Fiscalía adelantó jornada de atención a las víctimas de las extintas AUC en el Urabá antioqueño; entregó bienes para su reparación

La Fiscalía General llevó a cabo una jornada integral en San Pedro de Urabá, en el departamento de Antioquia, con el objetivo de brindar “atención, orientación y respuestas a la comunidad” afectada por las acciones criminales de los integrantes de la denominada ‘Casa Castaño’ y otras estructuras de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Durante la jornada, fiscales de la Dirección de Justicia Transicional, investigadores del CTI y personal del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) atendieron a 193 víctimas, llevando a cabo entrevistas y tomando muestras biológicas con el fin de avanzar en los procesos de identificación de los cuerpos rescatados.

Según las pruebas recopiladas, San Pedro de Urabá fue escenario de homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones y violencia de género, entre otros delitos cometidos por los paramilitares en el periodo comprendido entre 1996 y 2002.

En el transcurso de la jornada, se realizaron ceremonias de entrega digna en las cuales los familiares de dos víctimas del conflicto armado recibieron los restos de sus seres queridos. Uno de ellos fue Pedro Pablo Suárez Barba, un agricultor de 42 años que fue llevado en contra de su voluntad por hombres armados que ingresaron a su vivienda la noche del 18 de mayo de 1994. El cuerpo de esta persona fue localizado en una fosa en el corregimiento El Tomate, en San Pedro.

Los otros restos correspondían a Jesús María Paternina Páez, un hombre de 48 años que fue interceptado por un grupo paramilitar mientras se dirigía a la vereda Veñitas, en Chigorodó, Antioquia. La estructura ilegal, perteneciente al denominado Bloque Bananero, lo asesinó y dejó su cuerpo abandonado. Posteriormente, el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector lo recogió y lo inhumó en un terreno.

Por otro lado, el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas cuatro inmuebles ubicados en la zona rural de San Pedro de Urabá, que formarían parte del patrimonio ilícito obtenido por los integrantes de las ACCU y tendrían un valor aproximado de 3.000 millones de pesos.

Entre las propiedades puestas a disposición destacan tres terrenos valorados en más de 2.300 millones de pesos, que conforman un terreno en el corregimiento El Tomate. Estos bienes figuraban a nombre de terceros que presuntamente habrían colaborado en el ocultamiento de los recursos ilícitos de la Casa Castaño, de Jesús Ignacio Roldan Pérez, alias Monoleche, y de la Fundación para la Paz de Córdoba.

La jornada integral de atención contó con la participación de la Gobernación de Antioquia, entidades municipales, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Más bienes para reparar a las víctimas de las AUC

De otro lado, en una importante acción conjunta, la Fiscalía y el Fondo para la Reparación a las Víctimas pusieron a disposición de la entidad un total de 83 inmuebles que se encontraban vinculados a integrantes de las AUC y las Farc. Estos bienes, avaluados en más de 66.202 millones de pesos, forman parte de la segunda fase de entrega establecida entre ambas instituciones.

Durante las últimas dos semanas, se realizaron las entregas de 10 predios ubicados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Tolima, con un valor total de 20.830 millones de pesos. Estas propiedades fueron afectadas previamente con medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, impuestas por magistrados de Justicia y Paz de distintos tribunales superiores del país, atendiendo a la solicitud de fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional.

Entre los bienes destacados se encuentran la Finca La Piscina o Santa Ana, en Envigado, Antioquia, presuntamente parte del patrimonio ilícito de Carlos Mario Aguilar Echeverri, conocido como alias Rogelio, exjefe de la autodenominada Oficina de Envigado. Esta finca, valuada en 1.605 millones de pesos, estaba en manos de Jorge Mario Pérez Marín, alias Morro. En ella se registraron múltiples homicidios, incluyendo el asesinato de cinco hombres y cuatro mujeres, entre ellos alias Morro y una reconocida modelo.

Además, se entregaron 168 lotes ubicados en el condominio Reservas Del Paguey en Ricaurte, Cundinamarca, que se atribuyen a terceros con presuntos vínculos con José Miguel Arroyave Ruiz, alias Arcángel, excabecilla del Bloque Centauros. El valor de estos bienes supera los 10.440 millones de pesos.