Fiscal Francisco Barbosa se despacha: “Le quedó grande el orden público y la seguridad a Gustavo Petro”

El fiscal Francisco Barbosa encabezó un consejo de seguridad en la ciudad de Medellín junto a Federico Gutiérrez en la tarde de este martes 9 de enero.

Al término del encuentro, el primer funcionario lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro por la crisis delincuencial que enfrenta Colombia en todas las regiones y la falta de respuesta operativa.

Barbosa calificó negativamente la estrategia del mandatario para hacerles contrapeso a los ilegales: “Hoy hay un desorden absoluto de orden público en Colombia. Le quedó grande el orden público y la seguridad a Gustavo Petro”. Él relató que el diálogo con los armados ha traído grandes problemas y hay retrasos importantes en la ejecución de capturas.

En primer lugar, el fiscal advirtió que los diálogos con las estructuras ilegales, bajo la denominación de la ‘paz total’, terminó “exterminando” el proceso que firmó en 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos con las Farc – EP. Y, con todo eso, las conversaciones solo estarían criminalizando los territorios rurales.

En medio de su discurso, Barbosa reveló que en el territorio nacional hay 3.446 órdenes de detenciones sin ejecutar y buena parte de ellas están concentradas en las veredas. Al menos 547 de los procesos tienen relación con las muertes violentas de reincorporados, defensores de derechos humanos y familiares de firmantes de paz.

La crítica al presidente Petro radica en la demora en hacer efectivas esas capturas que ya tienen el visto bueno del ente de acusación, dado que él es la cabeza de la fuerza pública: “El Gobierno de la vida termina siendo el Gobierno que no captura a los bandidos que asesinan a líderes sociales y a los defensores de derechos humanos”, agregó el fiscal.

Las pullas fueron más allá de la seguridad. Francisco Barbosa mencionó este 9 de enero desde la ciudad de Medellín que el primer mandatario “encarna la antiinstitucionalidad colombiana”, a raíz de las confrontaciones que ha tenido ante la opinión pública con la Fiscalía General de la Nación y las diferentes organizaciones estatales.

Todo esto, ante la pregunta de si hay posibilidades de que el país enfrente una situación parecida a la que viven los ecuatorianos en el arranque del 2024: “Mientras nosotros estemos al frente y la Constitución esté vigente, podemos decirle al país que hay la tranquilidad de que seguimos respondiendo”, concluyó el funcionario.

Fiscalía logra más de 1.700 imputaciones y 354 condenas por violaciones a derechos humanos en los últimos 4 años

Bajo la dirección del fiscal general, Francisco Barbosa, se implementó una metodología de análisis en contexto y el uso de herramientas propias de las ciencias sociales para asociar casos e identificar a los máximos responsables de violaciones de derechos humanos en el país.

La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos logró realizar 1.711 imputaciones, obteniendo 354 condenas y suscribiendo 521 preacuerdos.

Entre los esclarecimientos más destacados se encuentran el asesinato de la ambientalista colombo-española Juana María Perea Plata, el crimen del estudiante de Derecho Javier Ordóñez Bermúdez, el homicidio y desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón Castellanos, y la muerte del líder universitario Lucas Villa Vásquez.

En un esfuerzo adicional, se avanzó en la judicialización de miembros de la fuerza pública implicados en excesos durante las protestas en Cali y se solicitó la audiencia de imputación contra 25 integrantes del Ejército Nacional por hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Además, se implementó una estrategia para agilizar las investigaciones de magnicidios y otros casos de vulneraciones a los derechos humanos, descongestionando los despachos y reduciendo la carga de expedientes de 17.005 a 12.000, marcando un logro sin precedentes en la historia de la entidad.