Escándalo: gobernador de Caquetá se va con toda contra el ministro de Salud y hace graves acusaciones; “nos hicieron cambiar los pliegos a su acomodo”

El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, hizo una grave denuncia en SEMANA. El mandatario afirmó con vehemencia que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, estaría tomando retaliaciones, por medio de la Superintendencia de Salud, contra ese departamento por rencillas políticas. El escándalo, según palabras del dignatario regional, es mayúsculo. Las quejas están sustentadas en la intervención forzosa administrativa que el Gobierno le impuso al Hospital Departamental María Inmaculada, de Florencia.

El mandatario regional advierte que los funcionarios radicaron falsos hallazgos, motivados por asuntos ideológicos, para justificar la toma. Todo empezó en diciembre de 2023, cuando el Ministerio de Salud entregó 89.000 millones de pesos para construir la segunda torre de ese centro médico. De acuerdo con Ruiz, desde Bogotá pidieron modificar los pliegos de la iniciativa para, supuestamente, beneficiar a un particular. Las acusaciones son delicadas.

Según la denuncia, empleados del ministerio exigieron cambios en el manual de contratación de la institución: bajar indicadores financieros, endeudamiento y experiencia de los oferentes. El gobernador considera que, presuntamente, el ministro Jaramillo quería beneficiar a alguien: “Ellos nos hicieron cambiar los pliegos a su acomodo”.

Tras hacer los ajustes a la licitación, el hospital recibió una misiva del director jurídico del Ministerio, Rodolfo Enrique Salas, en la que pidió, por instrucción de su jefe, la devolución inmediata de la plata que le habían suministrado para la obra, alegando posibles hechos de corrupción e irregularidades en el trámite.

Cuando se filtró esta comunicación, los habitantes de Caquetá salieron a las calles a protestar e instaron al mandatario a hacer caso omiso a la petición y a seguir con la contratación. Finalmente, mediante una resolución, se entregó el proyecto a un consorcio y se está a la espera de que sea firmado para el inicio de la construcción.

Intervención de la Supersalud

Un día después de esta manifestación, apareció en escena la esposa del ministro, Beatriz Gómez, superintendente delegada. “Ella ordena una auditoría exprés, sin estar nosotros en el plan de auditoría de la Superintendencia. Ese hospital se encuentra financieramente bien”, comenta el gobernador.

La entidad encontró 52 irregularidades en la prestación de servicios de salud en el centro María Inmaculada relacionadas con la atención en urgencias, el inventario de medicamentos y la presencia de medicamentos vencidos que ponían en riesgo la vida de los pacientes.

Para Luis Francisco Ruiz, esta decisión estuvo llena de inconsistencias dado que, en medio de la argumentación de la Supersalud, se reseñó que la institución incumplió reiteradamente con los malos manejos descubiertos en 2022, pero en ese periodo no se habría realizado ningún tipo de auditoría a los servicios.

Esto pondría en evidencia un problema: “Lo que hicieron fue cortar y pegar la auditoría que le hicieron a la Red Centro Oriente de Bogotá, con el descaro más grande del mundo, que cogieron esos argumentos para meterlos en la resolución. Por otro lado, cortaron y pegaron también de otros lugares”, agrega el mandatario.

Aunque la Superintendencia dio diez días para hacer un plan de mejora, al tercer día hábil intervino el hospital y señaló “Deficiencias en la garantía efectiva de la prestación de los servicios de salud relacionadas con falta de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, y deficiente gestión del riesgo integral”.

Por las posibles irregularidades, la administración departamental ya inició procesos penales y disciplinarios en contra del superintendente de Salud y el ministro. El primer objetivo que se fijó es que un tribunal pueda revertir la intervención forzosa administrativa sobre el centro hospitalario, pues la considera ilegal.

“Persecución del ministro”

La tesis del gobernador es que detrás de este manejo está Guillermo Alfonso Jaramillo: “Sin lugar a dudas, esto es un tema netamente político, esto es un tema netamente de persecución del ministro”. Sin conocerse la resolución de la Supersalud, él ya habría mencionado en público la toma del centro médico.

Basándose en las palabras de Ruiz, hay tres elementos que impulsarían esta posibilidad. En primer lugar, el hecho de que ambos provienen de diferentes orillas ideológicas; en segundo lugar, que tuvo el valor de confrontarlo y negarle la devolución de los 89.000 millones de pesos, y, finalmente, las fuertes críticas que ha hecho a la paz total del Gobierno.

“Yo creo que el ministro está cobrándome mis posturas políticas. He hecho comentarios de orden público y no me voy a callar, no puedo ser cómplice del sufrimiento”, dijo. Esa zona del país pasa por el peor momento de la extorsión y, apalancados por el cese al fuego, los grupos armados se han fortalecido.

Frente a la pregunta de cuáles serían los intereses del ministro de Salud, esta fue su respuesta: “Dicen que tiene aspiraciones presidenciales y estará conformando equipos en los diferentes lugares del departamento. Puede ser que interviniendo hospitales encontró equipos para su posible campaña electoral”.

La conclusión del gobernador es que la Superintendencia Nacional de Salud estaría siendo usada como un arma política en todo el territorio y ya habría un modus operandi instalado y mediado, supuestamente, por la señora Beatriz Gómez, la compañera sentimental del alto funcionario del Gobierno.

“Si tú te le paras al ministro, sabes que te van a intervenir. Eso es así. Podría decir que ella es la que manda, presuntamente. El día anterior (a la intervención), nos llega un anónimo en el que nos informan: ‘por orden del ministro y su esposa, mañana van a tomar posesión del hospital’”, sentencia el mandatario.

Lo que viene para el Caquetá

El presidente Gustavo Petro ya fue enterado de la situación, se la expuso el gobernador en la reunión realizada este jueves en la Casa de Nariño. Allí se pactó que habrá un encuentro entre los mandatarios regionales y el ministro de Salud, pero no se fijó la fecha ni la hora del nuevo cara a cara. Por ahora, la discusión será legal.

“Nosotros hemos puesto las denuncias penales, disciplinarias del caso, tanto al ministro como al superintendente. Es decir, que esta discusión político-jurídica va a seguir siendo aún más fuerte en los próximos días, hasta el punto de que mañana nos van a intervenir el resto de los hospitales, como ya lo están diciendo”, comenta Ruiz.

La salud de Caquetá está en alto riesgo, pues todas las EPS que operan en el departamento se encuentran intervenidas. Las carteras públicas de los centros médicos están en saldos rojos por los incumplimientos, mientras las autoridades sanitarias, que tienen el control de los deudores, exigen solvencia en la operación.

“Se le olvida a la Superintendencia que ellos tienen intervenidas a todas las EPS. La intervención de ellos no ha servido para nada, por el contrario, ha servido para seguir deteriorando la salud en el departamento del Caquetá. Aquí, en temas financieros, si hay una responsabilidad, es de ellos, de la Superintendencia”, concluye el mandatario.

Vale la pena aclarar que SEMANA contactó al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y al superintendente Luis Carlos Leal, así como a sus equipos de comunicaciones, para conocer su posición frente a estas quejas del gobernador Luis Francisco Ruiz, pero, hasta el momento de la publicación de este artículo, no respondieron las solicitudes.

Por ahora, el mandatario regional se sostiene en sus graves denuncias. Dice que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para defender la salud y el bienestar de los habitantes de su departamento. Asegura, además, que no guardará silencio.