Grupos armados estarían obligando a migrantes a transportar drogas por la Selva del Darién

Una denuncia emitida por las autoridades locales del departamento de Chocó da cuenta que las organizaciones delincuenciales estarían obligando a los migrantes a transportar droga y dinero desde Colombia hacia Panamá. Al parecer, la carga empezaría a las afueras del municipio de Acandí y se extendería por las montañas de la Selva del Darién.

Los ilegales utilizarían fuertes intimidaciones contra las personas que cruzan el continente para llevar los “encargos”, a cambio de no frenar su recorrido violentamente. El Clan del Golfo es el principal sospechoso a razón de que es el que mayor alcance tiene en el territorio. Además, sus integrantes tendrían “peajes” instalados sobre el corredor.

Ese recurso lo habrían activado porque el riesgo de incautación del material es más bajo, ya que los puestos de control son menos rigurosos a los que se encuentran en otras rutas. Por ejemplo, en la puerta chocoana de la Selva del Darién hay 30 unidades del Ejército Nacional para hacer los registros, con el apoyo de los funcionarios de Migración Colombia.

La instrumentalización estaría disparada en las últimas semanas, dado que el flujo de personas que buscan llegar al vecino país ha aumentado. Mientras que a principios de septiembre el índice se mantenía sobre los 1.000 caminantes, los primeros días de octubre la estadística se multiplicó: hasta 2.500 tratan de saltar la frontera con Centroamérica.

El coronel Yhon Fabio Córdoba, comandante de la brigada número 17 del Ejército, describió que la presunta utilización de chivas humanas al servicio de los grupos delincuenciales también llegó a los oídos de la institución y que está siendo tratada oportunamente con las entidades competentes de ambos países: Colombia y Panamá.

“Importante resaltar la sinergia que hemos tenido con las autoridades para tener un control de las personas que están llegando por esta ruta. Sí hemos escuchado que, cuando se adentran al territorio selvático, es donde tienen la problemática de manipular a algunos de los migrantes haciéndoles llegar algunos elementos que puedan pasar”, dijo el oficial.

Ese fenómeno se estaría presentando con frecuencia en el área noroccidental de la Selva del Darién. Arrancando en los sectores rurales del corregimiento de Capurganá y comprometiendo las zonas denominadas como Caño Seco y Puerto Obaldía. En estos sitios referenciados por los denunciantes estarían asentadas las organizaciones ilegales.

Mientras que en Chocó se mantiene esta problemática, en el Urabá antioqueño se estarían presentando otros fenómenos lamentables para los migrantes que buscan acumular dinero con el fin de costear el camino por la Selva del Darién. La población venezolana también estaría siendo instrumentalizada por delincuentes en Turbo y Necoclí.

La Alcaldía del primer pueblo alertó sobre el recrudecimiento de la explotación sexual comercial de niñas, niños, adolescentes y mujeres mayores de 18 años. El dinero que surge de esta actividad criminal sería entregado a los coyotes, personas organizadas que exigen una cantidad de plata en específico para condicionar el tránsito hacia Panamá.

De acuerdo con los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, entre el primero de enero y el 30 de septiembre de 2022, en ambas poblaciones se reportaron 37 denuncias por delitos sexuales. En su mayoría, las mujeres son las principales víctimas de estas conductas.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo instó a las entidades de los gobiernos nacionales, departamentales y locales a tomar acciones urgentes para mejorar las condiciones de las personas migrantes, evitando la vulneración de los derechos humanos en las zonas de tránsito: los municipios de Chocó y los del Urabá antioqueño.

“Ha pasado un año desde cuando alertamos sobre la situación humanitaria en el Darién por el paso masivo de haitianos. Hoy estamos asistiendo a una crisis humanitaria de dimensiones más graves, en su mayoría de migrantes venezolanos, quienes viajan en condiciones de precariedad económica y de mayor vulnerabilidad”, señaló la entidad.