Antioquia
Estas son las millonarias multas que se pagarían por retrasos en Hidroituango
El alcalde Daniel Quintero Calle arma un plan para esquivar las obligaciones en dado caso de que EPM no cumpla con el encendido de las dos primeras turbinas el 30 de noviembre.
Las dos primeras turbinas de generación de energía de Hidroituango se deben encender antes del 30 de noviembre de este año. En dado caso de que el cronograma se retrase, Empresas Públicas de Medellín debe asumir una multa que suma más de $5 billones.
Las sanciones llegarían por incumplir los acuerdos que se pactaron con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, donde entregaron su palabra para asegurar que antes de diciembre ya caminaría la hidroeléctrica, que cubrirá el 17 % de la demanda nacional.
Ese objetivo está en riesgo de cumplirse porque los ingenieros de la obra requieren un plazo adicional para probar que todas las piezas funcionen de la mejor manera. Eso implicaría faltar a los compromisos que adquirió la compañía de servicios públicos.
El diputado de la Asamblea de Antioquia, Luis Eduardo Peláez Jaramillo, advirtió que las consecuencias afectarían notablemente las finanzas de la empresa a razón de que tendrían que cubrir obligaciones superiores a los 1.160 millones de dólares.
Desde Medellín no solo se tendría que asumir la multa por el incumplimiento del cargo de confiablidad que se adquirió en el pasado con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, sino también costear las faltas por los pactos que nacieron en las subastas de energía.
“Para el caso del cargo por confiabilidad de la Comisión, la garantía es de 170 millones de dólares. Mientras que las obligaciones de energía en firme son de 990 millones de dólares. Como está avaluado hoy el dólar, las cuentas subiría a $5,7 billones”, dijo Peláez.
El presidente de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín y alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle, ha reiterado que estaría dispuesto a asumir las consecuencias de los retrasos en la obra porque se harían por la seguridad del proyecto, no por capricho.
Las críticas llegan porque el mandatario ha anunciado en dos oportunidades fechas en las que se podría inaugurar Hidroituango. La primera fue el pasado 26 de julio, mientras que la segunda fue el 15 de octubre. Todos los días se han tenido que correr por demoras.
Al alcalde le reclaman seriedad en los anuncios que ha hecho sobre el cronograma de actividades del proyecto, dado que estaría generando incertidumbre sin destapar todas las cartas. Una de las voces de rechazo llega del Sindicato de Profesionales de EPM y UNE.
La agremiación pide que se haga claridad sobre el estado de la hidroeléctrica y los riesgos que estarían sobre la mesa ante el encendido de las dos primeras turbinas de generación de energía antes del 30 de noviembre, porque reconocen el temor de recibir las multas.
“Si el proyecto no entra en operación en noviembre, se pone en riesgo la sostenibilidad de Empresas Públicas de Medellín y los aportes billonarios a la nación, transferencias a Medellín y a más de 50 municipios de Antioquia”, aseguró el sindicato de la compañía.
El diputado Luis Eduardo Peláez Jaramillo agregó que a las multas se le sumaría el costo político que tendría que asumir el alcalde Daniel Quintero Calle por los retrasos en la obra: “Sería un castigo por jugar con el cronograma y la fecha de la inauguración”, comentó.
Esa obligación particular sería porque, en vez de advertir desde el 26 de julio que Hidroituango no se encendería antes del 30 de noviembre, planteó objetivos que, supuestamente, se sabía que eran inalcanzables: prender la primera turbina el 15 de octubre.
Ahora bien, todavía hay incertidumbre en el proyecto porque no hay una fecha clara en la que se cortaría la cinta en Ituango. Si bien en la Alcaldía de Medellín ven en el 15 de noviembre una posibilidad, los ingenieros quieren más semanas para hacer pruebas.
La administración trataría de esquivar las multas con la bendición de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Si esta entidad pide más exámenes en la hidroeléctrica para mitigar las afectaciones, que sobrepasarían los plazos impuestos, supuestamente no se tendrían que pagar.