Gobernación de Antioquia instalará mesa de veeduría ante riesgo de las comunidades aguas abajo de Hidroituango

Ad portas de que se cumpla el plazo de entrada en operación de las primeras dos unidades del proyecto Hidroituango, que recordemos es antes del 30 de noviembre, la Gobernación de Antioquia instalará desde este lunes 21 de noviembre una mesa de veeduría con el fin de verificar el cumplimiento de las decisiones tomadas para la mitigación del riesgo de las comunidades aguas abajo de la hidroeléctrica.

El gobernador (e) de Antioquia, Juan Pablo López, anunció que realizarán una mesa de seguimiento de compromisos a las solicitudes que los municipios en riesgo han venido haciendo al proyecto durante toda su historia.

“Allí con el acompañamiento de todas las instituciones seremos unos veedores y garantes de que se puedan cumplir todos los compromisos que se deban cumplir y, de esta forma, aportar fuertemente a la recuperación de la confianza por parte de las comunidades”, dijo López.

Así las cosas, el encendido de las dos primeras turbinas de generación de energía está frenado por las evacuaciones que se deben realizar aguas abajo del proyecto, mientras que el desarrollador dice que no tiene razones técnicas para postergar la entrada de operación comercial, pese a la incertidumbre que se sembró en las últimas semanas.

Antes de prender las dos máquinas que empezarán a sumar al 17 por ciento de la demanda nacional de energía, Empresas Públicas de Medellín y los organismos de socorro de esta región del país deberán asegurar a las comunidades que podrían enfrentar afectaciones en dado caso de que se produzca una emergencia en medio del encendido.

El encendido de las dos primeras turbinas de generación de energía está frenado por las evacuaciones que se deben realizar aguas abajo del proyecto, mientras que el desarrollador dice que no tiene razones técnicas para postergar la entrada de operación comercial, pese a la incertidumbre que se sembró en las últimas semanas.

Antes de prender las dos máquinas que empezarán a sumar al 17 por ciento de la demanda nacional de energía, Empresas Públicas de Medellín y los organismos de socorro de esta región del país deberán asegurar a las comunidades que podrían enfrentar afectaciones en dado caso de que se produzca una emergencia en medio del encendido.

“Evaluaremos si los protocolos son adecuados, si lo acordado esta semana es suficiente. Saber, desde cada territorio, qué tan preparados estamos para hacer cada una de las pruebas. Esto lo vamos a hacer unidos.”, agregó el gobernador encargado del departamento de Antioquia, Juan Pablo López.

El fantasma de las multas que impondría la Comisión de Regulación de Energía y Gas son el tormento de EPM a razón de que la fecha de vencimiento de las turbinas es el 30 de noviembre. Si esa fecha llega sin tener encendidas las dos primeras unidades, la compañía de servicios públicos tendría que pagar hasta 190 millones de dólares.

El gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, no descartó que la inauguración de Hidroituango sea después del día sentenciado por la Creg, dado que la mitigación del riesgo podría tomar varias semanas. En consecuencia, alegó que los retrasos en la obra no serían por decisiones internas, sino externas.

“Las capacidades de EPM están al máximo y al servicio del proyecto para que entre en operación antes del 30 de noviembre. Hay factores externos que no dependen de nuestras capacidades. Sí hay una probabilidad de que, producto del cumplimiento de los acuerdos de gestión del riesgo, haya un impacto en el cronograma”, mencionó el funcionario.

Para anticiparse a los efectos que tendría el retraso y las multas, EPM envió un oficio a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) solicitando una ampliación en el plazo de la inauguración de Hidroituango. Es decir, que se borrara de los acuerdos el 30 de noviembre como fecha máxima para tener en funcionamiento dos turbinas.

El documento fue radicado el pasado 10 de noviembre con la firma del gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, referenciando un trámite de urgencia. En cinco párrafos pidió que la entrada en operación de la hidroeléctrica fuera retrasada para no ser penalizados con los más de 190 millones de dólares por incumplir con los acuerdos de confiabilidad.

Sin embargo, la petición llegó incompleta y solo se resolverá cuando la compañía responda las dudas que tiene la Creg.