó en evidencia la carne no apta para el consumo humano, este caso sería de burro, donde el alimento trae pelos del animal.

“Vea la carne de Pedregal como nos la dieron hoy, puro caballo, vea los pelos que no es mentira. Diosito, se sabe que estamos presos, pero tampoco así”, dijo un interno en el video.

Ante estos hechos, que ponen en peligro la salud de los internos, la veeduría exigió un pronunciamiento de la directora de este centro penitenciario y la dirección regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). De acuerdo con Carmona, esta situación ya fue puesta en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional.

“No hay derecho que el Gobierno nacional actual esté hablando de una paz total en Colombia, mientras que quienes manejan los archimillonarios contratos de alimentación en las cárceles y estaciones de policía de Medellín y Antioquia estén usando ratas, gatos, mulas y pollos en estado de descomposición para alimentar a la población privada de la libertad”, aseguró Carmona.

Por otro lado, cabe recordar que la Personería de la capital de Antioquia encendió las alarmas en la tarde del pasado 30 de noviembre por las críticas condiciones en las que se encuentran más de 3.000 personas que están recluidas en el centro carcelario de El Pedregal. De acuerdo con la denuncia, duraron más de tres días sin agua.

Según las estadísticas del Inpec, en el centro penitenciario de El Pedregal se encuentran recluidas 3.459 personas, cuando la infraestructura está diseñada para atender a 3.165 ciudadanos. Es decir, hay una sobrepoblación que supera el tres por ciento. Dentro del penal hay sujetos condenados (2.253) y sindicados (979).

De igual manera, la Personería Distrital de Medellín llamó la atención por las condiciones en las que se encuentra la población privada de la libertad en la capital de Antioquia. De acuerdo con los análisis adelantados en los últimos días, el hacinamiento en los centros de detención transitoria supera el 800 % de su capacidad.

La grave situación de los derechos humanos se ha identificado en las estaciones de la Policía Nacional, unidades de reacción inmediata y salas de paso que no están diseñadas para cumplir con las obligaciones que hoy están asumiendo: atender por un largo periodo a las personas que están a la espera de resolver su situación judicial en el Valle de Aburrá.

Con corte al 7 de octubre, en esta región del país están recluidos por fuera de los centros carcelarios cerca 1.801 ciudadanos mientras llegan sus sentencias. En los penales no han sido acogidos porque también están a reventar. Con base en los índices del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la sobreocupación es del 98 %.

Ese número es aterrizado por el defensor de los derechos de la población privada de la libertad en Antioquia, Jorge Carmona. En sus visitas identificó que la carencia de la oferta se puede evidenciar en cada rincón de los espacios donde están los reclusos. Además, denuncia supuestos incumplimientos en los alimentos y los servicios de salud.

“Es realmente preocupante, indignante, humillante, discriminatorio e inhumano. No pueden olvidar que estas personas, así sean condenadas, sindicadas, culpables o inocentes, aún no han perdido la condición de seres humanos y deben ser tratadas como tal. Este problema ya lleva de diez largos años”, señaló el veedor ciudadano.