Gobierno nacional creará corredor humanitario para retorno de migrantes desde Necoclí a Cúcuta, ¿qué pasó?

La crisis migratoria que se vive por estos días en los municipios de Necoclí y Turbo, Urabá antioqueño, ha llevado al Gobierno a tomar medidas para mitigar un poco la difícil situación humanitaria de miles de migrantes, en su mayoría venezolanos que buscan como sea llegar a Estados Unidos por el Tapón del Darién. Entre las primeras conclusiones que llegaron fue instalar un corredor humanitario desde esos municipios de Urabá hasta la ciudad de Cúcuta, ante la decisión de los Estados Unidos de no permitir el ingreso terrestre de migrantes venezolanos, por su frontera con México.

“EE. UU. ha informado que van a revertir desde la frontera con Panamá los flujos migratorios, de tal manera que las personas que atraviesen la frontera hacia el norte, no serán admitidos en ese país. Esta es una medida reciente, podemos esperar cambios en las políticas de los Estados Unidos, lo que tenemos que hacer los colombianos es garantizar el acceso a las garantías que la población migrante tiene para reducir los conflictos que esto pueda provocar a nivel nacional”, confirmó Carlos Fernando García Monsalva, director de Migración Colombia.

Además, el director sostuvo que instalaran una sede de Migración en el municipio de Acandí y Necoclí, con el fin de desarrollar las estrategias de descongestión de esta población migrante, que en su mayoría duermen en las playas de Necoclí mientras logran un cupo en lancha hasta Capurganá y luego atravesar la peligrosa selva.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación envió un grupo especial a esta zona con el objetivo de confirmar cómo están siendo tratadas las personas que inician su tránsito por el golfo de Urabá que, de momento, no están debidamente registradas ante el Gobierno colombiano, porque la capacidad institucional fue desbordada por la demanda de viajeros que cruzan por la selva del Darién.

Jeferson Mena, delegado de la Procuraduría para los asuntos étnicos, relató que el proceso de verificación inició en Necoclí, pero que se extenderá hasta las poblaciones de Chocó, que también se están viendo afectadas con la crisis, principalmente, los sectores de Acandí y Capurganá, las montañas que comparten frontera con el vecino país.

“Como ustedes podrán ver, se evidencia el número de personas que llegan aquí constantemente con el ánimo de cruzar el golfo de Urabá, para luego continuar su ruta hacia Panamá. Como Procuraduría, bajo las instrucciones de la doctora Margarita Cabello, nos desplazaremos para verificar las condiciones de esta crisis”, dijo el funcionario.

El control se pondrá sobre las entidades estatales que tienen la obligación de cumplir con los derechos humanos de los migrantes que, en su mayoría, están llegando de Venezuela, Ecuador, Asia y África. Todos comparten el sueño americano. El destino final de los caminantes es Estados Unidos, pero la batalla más difícil la tienen en el Darién.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo le jaló las orejas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) porque la emergencia requiere una presencia más activa, a razón de que el 20 % de los migrantes son niños y adolescentes que están al margen de las amenazas que hay en la travesía por Colombia.

Con base en las cuentas de este organismo, en los últimos 15 días han pasado cerca de 4.290 menores de edad. Ellos están en alto riesgo por el peligro de la trata de personas o la explotación sexual comercial que se ha denunciado ampliamente en el municipio de Necoclí, situación utilizada por algunos ciudadanos para costear el temido viaje.

“El incremento de la población migrante y refugiada en tránsito hacia el norte del continente ha hecho que la crisis humanitaria en la frontera con Panamá se agudice al igual que los riesgos de vulneración de derechos fundamentales para estas personas”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, desde el Urabá.

Si bien se ha tenido el antecedente de olas migratorias, este año es más crítica porque la cantidad de personas que han pasado hacia Centroamérica supera los 150.000, en comparación a los 134.000 que cruzaron en los 12 meses de 2021. El Ministerio Público sospecha que estos números podrían aumentar en las próximas semanas.