Gobierno habló con 12 bandas ilegales de Medellín y ya hay avances en la negociación

La oficina del alto comisionado para la paz entregó detalles del proceso de paz urbano que está adelantando en las calles de la ciudad de Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá. Doce grupos delincuenciales levantaron la mano para transitar hacia la legalidad.

En un comunicado de ocho párrafos anunció que, este lunes 13 de febrero, se reunió en la capital del país con los siete facilitadores que fueron nombrados para tender puentes entre el Gobierno nacional y los sujetos que se mantienen al margen de la ley.

Se dio el encuentro en medio del escándalo sobre supuestos desórdenes que se estarían dando en la negociación, reveladas por un abogado que representaba los intereses de dos estructuras de la subregión. A diferencia, el comisionado mostró avances en el diálogo.

Dijo que las 12 organizaciones reiteraron la disposición de paz frente a su equipo de trabajo y un senador de la República. Frente a los hechos, junto a los facilitadores y teniendo en cuenta a los grupos, se tomó la decisión de dar un paso hacia adelante.

Así lo manifestó el comisionado: “A través de sus siete facilitadores, las 12 estructuras reiteraron su voluntad de hacer parte de la paz urbana. Las 12 estructuras manifestaron su disposición de pasar de la fase de exploración y acercamientos a una fase dialógica”.

Paralelamente, con el respaldo de varias instituciones de educación superior, se acordó el desarrollo de foros en el Valle de Aburrá para debatir sobre las transformaciones sociales para complementar el proyecto que está impulsando el Gobierno con los grupos ilegales.

Se conoció que las puertas de esa discusión en la subregión estarán abiertas para varios sectores de la sociedad que tengan el interés de aportar a la construcción de la paz territorial. Por ejemplo, organizaciones civiles, económicas, políticas e institucionales.

“En estos foros urbanos se avanzará en la discusión sobre los derechos de las víctimas, las garantías de no repetición y las transformaciones urbanas”, indicó la oficina del alto comisionado para la paz tras el encuentro que tuvo con los facilitadores de Medellín.

Ahora bien, los asuntos relacionados con la rendición de cuenta del proceso que se está adelantando desde hace seis meses en esta región del país, serán atendidos por medio de los mecanismos de justicia ordinaria que apruebe el Congreso y la Corte Constitucional.

También se dirigió un mensaje hacia la prensa. Desde el corazón de la conversación que se está dando con las 12 estructuras delincuenciales se pidió prudencia a la hora de informar sobre el proceso que está adelantando, por la sensibilidad a la que se expone.

“Extender una invitación a los periodistas interesados en contribuir con absoluta discreción, con información contrastada y contextualizada sobre los avances que se vienen desarrollando durante los pasados seis meses”, agregó el Gobierno en la comunicación.

De igual manera, se anticipó que desde el ejecutivo se ofrecerán las garantías necesarias, apegados a la Constitución Política, para seguir adoptando las medidas que materialicen una segunda fase de diálogo con los grupos ilegales que operan en el Valle de Aburrá.

El propósito es disminuir los hechos de violencia y caminar hacia la legalidad, sostenida con el tráfico de estupefacientes y la extorsión. Estas prácticas han desencadenado muertes violentas, secuestros, reclutamiento, torturas, entre otros delitos.

Así las cosas, “donde se geste una conversación sobre los derechos sociales de todos los jóvenes de las zonas afectadas por la violencia urbana y de los integrantes de estas estructuras armadas, para así concretar su transición al Estado de derecho”.

Aunque este objetivo también debe estar acompañado de transformaciones territoriales a favor de las comunidades, por eso se le dará fuerza a los foros que estarán encabezados por varias instituciones universitarias, posiblemente, del departamento de Antioquia.