Gobernador de Antioquia alertó por casos de reclutamiento forzado a menores de edad en El Bagre, Bajo Cauca

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció que en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, hay denuncias por parte de familiares de varios jóvenes, porque grupos armados que delinquen en la zona estarían intentando reclutarlas para vincularlas a estructuras delincuenciales.

El mandatario manifestó que, específicamente, son tres niñas, que se le está brindando protección a través de la Secretaría de Inclusión Social, en conjunto con la Secretaría de Paz y No Violencia.

“El riesgo está muy identificado en el sentido de la presión por parte de grupos criminales para el reclutamiento de estas menores y, por eso, ya está una ruta de protección para brindarles ese acompañamiento, sacarlas del entorno en donde están”, sostuvo el mandatario.

En esta subregión del Bajo Cauca ejercen el control territorial y están en disputas cuatro grupos armados: las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) - Clan del Golfo, Los Caparros o Los de Abajo, el ELN y disidencias de las Farc.

Los últimos hechos delictivos que se presentaron en este municipio, fueron en las veredas del corregimiento de Puerto López, ubicado en el Bajo Cauca del departamento. En estos días han hecho estruendo las balas y, para no caer en medio de las violentas confrontaciones, las personas se vieron en la obligación de cerrar las puertas de sus viviendas y cesar todo tipo de actividades.

Los mensajes que llegan de ambos bandos son los que intimidan a los campesinos. En primer lugar, los grupos delincuenciales fijaron un toque de queda en la movilidad nocturna. Es decir, los habitantes no están autorizados para dar un solo paso fuera de sus hogares durante las horas de la noche. Las armas de fuego amenazan con ser disparadas.

Cabe recordar que, el pasado 12 de octubre, la Defensoría del Pueblo volvió a encender las alarmas por la difícil situación de orden público en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. Esta vez, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en su visita a esta zona, recibió quejas anónimas en las que advierte el incremento de la violencia desmedida y que los jóvenes están siendo reclutados, bajo intimidaciones, para integrarlos a grupos armados ilegales.

“En uno de los corregimientos en donde actualmente hay una disputa de dos grupos armados, la Defensoría del Pueblo conoció que 12 menores de edad fueron reclutados recientemente de un colegio por un grupo armado. Y podrían ser muchos más casos, pero por el temor a represalias de los grupos armados, las comunidades no se atreven a denunciar ante las autoridades”, aseguró el defensor del Pueblo.

El alto funcionario le pidió urgentemente al Gobierno nacional que intervenga para evitar que los adolescentes y jóvenes sean instrumentalizados por grupos armados ilegales y obligados a realizar acciones propias de la guerra, acabando con sus proyectos de vida.

“Nos preocupa también la deserción escolar que se presenta ante el temor de que los adolescentes y jóvenes terminen en las filas de estos grupos ilegales. Los padres y cuidadores retiran a sus hijos de los centros educativos y los mantienen en sus casas, o los envían a vivir con parientes a otros lugares, o sencillamente se desplazan. Esta es tan solo una de las consecuencias de la degradación de la guerra en esta zona de Antioquia”, explicó el defensor del Pueblo.

Por otro lado, solicitó a las 23 entidades que forman parte de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (Cipruna), una sesión urgente para articular esfuerzos que permitan enfrentar el fenómeno de reclutamiento de menores de edad en esta región del país.

Y es que en lo corrido de este año, según las autoridades, han desaparecido 5 personas y se han registrado 36 homicidios entre el primero de agosto y el 6 de septiembre de 2022. A esta situación se suman las extorsiones contra comerciantes y la comunidad; las constantes restricciones a la movilidad, en donde se imponen horarios de desplazamientos, retenes, control de vehículos y el control social a integrantes de las Juntas de Acción Comunal. En la actualidad, persiste el riesgo de desplazamiento masivo en los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver.