Gobernador de Antioquia destapa las cartas del referendo que pretende que recursos se queden en las regiones; le habla fuerte al Gobierno

SEMANA: ¿De qué trata la propuesta de autonomía fiscal?

Andrés Julián Rendón: Consiste en que los recursos que se generen en las regiones se queden en las regiones, sin alterar un principio: mantenernos como una república unitaria. Queremos poner a consideración de los colombianos que los dos tributos más importantes del fisco nacional, los de renta y patrimonio, dejen de ser de la nación y pasen a los departamentos.

SEMANA: ¿Cuáles serían las nuevas tareas de los departamentos?

A.R.: Cada departamento y el Distrito Capital, al ser los titulares de esos dos tributos, podrán definir las bases gravables y las tarifas que pondrán, como también podrán decidir si cobran o no patrimonio. Si a mí me tocara ese arreglo institucional, yo no cobraría patrimonio, porque lo considero un impuesto antitécnico.

SEMANA: ¿También las exenciones?

A.R.: Ellos van a poder definir qué sectores de la economía los declaran exentos para pagar esos tributos o si la base gravable no tiene perforación alguna, pero tienen una tarifa baja. Una Asamblea Departamental o el Concejo de Bogotá podrá definir: nosotros vamos a cobrar renta del 20 por ciento. Eso, que hoy es competencia exclusiva de la nación y del Congreso, será lo que habrá que definirse.

SEMANA: ¿Cómo quedaría el Gobierno si es el que recibe y distribuye los recursos en las regiones?

A.R.: El Gobierno deja de recibir, a precios de 2022, 100 billones de pesos, pero también deja de hacer erogaciones por 60 billones. El Gobierno tendrá que reducir su tamaño, ajustar su andamiaje institucional a esta nueva realidad fiscal y quedarse, realmente, en los temas en los que debe estar un Gobierno.

SEMANA: ¿Cuáles son esos temas?

A.R.: Seguridad, defensa, relaciones internacionales, pensiones, temas macroeconómicos, porque los bienes y servicios más básicos ahora van a ser provistos por unos niveles inferiores de Gobierno, en este caso los departamentos y los municipios.

SEMANA: ¿Por qué promover este cambio?

A.R.: Antioquia, a pesos de 2022, le mandó a la nación tributos por 30 billones de pesos. La nación nos devolvió ese mismo año, a través del Sistema General de Participaciones, un poco más de 5 billones de pesos, la sexta parte. Si esto llegara a tomar lugar, Antioquia debería recibir entre 13 y 12 billones a pesos constantes de 2022.

SEMANA: ¿Por qué no tendría la totalidad de los recursos?

A.R.: Ese diferencial que queda va para un fondo de convergencia regional que le garantice a la Orinoquia, al Pacífico, a las regiones más deprimidas del Caribe colombiano el doble de lo que hoy en día están percibiendo.

SEMANA: ¿Todo quedaría en el bolsillo de las Gobernaciones?

A.R.: Si Antioquia dobla sus recursos, si el Chocó los dobla, no es para que ellos se embarquen en gastos suntuosos, es para que también les doblen a los municipios las inversiones que se hacen en educación, salud, saneamiento básico, etcétera.

SEMANA: Gobernador, ¿esto no aumentaría los niveles de corrupción?

A.R.: Está comprobado que, cuando los ciudadanos sienten que el nivel de desarrollo se financia fruto de los tributos que ellos pagan, se cuidan de elegir mejor y hacen más veeduría a la aplicación de esos recursos. Vamos a obtener un resultado muy positivo, más fiscalización, mejores gobernantes, más veeduría y, en consecuencia, una reducción en la corrupción.

SEMANA: Usted ha dicho que habrá una competencia entre los departamentos si se aplica esta norma. ¿A qué se refiere?

A.R.: Eso será algo muy bonito, permitirá que los departamentos se embarquen en competencia fiscal para vigorizar su tejido empresarial, para atraer a más personas, para atraer firmas y para hacer de los tributos un instrumento de consolidación del desarrollo.

SEMANA: ¿Algún ejemplo?

A.R.: ¿Por qué un departamento como el Chocó, que tiene tanta agua, no tiene ninguna hidroeléctrica? El Chocó pondría, por cuenta de esto, una base gravable que atraiga inversiones de ese corte y no todo tenga que pasar por el brazo descentralizador desde el Gobierno nacional.

SEMANA: Sus críticos dicen que esto causaría un fuerte impacto al bolsillo de la nación. ¿Cómo ve ese panorama?

A.R.: Se prevé en el texto un periodo de transición de máximo dos vigencias fiscales, dos años, para que el Gobierno nacional se ajuste, porque le podría generar un déficit que no debería ser superior al 1 por ciento del PIB. Eso, para cualquier ministro de Hacienda sensato y responsable, es manejable. Pero se da un curso de dos años para no afectar abruptamente las cuentas fiscales del Gobierno central y no generar un problema.

SEMANA: ¿Qué falta para que esto se haga realidad?

A.R.: Queremos poner a consideración de los colombianos, vía referendo, que los dos tributos más importantes del fisco nacional, los de renta y patrimonio, dejen de ser de la nación y pasen a los departamentos.

SEMANA: ¿Ese mecanismo de participación lo apalancará por firmas?

A.R.: Sí. Estamos esperando que la Registraduría nos entregue las planillas para comenzar el proceso de recolección de firmas, Dios mediante, esta semana. Hay que adjuntar 2 millones de firmas válidas. La experiencia que tenemos los que hemos recogido firmas indica que uno debe recoger entre dos o dos y media más la exigencia del orden electoral para no tener dificultades. Una vez nos entreguen las planillas, tenemos seis meses contados a partir de ese día para presentar las firmas.

SEMANA: ¿Cuál será la pregunta para los colombianos una vez se le dé el visto bueno al referendo y sean llamados a las urnas?

A.R.: ¿Está de acuerdo, sí o no, con que el artículo 298 de la Constitución, que ya habla del quehacer de los departamentos, tenga el siguiente cambio? Solo los departamentos y el Distrito Capital podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que allí residan. El recaudo de estos impuestos será de propiedad exclusiva de ellos en su conjunto. Su distribución se hará atendiendo los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, equidad social, solidaridad territorial, eficiencia y demás criterios que establezca la ley.

SEMANA: Cambiando de tema, usted se negó a sentarse en la mesa de paz con las disidencias. ¿Por qué?

A.R.: Para mí, la paz es la consolidación de la seguridad, de la justicia, de las oportunidades en todos los rincones del país. La paz no se negocia, menos como, infortunadamente, se ha hecho en Colombia casi a lo largo de toda nuestra vida republicana, contemporizando con el crimen. La paz se impone con seguridad, con justicia y con oportunidades. Esa es la visión del Gobierno de Antioquia, que yo tengo el honor de presidir.

SEMANA: ¿Cómo califica las mesas de paz adelantadas por el Gobierno Petro?

A.R.: Todas son el reconocimiento de un fracaso. Imagínese usted tener que ir a negociar con un bandido que está en la cárcel. ¿Cómo consolida la seguridad y la paz en cualquier otro territorio de la ciudad? Yo sí me he sentado a trabajar por la paz del departamento con las víctimas, quienes estuvieron en el primer proceso de negociación y son reincorporados, y hoy están inmersos en la vida civil buscando una segunda oportunidad. Ahí he estado con ellos.

SEMANA: La política de seguridad del Gobierno es muy diferente a la suya. ¿Cómo ha sorteado eso?

A.R.: Es difícil, pero aún queda mucho valor en el corazón de los soldados y policías acantonados en Antioquia, que no saben hacer una cosa diferente que combatir el crimen, el delito y proteger a los ciudadanos.