Gobierno reanuda diálogos con mineros del Bajo Cauca antioqueño

SEMANA conoció una comunicación firmada por el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, donde invita al paro de mineros del Bajo Cauca antioqueño a retomar la conversación con el Gobierno nacional, luego de que cesaran los bloqueos y actos de violencia en la región.

El documento fue remitido este miércoles. En un párrafo se resumió que el gabinete que preside Gustavo Petro siempre ha considerado el diálogo como un canal para resolver las diferencias. En el centro de la polémica hay un tema espinoso: la minería ilegal.

Los manifestantes plantean que la Fuerza Pública frene las operaciones contra la extracción ilícita de yacimientos en el Bajo Cauca y nordeste. La medida propuesta también cobijaría a algunos municipios de los departamentos de Córdoba y Bolívar.

En dado caso de que se respalde la iniciativa, se extendería hasta que apruebe un distrito minero. El objetivo es impulsar la formalización de mineros, incentivar la reforestación de los ecosistemas y mejorar las condiciones de seguridad en las subregiones afectadas.

El ministro Prada aseguró que el pliego de peticiones será escuchado por él y varias fichas clave del Gobierno. En la mesa estarán sentadas Susana Muhamad, quien tiene las riendas en la cartera de Ambiente, e Irene Vélez, vocera del sector de Minas y Energía.

También hará presencia el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Con base en lo acontecido, su presencia es importante por la incursión que están teniendo los grupos ilegales en la extracción de minerales y las constantes violaciones al cese al fuego.

Así se lee en el comunicado: “Nos permitimos invitarlos a mesa de trabajo a efectos de revisar el pliego de peticiones por ustedes enviado, así como la situación relativa del paro minero”. La cita será este 16 de febrero en Bogotá, en el Ministerio del Interior.

La furia que tienen los mineros del Bajo Cauca antioqueño con el Estado no es nueva. En promedio, cada año estalla una violenta manifestación que termina en promesas incumplidas. El oro que está enterrado en la subregión tiene condenadas a 300 mil personas a la incertidumbre. SEMANA recorrió los estragos que deja la crisis.

El corazón de la manifestación está ubicado en Caucasia y empezó a palpitar desde el 2 de marzo por trabajadores informales de 12 municipios. Luego de la inauguración, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se sumaron a la discusión. De acuerdo con información revelada por la Gobernación, entregaron dinero a menores de edad para que distorsionaran el paro de los mineros, quienes impusieron confinamientos, bloquearon vías, quemaron carros y atacaron a uniformados.

Las administraciones locales describieron que algunos medicamentos se agotaron y la prestación de los primeros auxilios estuvo en riesgo, porque las ambulancias tuvieron complicaciones para circular con los pacientes. La zozobra fue un sentimiento generalizado que se extendió hasta los departamentos de Córdoba y Bolívar.

Más de 2.000 hombres de la Policía Nacional y el Ejército volvieron a tomar el control del orden público tras varios días de caos. Las carreteras se pudieron reabrir, las tiendas se volvieron a llenar de comida, los enfermos alcanzaron a llegar a los hospitales, las personas regresaron a las vías y el número de agentes superó a los manifestantes.

Sin embargo, la tranquilidad no es completa. Los sujetos que comandó alias Otoniel están empeñados en hacer cumplir las reglas de su juego a como dé lugar: definen la hora en que los establecimientos comerciales pueden estar al servicio de la comunidad y aprovechan cualquier descuido de las autoridades para marcar el terreno con fuego.

El nombre propio del responsable no se dice en voz alta. Nadie se atreve a señalar en público al Clan del Golfo, porque serían castigados con la muerte. Los únicos que se le paran de frente son la Fuerza Pública y los delincuentes con los que se pelea el control de las rentas ilegales: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.