Horror en Colombia: grupos armados tomaron el control de 28 municipios, el hurto aterroriza a las ciudades y el secuestro a los campesinos

Bombas, masacres, extorsiones, secuestros, violaciones, amenazas, reclutamientos, robos, y paros armados aterraron a Colombia en 2023. Alcaldes y gobernadores alertan sobre un dramático deterioro en la seguridad mientras el Gobierno nacional busca la paz total. SEMANA presenta la crítica radiografía de orden público que amenaza al país.

La incertidumbre se siente en las montañas más alejadas, donde las disidencias de las Farc se presentan como el Estado, en las orillas de los ríos donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN) patrulla como si fuera la fuerza pública y en las esquinas de los pueblos donde el Clan del Golfo se infiltra como comerciante para llenar las calles de crimen.

Siguiendo el ejemplo de los todopoderosos de la delincuencia, las bandas locales atormentan los pequeños barrios y comunas para atiborrarse los bolsillos de plata. Y detrás de las rejas, los presos se hacen millonarios con la angustia de los ciudadanos que son presionados a desembolsar altas sumas de dinero para no ser víctimas de un atentado.

Desde La Guajira hasta el Amazonas hay críticas por la estrategia de seguridad que impone el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez,para contener el conflicto en el territorio. Ambos les declararon la guerra a la minería ilegal y al narcotráfico. Sin embargo, los mandatarios creen que el plan sería improvisado e insuficiente.

El poder de los ilegales

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confesó que, en los últimos meses, el grupo que comanda alias Iván Mordisco logró tomar el control de 12 municipios. Aunque las Fuerzas Militares han tratado de hacerles contrapeso, tendrían las manos amarradas por el cese al fuego que, en sus palabras, “regaló el Gobierno nacional”.

Los proyectos públicos en el Llano están condicionados al visto bueno de los ilegales, el comportamiento de los ciudadanos es limitado por escalofriantes manuales de convivencia, fijaron horas para trabajar en la tierra y los conductores de carga pesada tendrían limitaciones para movilizarse por exigencias de las disidencias de las Farc.

“Acá tenemos un paraestado, un salpicón de delitos que los ha hecho ganar una fama de criminales y tienen a todo el mundo contra la pared”, dijo el mandatario. El mismo panorama planteó Edilberto Molina, presidente de la Asociación de Municipios de Caquetá, donde 16 poblaciones estarían bajo la sombrilla del estado mayor central.

El “poder” se ha manifestado con impuestos a las obras sociales, retenes ilegales, amenazas a los mandatarios locales y sometimiento de la población civil. Lo más delicado es que los uniformados “se encuentran en los batallones, en acuartelamiento, hacen plan presencia, pero no hay ninguna operación contra el grupo por orden del Ministerio”.

El drama del secuestro

Según las estadísticas de la Policía Nacional, en lo que va corrido del año, 287 personas han sido víctimas de secuestro. Este fenómeno no presentaba números tan altos desde 2014, cuando se reportaron 288 casos. Tal como ocurrió en el pasado, las retenciones ilegales tendrían características extorsivas: exigen dinero a cambio de la libertad.

El ELN reconoció en la mesa de negociación con el Gobierno que este delito es su método de subsistencia y los hombres no están dispuestos a abandonarlo porque se caería la lucha armada. Mientras que las disidencias de las Farc, cuya máquina de dinero es el narcotráfico, mostraron la disponibilidad de eliminar preliminarmente esta práctica.

La Defensoría del Pueblo reveló que 91 personas estarían en cautiverio en hechos acumulados entre 2020 y 2023, ocurridos en los departamentos de Arauca (33), Norte de Santander (13), Valle del Cauca (8), Antioquia (7), Cesar (6), Chocó (5), Cauca (5), La Guajira (4), Nariño (3), Meta (3), Bolívar (2), Magdalena (1) y Casanare (1).

Una de las víctimas es Juan Carlos Bayter, de 34 años, quien fue sorprendido por hombres armados cuando se movilizaba con sus pequeños hijos por las carreteras del Magdalena. Su esposa, Helen Aranzales, hace un doloroso pedido a los ilegales: “Necesitamos que le respeten la vida, que lo dejen en libertad, queremos pasar esta Navidad junto a él”.

Fábrica de extorsiones

La extorsión también está disparada. Las autoridades reportaron, entre enero y octubre de este año, 8.551 episodios; mientras que, en el mismo periodo de 2022, fueron 7.562. Las redes sociales, documentos escritos y llamadas telefónicas son los métodos con los que amenazan a comerciantes, ganaderos, políticos, profesores y campesinos.

La región Caribe es una de las más afectadas por esta situación y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, cree que la producción de las intimidaciones estaría instalada en centros penitenciarios: “La mayor fábrica de extorsiones en Colombia son las cárceles. Se meten a los datos de las cámaras de comercio y roban información. Hay que reformar el Inpec”, dice el alcalde de la Arenosa.

Por el contrario, en la Orinoquía los grupos armados patrullan los predios, miden la extensión del inmueble y fijan el “impuesto” con base en el número de hectáreas. En las carreteras del Pacífico construyen peajes para escurrir la billetera de los camioneros. Y en el Eje Cafetero se calcula la “multa” con la cantidad de bultos de la producción campesina.

El Consejo Gremial y Empresarial del Cauca indicó que todos los renglones de la economía del departamento están afectados por la extorsión. Allí, el 70 por ciento de las amenazas provienen de las cárceles y el restante de grupos armados: “Nos lanzan explosivos cuando no pagamos y esto evidencia que la criminalidad está desbordando a la fuerza pública”.

Pesadilla en las calles

También hay pánico en las zonas urbanas de Colombia por cuenta de los hurtos. Estadísticas de la Policía Nacional muestran que, en 2023, 308.361 ciudadanos han denunciado ser víctimas de los ladrones; en 2022, la cifra fue de 283.055. Se volvió común encontrarse en las calles con pistoleros que, a plena luz del día, se adueñan de lo ajeno.

Internet está inundado de escenas captadas por cámaras de seguridad en las que los sujetos armados ingresan a establecimientos comerciales, pasan de mesa en mesa recogiendo los objetos que les sirven y más tarde se escapan sin dejar rastro de su paradero. Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá presentan el índice más alto de este delito.

Investigaciones adelantadas por la fuerza pública muestran que en el país hay un mercado de armas ilegales que no se ha podido controlar. El material bélico se estaría despachando desde Europa, Norteamérica y Asia por medios marítimos y terrestres.

La Fiscalía respondió a SEMANA que, en el caso particular del Magdalena, las organizaciones delincuenciales estarían canjeando cocaína por armas de fuego. Aunque las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las disidencias de las Farc y el ELN tendrían una oferta de largo aliento con aliados internacionales.

La paz total

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que los grupos armados están ganando terreno y cometiendo múltiples delitos mientras negocian la paz con el presidente Gustavo Petro. En este departamento hay una guerra de todos contra todos: ELN, Farc y el Clan del Golfo; y en la mitad está la población civil.

Él se alegró con la salida de Danilo Rueda del Gobierno porque nunca lo escuchó: “Rueda era un hombre sin interlocución con los actores territoriales. Nunca conversamos, mientras sí lo hacía a diestra y siniestra con los armados”. Si bien es optimista con la llegada de Otty Patiño, cree que el proceso de negociación está destinado al fracaso.

A su juicio, la transición que plantea Petro estaría mal diseñada desde el nombre, dado que la paz total sería un paraguas que cobijaría a actores con diferencias; el cese al fuego, sin exigencias, solo sería una oportunidad para que los ilegales acumulen más poder.