Extorsión en Medellín: banda se adueñó de los predios de las víctimas para alquilarlos

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá le propinó un golpe a una banda delincuencial que tenía azotados con el cobro de extorsiones a los habitantes de la comuna 13 de la capital de Antioquia.

Durante diez meses, los expertos del Gaula les siguieron el rastro a nueve personas que aterrorizaban a los habitantes de los barrios Peñitas, Antonio Nariño y La Loma. Allí habrían secuestrado e intimidado para que les cedieran dinero.

Denuncias conocidas por la institución advierten que, supuestamente, los delincuentes ordenaban el desplazamiento de las familias que no accedían a pagar las exigencias económicas y se quedaban con sus inmuebles.

Así quedó reseñado en el expediente: “Fueron desplazados por no haber entregado predios de su propiedad. Al salir, se adueñaron de sus lotes y construían viviendas a varios de los integrantes de este grupo criminal”.

Las cuotas debían ser asumidas semanalmente y oscilaban entre $15.000 y $30.000. Al parecer, cada mes, acumulaban 60 millones de pesos. A esto también le sumaban 80 millones de pesos producto del tráfico de estupefacientes.

Nueve sujetos deberán responder por las denuncias presentadas por las víctimas de la comuna 13: concierto para delinquir, desplazamiento forzado, secuestro extorsivo, extorsión agravada y lesiones personales.

Entre tantas cosas, se resaltó la detención de alias Atila, a quien se le incautó un arma de fuego, siete cartuchos, un proveedor y seis teléfonos que son analizados con lupa por la Fiscalía General de la Nación.

Ante el recrudecimiento del fenómeno, la Policía Nacional aseguró que “continuará desarrollando operaciones para contrarrestar y desarticular estructuras delincuenciales multicrimen en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”.

Secuestro en exclusivo sector de Medellín: exigieron clave de caja fuerte y cuentas bancarias

Una banda delincuencial también ingresó a una exclusiva zona residencial de la capital de Antioquia y tomó como rehenes a dos personas para llenarse los bolsillos de dinero. Tras una operación militar, se logró dar con el paradero de los responsables.

El drama lo padecieron un ciudadano estadounidense y un colombiano cuando supuestos integrantes de Los Pachely ingresaron violentamente al apartamento ubicado en las inmediaciones de la avenida de Las Palmas.

Según la denuncia, los sujetos los intimidaron, amordazaron y torturaron para obligarlos a revelar la contraseña de una caja fuerte y los datos personales con el fin de vaciar sus cuentas bancarias.

Mientras les propinaban la golpiza, otras personas se habrían dedicado a desocupar el inmueble: se apoderaron de lujosos objetos y emprendieron la huida en los automóviles de las propias víctimas.

Un milimétrico seguimiento facilitó la ubicación en tiempo real de los implicados. Todos fueron interceptados y neutralizados para que respondan por los delitos de secuestro agravado, tortura, hurto y uso de menores para la comisión de delitos.

El Gaula Militar de la Cuarta Brigada explicó que este operativo antisecuestro se dio gracias a un trabajo articulado entre la unidad de inteligencia de la institución e investigadores judiciales de la Fiscalía General de la Nación.

Ellos tenían en el radar, desde meses atrás, denuncias similares de retenciones exprés en los municipios de Rionegro, Guarne, Marinilla y el Valle de Aburrá, por lo que se habría identificado un modus operandi.

Así lo informó el mayor Yamid Bonilla Pérez, comandante del Gaula en el oriente antioqueño: “Por evidencia técnica, se identificó que podría tratarse de los mismos responsables, permitiendo ubicar en tiempo real y el rescate de los ciudadanos”.

En medio de las labores, se les incautaron bienes muebles y dinero que habrían acumulado producto de extorsiones, hurtos y secuestros. Todo esto sumaría más de cuatro mil millones de pesos.

El arma de fuego y el vehículo particular en el que se movilizaban quedaron bajo custodia de la Fiscalía, quienes se encargaron de la judicialización de los implicados por las retenciones ilegales de los ciudadanos en Las Palmas.