Exclusivo: así delinquía organización criminal que camuflaba droga en cargamentos de carbón vegetal, café y yuca; tenían un soldado en sus filas

En la mañana del pasado 14 de junio, en las instalaciones del Batallón de Policía Militar N.° 4, ubicado en Medellín, fue detenido el soldado profesional Juan Eudes Zorrilla Velásquez. Con las dos manos sobre su cintura, y mientras intentaba aguantar el llanto y miraba a sus otros compañeros, un agente del CTI de la Fiscalía General le señalaba que en su contra pesaba una orden de captura por sus presuntos nexos con una organización delincuencial dedicada al tráfico de drogas y un homicidio.

El soldado Zorrilla se suma a la lista de 13 personas capturadas en diferentes regiones del país por pertenecer a la red que, desde el año 2017, habría utilizado empresas legalmente constituidas para traficar cocaína camuflada en exportaciones de carbón vegetal, abono orgánico, café y hasta yuca a México, principalmente, para ser exportada a Países Bajos, Bélgica, Italia y España.

SEMANA revela las evidencias y el modus operandi de esta organización creada por un joven, de apenas 29 años, que logró poner sobre las cuerdas a los puestos de control en los puertos de Colombia y Europa, ya que aplicando nuevas tecnologías y químicos logró que la droga fuera imperceptible hasta para los más experimentados caninos antidrogas y las cada vez más precisas pruebas de laboratorio.

El uniformado, según el arsenal de pruebas al que tuvo acceso SEMANA, era el hombre de confianza de Juan Camilo Castrillón Gil, conocido con los alias de Juan o Cero, el jefe de la organización criminal, siendo la persona a la que primero le marcaba cuando había problemas con los cargamentos de cocaína.

Prueba de esto fue lo que ocurrió el 13 de junio de 2022, cuando 74.5 kilos de cocaína fueron incautados en el puerto de Barranquilla gracias al olfato de un perro antinarcótico que detectó un olor extraño en uno de los contenedores que transportaban carbón vegetal. De manera directa, Juan vquien fue capturado en el megaoperativo adelantado a mediados de junio— le manifiesta la necesidad de buscar a un “duro” de la Marina con el fin de reversar esa incautación y liberar la mercancía.

Debido a su posición y el hecho que estaba dentro del Ejército, el soldado era el encargado —en medio de la división de funciones de la organización— de buscar enlaces en las autoridades como la Armada, la Policía y la misma Fiscalía para sobornar a agentes y funcionarios y así “corromper y buscar beneficios” para que les devolvieran los estupefacientes ya confiscados.

Los cargos contra el militar se agravan, puesto que varios testigos y las claras pruebas documentales lo vinculan con el asesinado de José Alejandro Parra Urrego, uno de los principales socios de la organización y cuyo cuerpo sin vida apareció flotando en la quebrada del sector de Santa Helena, en la capital antioqueña, el 13 de noviembre de 2020 en un supuesto ajuste de cuentas.

Las interceptaciones telefónicas con las que cuenta la Unidad Especializada contra el Narcotráfico señalan que el mismo jefe de la banda lo contactó directamente para “borrar las huellas de todos” pues estaban en la ropa de Parra —como era conocido—.

En la conversación, en la que se deja ver la sangre fría con la que actuaban, intentan justificar el crimen al considerar que estaba actuando en contra de los intereses colectivos. Juan asegura al soldado que es la persona idónea para el trabajo por “el rango que usted tiene, ya se le pone a la orden”.

Torcerle el cuello a la justicia

En el centenar de interceptaciones telefónicas, el jefe de la organización intenta —como dé a lugar— contactar a un juez para que declarara ilegal la incautación de 289 kilos de cocaína que iba mezclada en abono orgánico en el puerto de Cartagena.

Los jefes de la organización, en ese momento, movieron cielo y tierra para recuperar el cargamento, buscando a quién sobornar para que el proceso de incautación fuera declarado ilegal y la droga volviera a su poder para ser enviada a México con el fin de transportarla después a Europa.

Las pruebas técnicas nuevamente son certeras: alias Juan contactó a otros integrantes de la organización para que buscaran policías, fiscales, funcionarios de aduana, a quien fuera necesario para recuperar la cocaína.

De esta forma, pidió contactos en la capital del Bolívar para que declaren ilegal la incautación. Una persona conocida con el alias de María, y quien estudiaba Derecho, fue citada para que “mire a ver si el tal juez que ella ha mencionado de la universidad, tiene amigos jueces en Cartagena, que él necesita otros, así como él”.

El jefe de la organización presionó para que el operastivo nunca llegase a legalizarse, puesto que esto significaría perderlo todo: “Le dice a María que mire a ver cómo los invita a comer, que piense en algo, que necesita todos esos fulanos con ese puesto de él (juez) todos los que más puedan, y a ellos les interesa más que a él, que mirar como sonsacarlo”, precisó el fiscal de la investigación durante las extensas audiencias.

Pronto recibió dos respuestas que le devolvieron el alma al cuerpo: primero, el cargamento estaba en una bodega y todavía no había sido presentado ante los jueces y segundo, María, y tenía el contacto de una persona que era alcalde de una localidad del centro de Cartagena, “de la parte donde están los puertos, y lo menciona como Henry Cubico”. María le asegura que debe conocer gente y jueces, pues es abogado y debe conocer gente de la Rama Judicial.

Las horas pasan y la necesidad de recuperar la droga es más grande. Por eso, busca a un mayor de la Policía y a un patrullero que, al parecer, ya habían trabajado con ellos antes. Por la información recopilada todo indica que un funcionario de la aduana les está pasando información de primera mano sobre el estado del cargamento y lo que puede pasar con él.

Una persona que es tratada como “mayor”, y quien al parecer pertenece a la Policía manifiesta su interés de ayudar a “verificar el tema de los dos contenedores de abono mezclado con estupefaciente”. En la escena apareció también el subintendente de apellido Castillo, adscrito a la policía antinarcóticos. Pese a todos los intentos, la droga no pudo ser recuperada.

Para la Fiscalía General es evidente que la falta de escrúpulos marcaba a esta organización que poco a poco ampliaba su red delincuencial, aprovechando empresas que tenían toda la documentación en orden, páginas web y experiencia en comercio para poder hacerle el quite al control de las autoridades.

Por decisión de un juez de control de garantías, los 13 implicados en esta organización fueron enviados a la cárcel. Las autoridades están tras la pista de otros diez que habrían participado tanto en el camuflaje de la droga, el soborno a las autoridades para evitar los controles y el traslado hasta Europa.