Antioquia
En el Urabá antioqueño toman medidas contra el reclutamiento de menores
Cada cuatro días un niño suelta sus juguetes para agarrar un arma de fuego o drogas en Antioquia.
Las autoridades en el departamento de Antioquia continúan en la ofensiva contra el reclutamiento de menores en la subregión del Urabá. El trabajo es adelantado en conjunto entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ejército Nacional.
El proceso incluye un trabajo especial con los infantes, a quienes les entregan información relacionada con los riesgos del reclutamiento ilícito y las consecuencias negativas de asociarse con grupos armados ilegales.
De acuerdo con las cifras oficiales, durante la vigencia 2022 y los primeros tres meses de 2023 han logrado recuperar a 10 menores en la subregión del noroccidente de Antioquia.
Para adelantar estas acciones, más de 50 oficiales, suboficiales, soldados y personal civil de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional recibieron capacitación durante cuatro horas por parte del equipo del ICBF.
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Entre la información revelada se encuentra la ruta de atención y los procedimientos para restablecer los derechos de los menores que han sido reclutados por grupos al margen de la ley, con el objetivo de generar estrategias efectivas para prevenir este delito, la utilización, el uso y la violencia sexual dirigida a niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados y delincuenciales.
Adicionalmente, entre ambas entidades “pretenden crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de prevenir el reclutamiento ilícito de menores y se busca promover una cultura de protección y respeto hacia la infancia y la adolescencia”, indican.
El macabro ‘reality’ a las afueras de las escuelas de Antioquia que enfrentan los niños que son reclutados por el Clan del Golfo y el ELN
Cada cuatro días un niño suelta sus juguetes para agarrar un arma de fuego o drogas en Antioquia, según datos de la Defensoría del Pueblo. Detrás del reclutamiento ilícito en esta región de Colombia, hay macabros retos que impulsan las estructuras delincuenciales para llenar sus filas con los más pequeños, quienes, por ser menores, pueden esquivar con más facilidad los líos judiciales.
SEMANA recogió testimonios en el nordeste y norte del departamento que revelan una serie de concursos, unos más dolorosos que otros, con los que las organizaciones perfilan a los menores y los encajan en el rompecabezas del mundo criminal: vender drogas, cobrar extorsiones, disparar en el monte, custodiar las minas o vigilar los pasos de la Fuerza P_ública en el territorio.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc están dispuestos a pagar hasta un millón de pesos por los escalofriantes servicios que ofrecen los muchachos en una guerra que no iniciaron, pero que multiplican inocentemente cuando toman la decisión de abandonar los colegios bajo la promesa de salvar a la patria de fantasmas imaginarios.
De acuerdo con la información suministrada por las autoridades locales de estas subregiones, los delincuentes no encuentran obstáculos en el camino para atrapar a los niños, pues son los que definen el bien y el mal, sobre todo en los rincones donde no tienen peso las leyes del Estado. En los municipios de Remedios, Segovia, Briceño, Yarumal, Angostura, Ituango, Valdivia y Campamento, la Defensoría ha contabilizado 45 casos de reclutamiento forzado.
No obstante, se sospecha de un subregistro inmenso porque las personas no se atreven a denunciar por temor a represalias o desconocen que son víctimas de un flagelo que es castigado. “Ni la sociedad ni el Estado les dicen que esto no se hace porque tiene consecuencias”, relató la defensora del Pueblo en Antioquia, Yucelly Rincón Torrado.
La defensora reveló que, para los grupos armados, los pasillos de los colegios son el laboratorio más privilegiado a fin de recoger a los aspirantes al crimen. Algunos docentes tienen la orden de limitar la formación a la escritura y la lectura, esquivando los cursos de historia. Quien no cumpla con la orden recibe una sentencia de muerte. Hoy 32 docentes rurales están amenazados en esta región.
