Extorsión en Quibdó: no se puede pintar la fachada de casas sin pagarle a grupos criminales

Los comerciantes -y ciudadanía general- de Quibdó están desesperados por la extorsión en la ciudad. Dicen que la situación ha llegado a tal punto de que deben pagar para pintar las fachadas de sus casas.

Los grupos armados no les permiten a la ciudadanía entrar a ciertas zonas de algunos barrios a llevar un simple domicilio o prestar sus servicios con normalidad, si primero no les pagan una determinada tarifa a manera de “vacuna”.

Aseguran que los delincuentes comunes de cada sector imponen su ley, a tal punto que la Empresa Distribuidora del Pacífico, (DISPAC), ni siquiera puede ingresar para hacer lecturas en los medidores, suspender servicios por falta de pago o hacerle mantenimiento a las redes y equipos de conducción de energía eléctrica; ya que sus empleados pueden ser asesinados.

Varios líderes cuentan su amarga experiencia después de las reuniones con el alcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, a quien le han mostrado pruebas contundentes acerca de la difícil situación que se vive en todos los barrios de la ciudad, pero según ellos sigue sin tomar decisiones importantes. A esto se suma que muchos de los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado vivieron su niñez con los actuales jefes de los grupos delincuenciales, quienes podrían tomar represalias contra ellos y sus familias porque los conocen a la perfección.

En Quibdó ningún barrio se libra del accionar de las estructuras al margen de la ley, las cuales envían a sus pistoleros para disparar contra las viviendas o establecimientos comerciales cuyos propietarios se niegan a pagar las cuotas que se les exigen a menudo. A la hora de atacar solo importa generar terror pero no quién caiga bajo la lluvia de balas; pues este “impuesto” se le cobra hasta a las tiendas más pequeñas.

La delincuencia vive tan pendiente de lo que sucede en su territorio que si en una casa se hace alguna clase de reparación o mejora, como pintar la fachada o arreglar el tejado, la llegada de los materiales es la clave para que aparezcan en la puerta los delegados de la banda del barrio a exigir su parte. Para intentar librarse de esta plaga las familias y los obreros prefieren optar por una estrategia en la que llegan temprano en la mañana a las viviendas y salen al final de la tarde, pero sin usar ropa de trabajo para no ser detectados.

Las extorsiones en Quibdó tienen un monto entre 1 y 50 millones de pesos dependiendo del tipo de negocio y no se rigen por un ciclo de cobro establecido, sino que son reclamadas cada vez que los jefes de los grupos criminales quieren mediante la entrega de boletas y panfletos gracias a la instrumentalización de menores de edad. Es tal el afán de dinero y la imposición de la ley del más fuerte, que en las viviendas de los sectores más humildes las familias debe abonar obligatoriamente al menos 5.000 pesos cada semana.

Según los relatos que la comunidad entregó a SEMANA, hay varias organizaciones que se disputan el control de Quibdó para su accionar criminal como Los Mexicanos y Los Zetas, que a su vez hacen alianzas con las disidencias de las FARC o en ELN. Es verdad que los operativos realizados por las autoridades han permitido la captura de algunos de sus integrantes, pero este espiral de guerra, dolor y muerte no parece tener fin; ya que rápidamente delegan desde la prisión a sus sucesores para que tomen el mando de este macabro negocio.