EPM destapa sus cartas: el camino que le espera a Hidroituango y el futuro incierto de Tigo - UNE

Hidroituango es la joya de la corona de EPM, el megaproyecto de generación de energía ubicado sobre el río Cauca en Antioquia. Daniel Quintero encendió las cuatro primeras turbinas y Federico Gutiérrez tendrá la obligación de prender las cuatro restantes.

La inauguración del proyecto se vio marcada por polémicas judiciales en las que la gerencia emprendió una redada por distribuir responsabilidades y libró una parte del dinero que se perdió tras la contingencia de 2018 que amenazó a la hidroeléctrica.

Quintero acusa a empresarios, contratistas y políticos de actuar dudosamente, cuyas implicaciones están en manos de las autoridades: “Recuperamos 4.3 billones de pesos, condenaron a los responsables, reconstruimos el proyecto y lo pusimos en marcha”.

Como herencia, dejó a la nueva administración de EPM una demanda en el Consejo de Estado, donde la compañía espera redimir seis billones de pesos más por las circunstancias que pusieron a tambalear a Hidroituango y a la oferta energética del país.

Sin embargo, la estrategia cambiará. Gutiérrez reveló que el manejo judicial que se le está dando a la obra pasará por la lupa de la nueva junta directiva, quien tomará una decisión basada en elementos técnicos: “Hay unas demandas que tienen que correr su curso”.

Independientemente de la determinación, agregó que nada puede obstaculizar el proyecto. En medio del proceso de empalme, reiteró retrasos en la construcción y reconoció que tendría mayores avances si no se hubieran cambiado a los contratistas.

“Ahora que hay uno nuevo, lo que hay que hacer es sacar adelante el proyecto con las cuatro turbinas adicionales. Hidroituango es el seguro energético de Colombia, pues representa el 17 por ciento de la energía”, manifestó el alcalde de Medellín.

Como presidente de la junta, Gutiérrez enfrentará dos piedras en el zapato. En primer lugar, asumir el laudo impuesto por los mayores accionistas de la hidroeléctrica, que superaría los 785 mil millones de pesos por la violación de cláusulas en el contrato.

También maniobrar con las dudas que sembró el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sobre el pago de los seguros. A su juicio, se contrató una cobertura por 13 billones de pesos para mitigar cualquier riesgo, pero solo se recibieron 4.3, algo que sugirió investigar.

“Yo he puesto el dedo sobre la llaga. El gobierno saliente de Medellín que nunca nos oyó. Serán las autoridades, en la medida de sus competencias, quienes esclarezcan este caso”, mencionó Gaviria, quien representó los intereses del departamento en el proyecto.

Se espera que la comunicación mejore entre los dueños y ejecutores de la obra con la llegada de Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, nuevo gobernador. En los últimos cuatro años, hubo un teléfono roto y agarrones entre Quintero y Gaviria.

Y es que Empresas Públicas de Medellín carga con la responsabilidad energética de Colombia y el desarrollo del departamento de Antioquia, pues grandes proyectos esperan ser apalancados en todas las subregiones con las ganancias de Hidroituango.

Ahora bien, el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE anhela que la gerencia, a cargo del ingeniero John Maya, restablezca el orden en la compañía de servicios públicos, “pues consideramos que se priorizó lo político por encima de lo técnico, hay mucha desconfianza”.

De igual manera, se pidió no descuidar a Tigo – UNE, pues los empleados creen que la empresa debería desconectar del negocio a Millicom porque no sería un buen socio. De momento, Fico evalúa la situación para definir el futuro de la compañía.

Él indicó en SEMANA que le pedirá a la nueva junta directiva un estudio riguroso donde se establezca la mejor opción para la cartera de la empresa de comunicaciones: “Si el estudio dice que no se puede poner en riesgo el patrimonio público y lo mejor es vender, se tendrá que llevar un proyecto al Concejo de Medellín y que sea el Concejo el que lo discuta”.