EPM revela contrato confidencial de Hidroituango por orden de un juez

Empresas Públicas de Medellín (EPM) divulgó el acuerdo confidencial al que llegó con la aseguradora Mapfre en medio de la reclamación por la póliza de riesgos, tras el siniestro que puso a tambalear a Hidroituango en 2018. Después de una intensa negociación, el pacto se cerró por 983 millones de dólares a favor de la compañía antioqueña.

El documento estaba bajo reserva por petición de la empresa extranjera. Sin embargo, un juzgado le quitó el misterio al papel y ordenó su publicación inmediata, luego de una tutela que presentó el concejal y hoy candidato a la administración distrital, Daniel Duque. El togado anunció que el proceso era público, entendiendo la naturaleza jurídica de EPM.

El gerente de Empresas Públicas, Jorge Andrés Carrillo, indicó que el oficio contenía una cláusula de confidencialidad que frenaba su publicación, pese a la insistencia de la opinión pública por conocer los detalles del tratado: “No podíamos entregarlo porque estaríamos incumpliendo. No hay nada qué ocultar. Ojalá lo hubiéramos podido entregar antes”.

EPM no estaba al frente de algo menor. Los seguros tenían dos rubos y estaban cubiertos por altas cantidades de dinero: daños materiales en la construcción por 2.556 millones de dólares y el lucro cesante -por la no entrada en la operación del proyecto- por 628 millones de dólares. Como el daño no fue en toda la obra, Mapfre no entregó toda la plata.

El proceso de reclamación inició en 2018, después de la contingencia de mayo de ese año que afectó a Hidroituango. En ese momento, el monto probable de la indemnización fue de 2,8 billones de pesos, pero se lograron 4,3, tras el proceso de responsabilidad fiscal que profirió la Contraloría General de la República, categorizado como daño patrimonial.

Entre 2019 y 2021, mientras negociaba con EPM, Mapfre hizo tres anticipos que sumaron 350 millones de dólares. Cuando entró a la discusión el ente de control, se aceleró el pago de la deuda: con los 983 millones de dólares se cubrió el 90 por ciento del monto que fijó la Contraloría, el resto se logró con consignaciones de otras aseguradoras de Hidroituango.

Socio mayoritario de Hidroituango le pide a EPM que suelte la construcción y operación de la obra

La Gobernación de Antioquia, accionista mayoritario de la Sociedad Hidroituango, puso contra las cuerdas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), contratista de la iniciativa: le pidió que suelte la construcción y operación de la hidroeléctrica a cambio de frenar las demandas que están en trámite por incumplimientos en el contrato del megaproyecto.

La propuesta la presentó el gobernador Aníbal Gaviria Correa en una carta que remitió al gerente y a la junta directiva de la compañía de servicios públicos. Allí, expresó malestar por una cifra revelada por EPM: la obra tiene un saldo negativo de 960 millones de dólares calculado a 50 años. Es decir, no produciría ganancias y las pérdidas serían millonarias.

“No puede ser que, en 50 años de operación de la hidroeléctrica, EPM gane miles de millones de dólares, mientras la Sociedad Hidroituango y sus socios -la Gobernación de Antioquia y el Idea- no reciben un solo peso, dineros necesarios y esperados para la inversión social en los 125 municipios del departamento”, redactó el mandatario.

Este dato lo suministró la compañía ante el Tribunal de Arbitramento que está definiendo las exigencias económicas de los dueños de Hidroituango, donde se alegan incumplimientos en el cronograma de la obra, cuya multa, que tendría que asumir EPM, se mediría en 1,2 billones de pesos. Esa cifra podría incrementar por futuros retrasos.

Ante este panorama financiero, el gobernador quiere tomar las riendas de la hidroeléctrica para poderle sacar provecho y satisfacer los deseos de las acciones que comanda. Como están las cosas, según Gaviria, solo saldría favorecida Empresas Públicas de Medellín: “Nos percibimos como víctimas y no como una entidad contratante y socia de EPM”.

Él pidió que, de manera concertada y anticipada, se dé por terminado el contrato BOOMT por medio del cual Empresas Públicas de Medellín tomó el control de Hidroituango y ceda las acciones que tiene dentro de la Sociedad. En dado caso de que se produzca este movimiento, la construcción y operación la asumiría la Gobernación de Antioquia.