Funcionario judicial recibió ramo de flores con explosivos en Antioquia; emisor sería el Clan del Golfo

La Policía Nacional confirmó que un grupo de delincuentes abandonó un arreglo floral en las inmediaciones de la vivienda de un asistente de la Fiscalía en el municipio de Bello, ubicado en el norte del Valle de Aburrá. Con el registro de las cámaras de seguridad del sector, las autoridades tratan de identificar a los responsables de la intimidación.

De acuerdo con el reporte, el hallazgo fue advertido por los vecinos del barrio Cabañitas a través de la línea de emergencia. El ciudadano que llamó dio cuenta de que a un costado de un vehículo particular había un material sospechoso. Una vez las unidades especializadas se desplazaron al sitio referenciado, encontraron un juego de flores abandonado.

Sin embargo, los emisores fijaron papeles de pólvora al interior de las ramas y una carta donde daban pista sobre el nombre de la persona a la que iba dirigida la encomienda. A un lado del papel se lee que el ‘regalo’ fue enviado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como también se hacen llamar los ilegales del Clan del Golfo.

El coronel Aníbal Villamizar, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, afirmó que los brazos de vigilancia de la institución están trabajando para dar con el paradero de las personas que abandonaron la pólvora. Él detalló que el funcionario de la Fiscalía denunció que el material tenía como objetivo afectar su integridad.

“Al frente de este lugar vive un funcionario del CTI, que indica que estas amenazas son contra su integridad. Se le dan las sugerencias al funcionario para realizar la respectiva denuncia”, señaló el comandante, que replicó que no se ha identificado a los sujetos.

Ante este escenario, el vocero de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial en Antioquia, William Otálvaro Cuartas, rechazó el incidente e invitó a las autoridades encargadas de prestar los servicios de cuidado a reforzar la vigilancia con el fin de garantizar las labores de los funcionarios públicos.

“La amenaza es un ataque contra la independencia judicial que busca obstaculizar las investigaciones penales y evitar que en Colombia se haga justicia, en compañía de nuestros valerosos jueces de la República y fiscales destacados. Hacemos un llamado respetuoso a todas las autoridades para que estos hechos, en lo sucesivo, no se repitan”, afirmó.

De momento, la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado sobre el incidente. Según la información divulgada por el gremio de trabajadores del ente de acusación, la víctima de esta intimidación sería el asistente de un fiscal, cuyos procesos judiciales adelantados contra los grupos ilegales se desconocen.

Con base en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, en lo que va corrido del año, la institución ha recibido 1.738 denuncias por amenazas en el departamento de Antioquia. Los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá son los más afectados por este delito.

Los datos recopilados por la fuerza pública dan cuenta de que los adultos son los más susceptibles a recibir mensajes intimidatorios, aunque los adolescentes también concentran un alto porcentaje en las quejas. En 24 horas, por ejemplo, en las estaciones de Policía de la región se han recibido hasta más de doce alertas de esta conducta.

En cuanto al modus operandi, el cruce de palabras es el más replicado. Es decir, un par de frases han configurado en Antioquia la maximización de las amenazas. No obstante, en otros escenarios han entrado armas de fuego, armas blancas y objetos contundentes para obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad o anticiparle una situación temeraria de manera ilegal.