Escándalo en Migración Colombia: capturan a presidente de sindicato por presunta corrupción

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantó un operativo en la ciudad de Medellín para capturar al presidente de uno de los sindicatos de Migración Colombia, quien estaría involucrado en supuestos hechos de corrupción.

Se trata de Juan Felipe García Osorio, quien está vinculado a la institución desde el año 2018 y cumple funciones en el grupo de extranjería de los departamentos de Antioquia y Chocó.

Él fue sorprendido en la mañana de este miércoles en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios por los agentes del CTI para que responda por las presuntas irregularidades que habría cometido.

Aunque no se han revelado detalles del proceso judicial, la misma entidad donde labora enfrentó el escándalo:

“Dada la dignidad sindical del funcionario detenido, consideramos desafortunada esta circunstancia, por el papel fundamental que juegan las organizaciones sindicales en la reivindicación de los derechos laborales”, afirmó Migración.

Paralelamente, indicó que tiene un compromiso con la lucha contra la corrupción y que impulsa prácticas transparentes. Así las cosas, anticipó que este tipo de conductas no serán perdonadas y brindará el apoyo para que sean investigadas.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación avanza en el proceso de judicialización de Juan Felipe García Osorio y dará pormenores del caso una vez supere las audiencias preliminares.

Fiscal de Medellín enfrenta escándalo por supuesta corrupción

También la Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de uno de sus funcionarios en Medellín, quien estaría involucrado en supuestos hechos de corrupción. Al parecer, habría exigido dinero a cambio de agilizar los procesos que estaban en su despacho.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre mayo y septiembre de este año al interior de la Unidad de Intervención Temprana.

El primer episodio lo habría protagonizado con un sujeto de 70 años que, supuestamente, le habría depositado en varios pagos cerca de $ 3.000.000 para que ‘llegara a buen término’ una denuncia que había instaurado por ser víctima de una estafa.

Con la primera cuota, ya hubo cambios en el proceso. Así lo anunció el ente acusador:

“Las labores de policía judicial permitieron establecer que, el mismo día en que el hombre de la tercera edad le habría consignado la primera cuota de un millón, el fiscal archivó la investigación de manera arbitraria y sin fundamento jurídico”.

El segundo caso se reportó en septiembre, cuando el fiscal habría contactado a otra víctima de estafa y, luego de identificarse como el titular del caso, le habría pedido entre uno y dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para acelerar el estudio.

Sin embargo, el sujeto se negó a girar los recursos y presentó la queja ante la entidad. Lo mismo pasó con dos hermanos, quienes habrían sido oficiados por el servidor para soltar tres salarios mínimos para “trabajar con mayor celeridad en una denuncia que habían interpuesto”.

Frente a este escenario, la Fiscalía lo está acusando como el presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y concusión, en concurso homogéneo y sucesivo.

Esto se sostendría con una serie de materiales probatorios recopilados por la misma entidad, con apoyo de la Policía Nacional. En el archivo figuran testimonios, interceptaciones telefónicas y seguimiento de personas.

Sobre todo, “la Fiscalía investiga los movimientos financieros por cuantía de $ 180 millones en la cuenta bancaria del hoy procesado, realizados durante este año”, se lee en un comunicado dirigido a la opinión pública.

El fiscal fue capturado el pasado 14 de noviembre en el búnker de la Fiscalía y, durante las audiencias preliminares, no aceptó los cargos. No obstante, un juez le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanzan los estudios en su contra.