Iglesia mediará en diálogos para buscar solución y finalizar el paro minero en Antioquia

A partir de este viernes 10 de marzo, la Iglesia participará en los diálogos que sostendrá el Gobierno Nacional con los líderes del paro minero. Así lo dio a conocer el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien viajó hasta el departamento de Antioquia junto con la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad; el ministro de la Defensa, Iván Velásquez y altos mandos militares y policiales.

El encuentro se llevará a cabo en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño a las 7:00 de la mañana. Prada también anunció que una delegación de las Naciones Unidas, representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y líderes de derechos humanos estarán presentes.

“Mientras persistan los bloqueos, la posibilidad de llegar a los diálogos es nula”, dijo el ministro.

A su turno, la jefe de la cartera de Medio Ambiente informó que por parte del Gobierno Nacional se propondrá la realización de una mesa técnica para establecer las posibles soluciones a las peticiones e inconformidades de la comunidad.

“Nosotros creemos que tenemos las salidas jurídicas y las salidas técnicas para, por un lado, garantizar la protección del medio ambiente, porque la destrucción está afectando el futuro de la región y los departamentos que se ubican aguas abajo. Pero también es importante consolidar, en un marco jurídico viable, que tenga garantías de los derechos de la ciudadanía que está inmersa en la minería”, señaló Muhamad.

Y agregó: “la propuesta es integral, está siendo trabajada por la Gobernación desde hace más de un año y el Gobierno viene a reforzarla”.

Por su parte, el gobernador, Aníbal Gaviria, se solidarizó con las personas afectadas, al tiempo que lanzó un ultimátum.

“La destrucción de la minería ilegal es inaceptable e insostenible El día de mañana (viernes, 10 de marzo) es la última oportunidad que tenemos de buscar una salida pacifica”.

Sobre el paro minero

Las protestas iniciaron desde el pasado jueves, 2 de marzo, en las subregiones del Bajo Cauca y nordeste antioqueño. Los mineros pretenden que la Fuerza Pública cese las operaciones contra la extracción ilícita de yacimientos, actividad que ha devorado parte de las montañas de esas subregiones y ha contaminado los afluentes que por allí corren, según la Gobernación.

El ministro de Interior, Alfonso Prada, confirmó que las manifestaciones han impactado a un aproximado de 300 mil personas residentes en los 12 municipios que conforman la región.

Al sentir que sus peticiones no han sido escuchadas por parte de las autoridades competentes, varios sectores han tomado acciones irregularidades para llamar la atención. El cierre de las carreteras solo es una parte de los estragos que han padecido los habitantes. Este escenario ha generado desabastecimientos en los hogares, violaciones a la misión médica, suspensión de clases en los colegios públicos y confinamientos en once municipios del departamento.

“Estos bloqueos han venido desabasteciendo la alimentación, generando hambre en sectores rurales, así como desabastecimiento de medicamentos. La afectación a la población está siendo super delicada”, aseguró Alfonso Prada.

El funcionario informó que el 1 de marzo, el Gobierno, a través de sus Fuerzas Militares, “con toda la autorización de ley, dinamitó 9 dragas gigantescas que se han venido empleado para la explotación de minería, especialmente, el oro informal, causando un desastre delicado al medio ambiente y poniendo en riesgo la vida de los habitantes del territorio”.

La orden- explicó el ministro- “fue dada por el presidente Gustavo Petro y la hemos cumplido como gobierno al pie de la letra. Eso ocasionó una reacción de pequeños, medianos y grandes mineros que han hecho una movilización en el nordeste y el bajo Cauca, al sur de la Costa”.

Saúl Bedoya es el hombre que carga con las riendas de la manifestación. En conversación con SEMANA, relató que no le cierran las puertas al Gobierno nacional y esperan una llamada donde se les informe que el gabinete de Petro está listo para escucharlos.

Reconoció que los representantes del mandatario “han venido dilatando el proceso” durante las extensas jornadas de diálogo. El malestar con los funcionarios es que no tienen “el completo poder de decisión a favor de las respuestas que necesitamos”.